punto de acuerdo
Por ser del interés de todos los bajacalifornianos, se transcribe a la letra el texto del PUNTO DE ACUERDO, que presentó en la Cámara baja, el Diputado Federal José Narro Céspedes, el día que se cita, en atención a los diversos delitos que perpetró el bribón e inmoral PANdillero; Eugene Elorduy Walther: A quien de ‘todo corazón’, le deseamos que lo metan a la cárcel.
Felipe Daniel Ruanova Zárate. 091010
PUNTO DE ACUERDO
QUE SE PRESENTA PARA DENUNCIAR FLAGRANTES VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPUBLICA E ILEGALIDADES PERPETRADAS A DIVERSAS LEYES, DERIVADAS DE LOS ABUSOS DEL CONSORCIO EXTRANJERO SEMPRA ENERGY, BAJO EL AMPARO DE UNA EMPRESA NACIONAL DIRIGIDA, POR LA LICENCIADA ÉRIKA ELORDUY BLACKHALLER, HIJA DEL EXGOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EUGENIO ELORDUY WALTHER, QUE AL MISMO TIEMPO SE HA CONSTITUIDO EN UN MONOPOLIO.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente propuesta:
Como antecedente general, debemos dejar perfectamente claro que tanto el consorcio de Sempra Energy y Shell, y la propia empresa Sempra Energy, -fundada en 1998, y cuya matriz se localiza en la Ciudad de San Diego, California, en los Estados Unidos de Norteamérica-, establecen como premisa en su conducción mercantil que ninguna de sus filiales, a saber: Sempra Generation, Sempra LNG, Sempra Pipelines and Storage, son las mismas empresas, pero que le pertenecen, como le pertenecen también: San Diego Gas and Electric, y Southern California Gas, Company, mismas que siendo de Sempra Energy, no están reguladas por la “California Public Utilities Commission”, en nuestro idioma: Comisión Reguladora de los Servicios Públicos del Estado de California.
Toda esta trama de empresas se estableció entre otras cosas, para eludir las responsabilidades en que dicho consorcio pudiera incurrir como tal y, a partir de un fraude monumental que dicho consorcio cometió en el año 2001, en el que simuló una escasez de gas en el Estado de California, desviando perversamente los envíos provenientes del Estado de Texas, a los Estados de Oregon y Washington, localizados al Norte del de California. Precisamente a partir de esta premisa se explica el hecho de que tales corporaciones no se someten a las regulaciones de Ley en su país.
Tal simulación que apenas duró unos cuatro meses, fue suficiente para que pudieran elevar el precio del millar de pies cúbicos: de seis dólares a más de sesenta en un lapso de seis meses. Dicha crisis del energético se logró mediante la provocación aviesa de apagones, que entre otras cosas, apresuraron la dimisión del Gobernador Gray Davis en el año de 2003. Fueron las propias empresas energéticas las que apuntalaron la componenda de instalar en el Estado de California, al famoso “Terminator” Arnold Schwarzenegger.
Posteriormente -es del conocimiento público- se supo que fue la empresa Enron, que no era otra cosa que una empresa que distribuía y especulaba con recursos energéticos y el agua, la que fraguó el fraude en cuestión.
De ahí que a partir de una denuncia pública, cientos de miles de usuarios de la electricidad en el Sur de California obtuvieran un fallo a su favor que obligaba a las empresas privadas productoras de electricidad, a regresar más de 800 millones de dólares.
En ese contexto aparece Sempra Energy y adquiere ‘San Diego Gas and Electric’, que se había declarado en bancarrota al tener que afrontar la denuncia que hemos comentado, y a la que ante el desprestigio, no le fue posible instalar nuevas plantas generadoras de energía eléctrica en el Sur de California, lo anterior aunado a su imposibilidad de adquirir en su propio país, autorización alguna para poder construir en las costas del Océano Pacífico, California, Oregon, o el Estado de Washington, una estación de carga y descarga de gas natural licuado, y no sólo por el desprestigio adquirido, sino porque las regulaciones de seguridad nacional y las de control ambiental se lo impidieron tácita y contundentemente.
Donald E. Felsinger, Director ejecutivo y Presidente de la Junta de Directores de Sempra Energy, con el entonces Gobernador Eugenio Elorduy Walther encontró -en palabras que le atribuyen suele decir- una ‘república bananera’ o nicho regulatorio, para introducir gas y electricidad a los mercados del Sur de California, situando sus peligrosas y altamente contaminantes instalaciones en un lugar sin restricciones de ninguna especie, y con un costo muy bajo: invitar a Eugenio Elorduy como socio.
De ahí pues, que en la magra gestión de Elorduy Walther, y luego de una intensa campaña publicitaria en los medios, Sempra Energy obtuviera la autorización de las autoridades mexicanas para construir a su antojo, tanto una planta generadora de electricidad en el Valle de Mexicali, como la estación de descarga marítima de gas licuado, para someterlo a un proceso de regasificación y enviarlo al mercado energético del Sur de California, sin tener que enfrentar la inamovible e insobornable legislación norteamericana, que en principio le prohíbe tal actividad.
Hay que destacar que Sempra Energy enfrenta hoy día una serie de denuncias y es motivo de investigaciones públicas sobre su participación durante la crisis de precios y suministro de gas natural y electricidad de California, como uno de los posibles agentes que manipularon el mercado y limitaron la disponibilidad de gas natural durante dicha crisis, provocando un alza artificial de los precios de gas natural y electricidad, y una restricción en el suministro de ambos energéticos.
El presidente de Sempra Energy no podía haber encontrado un socio mejor que el Gobernador Eugenio Elorduy Walther, quien gestionó ante el entonces Presidente Vicente Fox, la eliminación de todas las trabas.
Elorduy se apoderó de la empresa GNL de Mexicali, S. de R. L. de C. V., a través de su hija Érika, la cual fue autorizada por la Comisión Federal de Electricidad, a fusionarse con Sempra Energy a través de ‘Energía Costa Azul, S. de R. L. de C. V.’ que es la entidad que resultó precisamente, la permisionaria beneficiada de un obvio tráfico de influencias. Posteriormente, también se prueba, estas dos empresas se fusionaron para operar la estación de descarga y ‘regaseadora’, en la Costa -de fingida vocación turística- en el Municipio de Ensenada.
Muy obsequiosa le resultó a Sempra Energy la incorporación del nuevo socio, el norteamericano Eugene Elorduy Walther -pues tal es su origen y así está registrado en su Acta de nacimiento emitida en San Diego, California-, a su directorio de accionistas, tanto, que se obtuvieron los permisos y se disfrazaron las harto simuladas licitaciones.
Así, en una evidente relación de complicidad, autoridades federales y estatales del sexenio anterior y algunas del actual como la CFE, al margen de la legislación, transformaron a Baja California en un campo experimental para el establecimiento de empresas de generación de energía eléctrica de exportación y de almacenamiento y distribución de Gas Natural.
Bajo el disfraz de un modelo de integración económica, tanto el anterior Gobierno de Baja California como el Federal, y con la complicidad de la Comisión Federal de Electricidad, cedieron territorio, activos, permitieron la interferencia extranjera en asuntos nacionales y utilizaron la fuerza del Estado para privilegiar al consorcio de Sempra Energy y Shell, como la principal usufructuaria de los negocios del Gas Natural Licuado con el mercado norteamericano.
La operación de este consorcio viola flagrantemente el Artículo 28 de la Constitución, que establece claramente la prohibición de monopolios y de prácticas monopólicas; señala asimismo que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento, en una o pocas manos, de artículos de consumo necesario que tengan por objeto el alza de los precios.
A pesar de esta expresa prohibición constitucional, el Gobierno de la República, específicamente la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, así como el Gobierno de Baja California, impulsaron la conformación de un monopolio a favor del consorcio de Sempra Energy y Shell, empresas estadounidense una y holandesa la otra, que controlan a través de la primera, la mayor parte de la infraestructura de transporte en el Sur del Estado de California, EE UU; todos los sistemas de distribución de gas natural y electricidad a usuarios residenciales e industriales en la misma región, así como los dos únicos cruces fronterizos de transporte de gas natural entre Estados Unidos y el Estado de Baja California.
Adicionalmente a la infraestructura de gas natural mencionada, el consorcio de Sempra Energy y Shell es propietario en Mexicali, B. C., de una planta de generación de energía eléctrica de exportación de 650 megawatts, basada en gas natural, dedicada a la exportación de energía eléctrica a Estados Unidos de Norteamérica.
Finalmente, una de las filiales de comercialización de gas natural de Sempra Energy es el principal usuario de los sistemas de transporte mencionados y el principal proveedor de gas natural en el Estado, atendiendo principalmente las necesidades de la CFE, de su empresa distribuidora de gas natural y de su empresa generadora de energía eléctrica.
La empresa Sempra Energy, por sí misma, es prácticamente la única transportista, distribuidora, proveedora, y la mayor consumidora de gas natural en el Estado de Baja California.
Todo esto no responde a las necesidades de la Nación, sino a los intereses del ex Gobernador Eugenio Elorduy, con el apoyo del ex Presidente Vicente Fox.
¿Por qué estos negocios tan rentables, con ganancias de 580 millones de dólares al año, se transfieren a los inversionistas extranjeros, sin ningún beneficio para los mexicanos?
En estos días en que se discute la necesidad de mayores recursos para el Estado Mexicano, habría que preguntarle al Gobierno Federal ¿Por qué renunció a este negocio altamente rentable?
Por una simple y sencilla razón, uno de los principales beneficiarios de este negocio es el ex Gobernador Eugenio Elorduy, quien sin recato moral alguno utiliza el nombre de su hija Érika Elorduy Blackhaller -quien funge como la única Apoderada legal de la empresa ‘Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, S. de R. L. de C. V., capacitada para otorgar y revocar los poderes legales a los diversos operadores mercantiles- para tener el control absoluto de la empresa en comento.
Así, el 7 de Agosto del 2003 le entregaron el título de permiso número G/140/ALM/2003 para almacenamiento de gas natural a la empresa Energía Costa Azul S de R. L. de C.V., propiedad de Sempra Energy.
A inicios del mismo año, el 30 de enero para ser precisos, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia resolvió autorizar la concentración entre Sempra Energy México, S. A. de C. V., y Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, S. de R. L. de C. V., en la cual la principal socia es la hija del ex Gobernador de Baja California Eugenio Elorduy, Erika Elorduy Blackaller, según consta en la Partida 5152907 inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Mexicali, B. C.
¿Cómo se llama esto?: ¿tráfico de influencias, prevaricación o bienestar familiar?
Una vez consolidada la fusión entre la empresa Sempra Energy y la empresa de la hija del ex Gobernador, El gobierno de Baja California no escatimó acción alguna para consolidar la instalación de la planta de almacenamiento de gas natural de Sempra Energy, sin importar atropellar a quien fuere con tal de afianzar el proyecto familiar y trasnacional.
De esta manera, respaldados en una supuesta operación de compra-venta realizada entre una señora de nombre Elodia Gómez Castañón y Sempra Energy, los cuerpos policiacos de Baja California desalojaron del terreno a su legítimo propietario, el ciudadano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, quien fue acusado de despojo de su propio terreno.
Dicha operación de compra-venta se realizó el 31 de enero del 2006, supuestamente por la señora Elodia Gómez Castañón, quien había fallecido el 10 de octubre del 2004. Es decir, la supuesta vendedora del terreno que se requiere como zona de amortiguamiento para la planta en cuestión, había fallecido un año y medio antes de que se realizara dicha operación.
En este mazacote de enjuagues y chapucerías ‘oficiales’, el economista Francisco Javier Molina Robles, ex-compañero de Elorduy en el Tec de Monterrey, fungiendo como apoderado de la empresa propiedad de la hija de Elorduy, en obvio papel de ‘prestanombres’ y siendo además, asesor con sueldo del propio Gobierno del Estado, y haciéndose pasar como agente de Bienes Raíces, fue quien operó la compra-venta en el 2006, entre Energía Costa Azul y la señora Elodia Gómez Castañón, quien como ya mencionamos, había fallecido en el 2004, hecho no desconocido por Francisco Javier Molina Robles que había mantenido contacto con la difunta y con el Lic. Armando Navarro Peña.
¿Cómo le llamamos a esto?: ¿fraude o crimen organizado?; o tal vez ¿poderes sobrenaturales de una aviesa difunta?
Semejante atrocidad no puede llevarla a cabo una persona, y ser apoyada por las instituciones mexicanas, si no es a condición de ser o de servir a una persona con muchísima avaricia y sin el más mínimo escrúpulo, con poder político y económico suficiente para corromper o abusar de su cargo público.
¿Cómo es posible que la ambición de un gobernante trastoque la institucionalidad de un Estado y mediante influencias o presión política, doble voluntades de Jueces, Notarios, Ministerios Públicos y de todo aquello que se requiera, para consumar una tropelía de esta naturaleza? Acciones de este tipo generan el descrédito de las instituciones, que en suma obligarían a darle la razón al señor Donald E. Felsinger cuando nos tacha de ‘república bananera’.
Bajo esa caracterización y con una conducta ausente de ética y probidad, sin recato alguno, mediante acciones fraudulentas, maquinaciones, ocultamiento de información y reparto de dinero y espejitos a autoridades mexicanas para que se hicieran de la vista gorda ante el cúmulo de ilegalidades, fue como se pudo momentáneamente consolidar el fraude.
Con esta operación de compra-venta fraudulenta, el Secretario General del Gobierno Elorduy Walter y curiosamente actual empleado de Sempra Energy, el Señor Bernardo Martínez, en un tiempo record de mes y medio, ordenó el operativo para desalojar a su legítimo dueño y entregarlo ilegalmente a la empresa mencionada. ¿Se podría reintegrar el predio a quien pertenece en ese mismo tiempo?
¿Cómo se puede llamar al hecho de que un funcionario utiliza los recursos del Estado para apoyar ilegalmente a una empresa trasnacional, y al término de su responsabilidad se convierte en un empleado de ella? En este momento, una de las personas más preocupadas en los juzgados de Baja California, es precisamente Bernardo Martínez Aguirre, quien se la pasa gritando y mentado madres a diestra y siniestra, pues no haya la forma de cuadrar los enjuagues e ilegalidades que cometió durante y después de su paso como Secretario de Gobierno en el sexenio anterior.
Expertos juristas han coincidido en que de haberse contado con todas y cada una de las pruebas que en este momento están siendo conocidas, el Ministerio Público no hubiese podido entregar la propiedad del terreno a Sempra Energy.
Dicha urgencia por la adjudicación de la zona en disputa obedece a la necesidad pasada y presente de Sempra Energy, para cumplir con los requerimientos normativos en materia de medio ambiente que las leyes mexicanas exigen en una obra de esta naturaleza, como zona de amortiguamiento para evitar posibles desgracias humanas en caso de desastres, posibles explosiones y otros riesgos y peligros latentes en este tipo de instalaciones.
Es de suma importancia resaltar que el mejor derecho para poseer el inmueble en conflicto, a favor de Ramón Sánchez Ritchie, es anterior a la fecha en que Energía Costa Azul compra el predio en cuestión; prueba de ello es el desvanecimiento del cuerpo del delito de despojo, motivo por el cual Ramón Sánchez Ritchie obtuvo su libertad gracias al amparo en revisión concedido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Ello se deriva del análisis del contenido de las pruebas aportadas por Sánchez Ritchie, llevado a cabo al cumplimentarse la ejecutoria de amparo.
De lo anterior podemos inferir que por sus acciones, el actual Procurador de Justicia del Estado, Rommel Moreño Manjarrez, actúa bajo la misma lógica del anterior Gobierno del Estado, protegiendo una acción infame y fraudulenta. Las preguntas -sin ánimo de ofender- son ¿Desconoce el fondo del asunto o ya le untaron la mano los personeros de Sempra? ¿Por qué no ejecuta la disposición que le obliga a restituir el terreno al legítimo propietario?
Esta acción no sería rara dados los antecedentes de que funcionarios, abogados y testigos de Sempra Energy, desde los Estados Unidos, diseñaron estrategias para mentir, manipular y ocultar información; y utilizar -incluso actualmente- el tráfico de influencias para presionar, con pleno conocimiento de causa, instancias del gobierno mexicano a nivel federal, estatal y municipal, en favor de Sempra Energy y en perjuicio del Estado de Baja California y de familias mexicanas.
Por si esto fuera poco, Sempra Energy contrata desde Estados Unidos servicios policiacos para espiar e investigar tanto a ciudadanos como a instituciones mexicanas, particularmente al dueño del terreno al que pretendieron despojar mediante una escritura ‘patito’, en clara violación al inciso dos romano, del Artículo 5 de la ley de Seguridad Nacional, que a la letra dice “…que los actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano constituyen una amenaza para la seguridad nacional”.
Compañeras y compañeros Diputados: conociendo el problema, como representantes populares no podemos, ni siquiera por omisión, contribuir a que siga esta situación abiertamente injerencista.
Un hecho grave e indignante que forma parte del expediente, es la ‘congelada’ investigación que esa empresa dispuso se hiciera de la Lic. Norma Sánchez Zavala, hija del dueño del predio, a sabiendas de que era Secretaria Actuaria en el Juzgado Tercero Penal en Ensenada, Baja California, es decir, una funcionaria del Poder Judicial de Baja California, y de quien -aun así- se obtuvieron datos personales, fotografías de su domicilio, trabajo, vehículo, placas, etc.
¿Qué piensan de esto magistrados, jueces y actuarios? ¿Cualquiera, incluso un investigador extranjero, puede impunemente, por que sí, investigar a integrantes del Poder Judicial, violando la ley?
Según consta en documentos que se anexan a la presente propuesta, el investigador cobró 120 dólares por hora, por sus servicios de espionaje.
Seguramente habrán vigilado a quién sabe cuántos más jueces y magistrados, lo que por supuesto constituye un delito: una empresa contratando en los Estados Unidos, servicios de inteligencia para vigilar a ciudadanos mexicanos miembros de uno de los Poderes del Estado.
Esta, compañeras y compañeros diputados, es una abierta violación a la Soberanía Nacional, al Poder Judicial de Baja California y constituye una afrenta al Pueblo de México.
Anexamos a este texto los informes de espionaje, copia de los cheques expedidos por la Empresa Sempra Energy para el pago de dichos servicios, así como copias diversas que documentan lo aquí expuesto.
No obstante lo antipatriótico, sucio y deleznable de los hechos narrados, la tranza de millones de dólares, la corrupción desenfrenada, el tráfico de influencias, aun falta por explicar el evento que en mayor medida exhibe la ambición voraz y connivencia repugnante del Gobierno de Baja California, bajo la titularidad de Eugenio Elorduy Walther.
Resulta que la obra más magnificente, la más publicitada, y la que a su vez explica el grado de indecencia de un Gobernante como Elorduy, es lo que se conoció como ‘Corredor 2000’, que fue una vía carretera de cuatro carriles que se construyó con el perverso propósito de cruzar tres Municipios y cientos de predios de particulares y ejidales, tanto en el corredor turístico de Ensenada, como la orilla Este del poblado o cabecera Municipal de Playas de Rosarito, como una parte del fundo legal del Municipio de Tijuana, cuyo único y perverso propósito fue el de llevar en medio (soterradamente), el ducto de gas de la planta de Sempra Energy, sin que la población pudiese exponer queja alguna.
Dicha obra que fue sufragada con fondos del erario, tanto estatales como federales, se construyó tan torpemente, que es, a la fecha, el tramo carretero que más accidentes vehiculares ha tenido, a grado tal, que los automovilistas y transportistas de carga ya no utilizan. Tan es así, que ahora se ha convertido el lugar preferido de los sicarios para ir a arrojar los cadáveres que diariamente brinda el crimen organizado.
La dicha obra pública, es obvio, nadie se la solicitó a Elorduy cuando era candidato y menos ofreció públicamente construirla. Por la prensa nos enteramos que costaría inicialmente $650 millones de pesos, poco tiempo después informaron que había aumentado a $850 millones, luego, cuando ya habían erogado más de $1,200 millones de pesos, dijeron que estaban a un 15% de terminarla. Sin haberla concluido, se informó que se elevaron los costos a muy cerca de los $2,000 millones de pesos, posteriormente, cuando la inauguró el Presidente Fox, ya se aceptó que había costado $2,400 millones de pesos, casi cuatro veces más de lo programado inicialmente.
Motivados en los preceptos del texto constitucional, tal como corresponde a la conducción de una sana política, queremos fundamentar esta denuncia ante el Pleno de esta elevada tribuna de la Nación, subrayando lo ordenado en el párrafo sexto del Artículo 27, que a la letra transcribo y cito: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente, solicito a esta honorable Cámara de Diputados se analice esta denuncia, se vote y se tome el siguiente:
A c u e r d o:
1. Uno. Se turne a la Junta de Coordinación Política, para que ésta, a su vez, proponga al pleno de esta Cámara de Diputados la conformación de una comisión plural y paritaria para investigar las causas y los efectos de las políticas federales y estatales del sexenio pasado que permitieron convertir a Baja California en el abastecedor de energía y gas natural del sur de los Estados Unidos.
2. Dos. Con fundamento en el párrafo sexto del Artículo 27° constitucional; y con base en los principios de libre concurrencia establecidos en el Artículo 28° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de los relativos a la Ley Federal de Competencia Económica, dado que sus actividades en el país se ubican al margen de lo que permite la Carta Magna y además se constituye en un monopolio, que el gobierno federal suspenda la operación de Sempra Energy en Ensenada, Baja California.
3. Tres. Se turne a la Comisión de Medio Ambiente para que ésta solicite a la Procuraduría Federal del Consumidor, de Protección al Ambiente, en caso de existir la aprobación de la manifestación de impacto ambiental, las bases, los criterios y documentos sobre los cuales se otorgaron y obtuvieron las aprobaciones para la operación de la empresa citada.
4. Cuatro. Se turne a las Comisiones de Justicia, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores y, a su vez, éstas hagan llegar a la Secretaría de Gobernación las copias de documentos que documentan las acciones de espionaje y los cheques pagados por Sempra Energy, para que por los conductos oficiales se establezcan las acciones legales correspondientes contra dicha empresa que ha violado la soberanía nacional y se informe de la misma a esta Legislatura.
5. Cinco. Se turne a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda para que, a su vez, ésta investigue el monto de recursos federales que se asignaron al gobierno del estado de Baja California en la administración del ciudadano Eugenio Elorduy Walter, con destino a la obra denominada “Corredor 2000” y que se dé parte a la Procuraduría General de la República, ya que se trata de un flagrante desvío, además de evidente tráfico de influencias para financiar la operación de una empresa particular mediante estos recursos, de la cual el propio ex gobernador Elorduy es socio a través de su hija y de su apoderado Francisco Javier Molina Robles.
6. Seis. Se exhorte al gobierno del estado de Baja California para que conforme a la ley acate las disposiciones judiciales en la materia y el predio mencionado en este texto se restituya de inmediato a su legítimo propietario, señor Ramón Eugenio Sánchez Ritche e informe a esta soberanía de las diligencias que al respecto se llevan a cabo.
7. Siete. Se haga llegar el presente punto de acuerdo al Congreso y al Poder Judicial del estado de Baja California para enterarlo del caso, solicitándole respetuosamente realice las acciones que considere pertinentes.
8. Ocho. Por tratarse de un asunto de carácter internacional que involucra la operación de la multicitada empresa en ambos casos al lado de la frontera, se haga llegar la presente denuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las comisiones de Relaciones Exteriores, tanto del Senado de la República como de esta Cámara de Diputados, para que se produzca una nota a sus homólogos del gobierno y del Congreso de Estados Unidos de América, en la que se denuncia a la Empresa Sempra Energy que presuntamente cometió violaciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, para que las autoridades de dicho país investiguen lo conducente, desde el ámbito de su propia Secretaría.
Es cuanto, señor Presidente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México D. F., el 8 de Octubre del año 2009.
Dip. Jose Narro Céspedes
Nota “comercial”:
Esta denuncia se adelantó en los textos del libro “Relatos de PANdilleros”, de Felipe Daniel Ruanova Zárate: ¿Ya lo leyó? (Si desea saber más, mande un correo a: ruanova@fdrz.com.mx y le diré dónde encontrarlo. Próximamente lo podrá adquirir, también, al través de Internet).
Felipe Daniel Ruanova Zárate. 091010
PUNTO DE ACUERDO
QUE SE PRESENTA PARA DENUNCIAR FLAGRANTES VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPUBLICA E ILEGALIDADES PERPETRADAS A DIVERSAS LEYES, DERIVADAS DE LOS ABUSOS DEL CONSORCIO EXTRANJERO SEMPRA ENERGY, BAJO EL AMPARO DE UNA EMPRESA NACIONAL DIRIGIDA, POR LA LICENCIADA ÉRIKA ELORDUY BLACKHALLER, HIJA DEL EXGOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EUGENIO ELORDUY WALTHER, QUE AL MISMO TIEMPO SE HA CONSTITUIDO EN UN MONOPOLIO.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente propuesta:
Como antecedente general, debemos dejar perfectamente claro que tanto el consorcio de Sempra Energy y Shell, y la propia empresa Sempra Energy, -fundada en 1998, y cuya matriz se localiza en la Ciudad de San Diego, California, en los Estados Unidos de Norteamérica-, establecen como premisa en su conducción mercantil que ninguna de sus filiales, a saber: Sempra Generation, Sempra LNG, Sempra Pipelines and Storage, son las mismas empresas, pero que le pertenecen, como le pertenecen también: San Diego Gas and Electric, y Southern California Gas, Company, mismas que siendo de Sempra Energy, no están reguladas por la “California Public Utilities Commission”, en nuestro idioma: Comisión Reguladora de los Servicios Públicos del Estado de California.
Toda esta trama de empresas se estableció entre otras cosas, para eludir las responsabilidades en que dicho consorcio pudiera incurrir como tal y, a partir de un fraude monumental que dicho consorcio cometió en el año 2001, en el que simuló una escasez de gas en el Estado de California, desviando perversamente los envíos provenientes del Estado de Texas, a los Estados de Oregon y Washington, localizados al Norte del de California. Precisamente a partir de esta premisa se explica el hecho de que tales corporaciones no se someten a las regulaciones de Ley en su país.
Tal simulación que apenas duró unos cuatro meses, fue suficiente para que pudieran elevar el precio del millar de pies cúbicos: de seis dólares a más de sesenta en un lapso de seis meses. Dicha crisis del energético se logró mediante la provocación aviesa de apagones, que entre otras cosas, apresuraron la dimisión del Gobernador Gray Davis en el año de 2003. Fueron las propias empresas energéticas las que apuntalaron la componenda de instalar en el Estado de California, al famoso “Terminator” Arnold Schwarzenegger.
Posteriormente -es del conocimiento público- se supo que fue la empresa Enron, que no era otra cosa que una empresa que distribuía y especulaba con recursos energéticos y el agua, la que fraguó el fraude en cuestión.
De ahí que a partir de una denuncia pública, cientos de miles de usuarios de la electricidad en el Sur de California obtuvieran un fallo a su favor que obligaba a las empresas privadas productoras de electricidad, a regresar más de 800 millones de dólares.
En ese contexto aparece Sempra Energy y adquiere ‘San Diego Gas and Electric’, que se había declarado en bancarrota al tener que afrontar la denuncia que hemos comentado, y a la que ante el desprestigio, no le fue posible instalar nuevas plantas generadoras de energía eléctrica en el Sur de California, lo anterior aunado a su imposibilidad de adquirir en su propio país, autorización alguna para poder construir en las costas del Océano Pacífico, California, Oregon, o el Estado de Washington, una estación de carga y descarga de gas natural licuado, y no sólo por el desprestigio adquirido, sino porque las regulaciones de seguridad nacional y las de control ambiental se lo impidieron tácita y contundentemente.
Donald E. Felsinger, Director ejecutivo y Presidente de la Junta de Directores de Sempra Energy, con el entonces Gobernador Eugenio Elorduy Walther encontró -en palabras que le atribuyen suele decir- una ‘república bananera’ o nicho regulatorio, para introducir gas y electricidad a los mercados del Sur de California, situando sus peligrosas y altamente contaminantes instalaciones en un lugar sin restricciones de ninguna especie, y con un costo muy bajo: invitar a Eugenio Elorduy como socio.
De ahí pues, que en la magra gestión de Elorduy Walther, y luego de una intensa campaña publicitaria en los medios, Sempra Energy obtuviera la autorización de las autoridades mexicanas para construir a su antojo, tanto una planta generadora de electricidad en el Valle de Mexicali, como la estación de descarga marítima de gas licuado, para someterlo a un proceso de regasificación y enviarlo al mercado energético del Sur de California, sin tener que enfrentar la inamovible e insobornable legislación norteamericana, que en principio le prohíbe tal actividad.
Hay que destacar que Sempra Energy enfrenta hoy día una serie de denuncias y es motivo de investigaciones públicas sobre su participación durante la crisis de precios y suministro de gas natural y electricidad de California, como uno de los posibles agentes que manipularon el mercado y limitaron la disponibilidad de gas natural durante dicha crisis, provocando un alza artificial de los precios de gas natural y electricidad, y una restricción en el suministro de ambos energéticos.
El presidente de Sempra Energy no podía haber encontrado un socio mejor que el Gobernador Eugenio Elorduy Walther, quien gestionó ante el entonces Presidente Vicente Fox, la eliminación de todas las trabas.
Elorduy se apoderó de la empresa GNL de Mexicali, S. de R. L. de C. V., a través de su hija Érika, la cual fue autorizada por la Comisión Federal de Electricidad, a fusionarse con Sempra Energy a través de ‘Energía Costa Azul, S. de R. L. de C. V.’ que es la entidad que resultó precisamente, la permisionaria beneficiada de un obvio tráfico de influencias. Posteriormente, también se prueba, estas dos empresas se fusionaron para operar la estación de descarga y ‘regaseadora’, en la Costa -de fingida vocación turística- en el Municipio de Ensenada.
Muy obsequiosa le resultó a Sempra Energy la incorporación del nuevo socio, el norteamericano Eugene Elorduy Walther -pues tal es su origen y así está registrado en su Acta de nacimiento emitida en San Diego, California-, a su directorio de accionistas, tanto, que se obtuvieron los permisos y se disfrazaron las harto simuladas licitaciones.
Así, en una evidente relación de complicidad, autoridades federales y estatales del sexenio anterior y algunas del actual como la CFE, al margen de la legislación, transformaron a Baja California en un campo experimental para el establecimiento de empresas de generación de energía eléctrica de exportación y de almacenamiento y distribución de Gas Natural.
Bajo el disfraz de un modelo de integración económica, tanto el anterior Gobierno de Baja California como el Federal, y con la complicidad de la Comisión Federal de Electricidad, cedieron territorio, activos, permitieron la interferencia extranjera en asuntos nacionales y utilizaron la fuerza del Estado para privilegiar al consorcio de Sempra Energy y Shell, como la principal usufructuaria de los negocios del Gas Natural Licuado con el mercado norteamericano.
La operación de este consorcio viola flagrantemente el Artículo 28 de la Constitución, que establece claramente la prohibición de monopolios y de prácticas monopólicas; señala asimismo que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento, en una o pocas manos, de artículos de consumo necesario que tengan por objeto el alza de los precios.
A pesar de esta expresa prohibición constitucional, el Gobierno de la República, específicamente la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, así como el Gobierno de Baja California, impulsaron la conformación de un monopolio a favor del consorcio de Sempra Energy y Shell, empresas estadounidense una y holandesa la otra, que controlan a través de la primera, la mayor parte de la infraestructura de transporte en el Sur del Estado de California, EE UU; todos los sistemas de distribución de gas natural y electricidad a usuarios residenciales e industriales en la misma región, así como los dos únicos cruces fronterizos de transporte de gas natural entre Estados Unidos y el Estado de Baja California.
Adicionalmente a la infraestructura de gas natural mencionada, el consorcio de Sempra Energy y Shell es propietario en Mexicali, B. C., de una planta de generación de energía eléctrica de exportación de 650 megawatts, basada en gas natural, dedicada a la exportación de energía eléctrica a Estados Unidos de Norteamérica.
Finalmente, una de las filiales de comercialización de gas natural de Sempra Energy es el principal usuario de los sistemas de transporte mencionados y el principal proveedor de gas natural en el Estado, atendiendo principalmente las necesidades de la CFE, de su empresa distribuidora de gas natural y de su empresa generadora de energía eléctrica.
La empresa Sempra Energy, por sí misma, es prácticamente la única transportista, distribuidora, proveedora, y la mayor consumidora de gas natural en el Estado de Baja California.
Todo esto no responde a las necesidades de la Nación, sino a los intereses del ex Gobernador Eugenio Elorduy, con el apoyo del ex Presidente Vicente Fox.
¿Por qué estos negocios tan rentables, con ganancias de 580 millones de dólares al año, se transfieren a los inversionistas extranjeros, sin ningún beneficio para los mexicanos?
En estos días en que se discute la necesidad de mayores recursos para el Estado Mexicano, habría que preguntarle al Gobierno Federal ¿Por qué renunció a este negocio altamente rentable?
Por una simple y sencilla razón, uno de los principales beneficiarios de este negocio es el ex Gobernador Eugenio Elorduy, quien sin recato moral alguno utiliza el nombre de su hija Érika Elorduy Blackhaller -quien funge como la única Apoderada legal de la empresa ‘Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, S. de R. L. de C. V., capacitada para otorgar y revocar los poderes legales a los diversos operadores mercantiles- para tener el control absoluto de la empresa en comento.
Así, el 7 de Agosto del 2003 le entregaron el título de permiso número G/140/ALM/2003 para almacenamiento de gas natural a la empresa Energía Costa Azul S de R. L. de C.V., propiedad de Sempra Energy.
A inicios del mismo año, el 30 de enero para ser precisos, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia resolvió autorizar la concentración entre Sempra Energy México, S. A. de C. V., y Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, S. de R. L. de C. V., en la cual la principal socia es la hija del ex Gobernador de Baja California Eugenio Elorduy, Erika Elorduy Blackaller, según consta en la Partida 5152907 inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Mexicali, B. C.
¿Cómo se llama esto?: ¿tráfico de influencias, prevaricación o bienestar familiar?
Una vez consolidada la fusión entre la empresa Sempra Energy y la empresa de la hija del ex Gobernador, El gobierno de Baja California no escatimó acción alguna para consolidar la instalación de la planta de almacenamiento de gas natural de Sempra Energy, sin importar atropellar a quien fuere con tal de afianzar el proyecto familiar y trasnacional.
De esta manera, respaldados en una supuesta operación de compra-venta realizada entre una señora de nombre Elodia Gómez Castañón y Sempra Energy, los cuerpos policiacos de Baja California desalojaron del terreno a su legítimo propietario, el ciudadano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, quien fue acusado de despojo de su propio terreno.
Dicha operación de compra-venta se realizó el 31 de enero del 2006, supuestamente por la señora Elodia Gómez Castañón, quien había fallecido el 10 de octubre del 2004. Es decir, la supuesta vendedora del terreno que se requiere como zona de amortiguamiento para la planta en cuestión, había fallecido un año y medio antes de que se realizara dicha operación.
En este mazacote de enjuagues y chapucerías ‘oficiales’, el economista Francisco Javier Molina Robles, ex-compañero de Elorduy en el Tec de Monterrey, fungiendo como apoderado de la empresa propiedad de la hija de Elorduy, en obvio papel de ‘prestanombres’ y siendo además, asesor con sueldo del propio Gobierno del Estado, y haciéndose pasar como agente de Bienes Raíces, fue quien operó la compra-venta en el 2006, entre Energía Costa Azul y la señora Elodia Gómez Castañón, quien como ya mencionamos, había fallecido en el 2004, hecho no desconocido por Francisco Javier Molina Robles que había mantenido contacto con la difunta y con el Lic. Armando Navarro Peña.
¿Cómo le llamamos a esto?: ¿fraude o crimen organizado?; o tal vez ¿poderes sobrenaturales de una aviesa difunta?
Semejante atrocidad no puede llevarla a cabo una persona, y ser apoyada por las instituciones mexicanas, si no es a condición de ser o de servir a una persona con muchísima avaricia y sin el más mínimo escrúpulo, con poder político y económico suficiente para corromper o abusar de su cargo público.
¿Cómo es posible que la ambición de un gobernante trastoque la institucionalidad de un Estado y mediante influencias o presión política, doble voluntades de Jueces, Notarios, Ministerios Públicos y de todo aquello que se requiera, para consumar una tropelía de esta naturaleza? Acciones de este tipo generan el descrédito de las instituciones, que en suma obligarían a darle la razón al señor Donald E. Felsinger cuando nos tacha de ‘república bananera’.
Bajo esa caracterización y con una conducta ausente de ética y probidad, sin recato alguno, mediante acciones fraudulentas, maquinaciones, ocultamiento de información y reparto de dinero y espejitos a autoridades mexicanas para que se hicieran de la vista gorda ante el cúmulo de ilegalidades, fue como se pudo momentáneamente consolidar el fraude.
Con esta operación de compra-venta fraudulenta, el Secretario General del Gobierno Elorduy Walter y curiosamente actual empleado de Sempra Energy, el Señor Bernardo Martínez, en un tiempo record de mes y medio, ordenó el operativo para desalojar a su legítimo dueño y entregarlo ilegalmente a la empresa mencionada. ¿Se podría reintegrar el predio a quien pertenece en ese mismo tiempo?
¿Cómo se puede llamar al hecho de que un funcionario utiliza los recursos del Estado para apoyar ilegalmente a una empresa trasnacional, y al término de su responsabilidad se convierte en un empleado de ella? En este momento, una de las personas más preocupadas en los juzgados de Baja California, es precisamente Bernardo Martínez Aguirre, quien se la pasa gritando y mentado madres a diestra y siniestra, pues no haya la forma de cuadrar los enjuagues e ilegalidades que cometió durante y después de su paso como Secretario de Gobierno en el sexenio anterior.
Expertos juristas han coincidido en que de haberse contado con todas y cada una de las pruebas que en este momento están siendo conocidas, el Ministerio Público no hubiese podido entregar la propiedad del terreno a Sempra Energy.
Dicha urgencia por la adjudicación de la zona en disputa obedece a la necesidad pasada y presente de Sempra Energy, para cumplir con los requerimientos normativos en materia de medio ambiente que las leyes mexicanas exigen en una obra de esta naturaleza, como zona de amortiguamiento para evitar posibles desgracias humanas en caso de desastres, posibles explosiones y otros riesgos y peligros latentes en este tipo de instalaciones.
Es de suma importancia resaltar que el mejor derecho para poseer el inmueble en conflicto, a favor de Ramón Sánchez Ritchie, es anterior a la fecha en que Energía Costa Azul compra el predio en cuestión; prueba de ello es el desvanecimiento del cuerpo del delito de despojo, motivo por el cual Ramón Sánchez Ritchie obtuvo su libertad gracias al amparo en revisión concedido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Ello se deriva del análisis del contenido de las pruebas aportadas por Sánchez Ritchie, llevado a cabo al cumplimentarse la ejecutoria de amparo.
De lo anterior podemos inferir que por sus acciones, el actual Procurador de Justicia del Estado, Rommel Moreño Manjarrez, actúa bajo la misma lógica del anterior Gobierno del Estado, protegiendo una acción infame y fraudulenta. Las preguntas -sin ánimo de ofender- son ¿Desconoce el fondo del asunto o ya le untaron la mano los personeros de Sempra? ¿Por qué no ejecuta la disposición que le obliga a restituir el terreno al legítimo propietario?
Esta acción no sería rara dados los antecedentes de que funcionarios, abogados y testigos de Sempra Energy, desde los Estados Unidos, diseñaron estrategias para mentir, manipular y ocultar información; y utilizar -incluso actualmente- el tráfico de influencias para presionar, con pleno conocimiento de causa, instancias del gobierno mexicano a nivel federal, estatal y municipal, en favor de Sempra Energy y en perjuicio del Estado de Baja California y de familias mexicanas.
Por si esto fuera poco, Sempra Energy contrata desde Estados Unidos servicios policiacos para espiar e investigar tanto a ciudadanos como a instituciones mexicanas, particularmente al dueño del terreno al que pretendieron despojar mediante una escritura ‘patito’, en clara violación al inciso dos romano, del Artículo 5 de la ley de Seguridad Nacional, que a la letra dice “…que los actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano constituyen una amenaza para la seguridad nacional”.
Compañeras y compañeros Diputados: conociendo el problema, como representantes populares no podemos, ni siquiera por omisión, contribuir a que siga esta situación abiertamente injerencista.
Un hecho grave e indignante que forma parte del expediente, es la ‘congelada’ investigación que esa empresa dispuso se hiciera de la Lic. Norma Sánchez Zavala, hija del dueño del predio, a sabiendas de que era Secretaria Actuaria en el Juzgado Tercero Penal en Ensenada, Baja California, es decir, una funcionaria del Poder Judicial de Baja California, y de quien -aun así- se obtuvieron datos personales, fotografías de su domicilio, trabajo, vehículo, placas, etc.
¿Qué piensan de esto magistrados, jueces y actuarios? ¿Cualquiera, incluso un investigador extranjero, puede impunemente, por que sí, investigar a integrantes del Poder Judicial, violando la ley?
Según consta en documentos que se anexan a la presente propuesta, el investigador cobró 120 dólares por hora, por sus servicios de espionaje.
Seguramente habrán vigilado a quién sabe cuántos más jueces y magistrados, lo que por supuesto constituye un delito: una empresa contratando en los Estados Unidos, servicios de inteligencia para vigilar a ciudadanos mexicanos miembros de uno de los Poderes del Estado.
Esta, compañeras y compañeros diputados, es una abierta violación a la Soberanía Nacional, al Poder Judicial de Baja California y constituye una afrenta al Pueblo de México.
Anexamos a este texto los informes de espionaje, copia de los cheques expedidos por la Empresa Sempra Energy para el pago de dichos servicios, así como copias diversas que documentan lo aquí expuesto.
No obstante lo antipatriótico, sucio y deleznable de los hechos narrados, la tranza de millones de dólares, la corrupción desenfrenada, el tráfico de influencias, aun falta por explicar el evento que en mayor medida exhibe la ambición voraz y connivencia repugnante del Gobierno de Baja California, bajo la titularidad de Eugenio Elorduy Walther.
Resulta que la obra más magnificente, la más publicitada, y la que a su vez explica el grado de indecencia de un Gobernante como Elorduy, es lo que se conoció como ‘Corredor 2000’, que fue una vía carretera de cuatro carriles que se construyó con el perverso propósito de cruzar tres Municipios y cientos de predios de particulares y ejidales, tanto en el corredor turístico de Ensenada, como la orilla Este del poblado o cabecera Municipal de Playas de Rosarito, como una parte del fundo legal del Municipio de Tijuana, cuyo único y perverso propósito fue el de llevar en medio (soterradamente), el ducto de gas de la planta de Sempra Energy, sin que la población pudiese exponer queja alguna.
Dicha obra que fue sufragada con fondos del erario, tanto estatales como federales, se construyó tan torpemente, que es, a la fecha, el tramo carretero que más accidentes vehiculares ha tenido, a grado tal, que los automovilistas y transportistas de carga ya no utilizan. Tan es así, que ahora se ha convertido el lugar preferido de los sicarios para ir a arrojar los cadáveres que diariamente brinda el crimen organizado.
La dicha obra pública, es obvio, nadie se la solicitó a Elorduy cuando era candidato y menos ofreció públicamente construirla. Por la prensa nos enteramos que costaría inicialmente $650 millones de pesos, poco tiempo después informaron que había aumentado a $850 millones, luego, cuando ya habían erogado más de $1,200 millones de pesos, dijeron que estaban a un 15% de terminarla. Sin haberla concluido, se informó que se elevaron los costos a muy cerca de los $2,000 millones de pesos, posteriormente, cuando la inauguró el Presidente Fox, ya se aceptó que había costado $2,400 millones de pesos, casi cuatro veces más de lo programado inicialmente.
Motivados en los preceptos del texto constitucional, tal como corresponde a la conducción de una sana política, queremos fundamentar esta denuncia ante el Pleno de esta elevada tribuna de la Nación, subrayando lo ordenado en el párrafo sexto del Artículo 27, que a la letra transcribo y cito: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente, solicito a esta honorable Cámara de Diputados se analice esta denuncia, se vote y se tome el siguiente:
A c u e r d o:
1. Uno. Se turne a la Junta de Coordinación Política, para que ésta, a su vez, proponga al pleno de esta Cámara de Diputados la conformación de una comisión plural y paritaria para investigar las causas y los efectos de las políticas federales y estatales del sexenio pasado que permitieron convertir a Baja California en el abastecedor de energía y gas natural del sur de los Estados Unidos.
2. Dos. Con fundamento en el párrafo sexto del Artículo 27° constitucional; y con base en los principios de libre concurrencia establecidos en el Artículo 28° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de los relativos a la Ley Federal de Competencia Económica, dado que sus actividades en el país se ubican al margen de lo que permite la Carta Magna y además se constituye en un monopolio, que el gobierno federal suspenda la operación de Sempra Energy en Ensenada, Baja California.
3. Tres. Se turne a la Comisión de Medio Ambiente para que ésta solicite a la Procuraduría Federal del Consumidor, de Protección al Ambiente, en caso de existir la aprobación de la manifestación de impacto ambiental, las bases, los criterios y documentos sobre los cuales se otorgaron y obtuvieron las aprobaciones para la operación de la empresa citada.
4. Cuatro. Se turne a las Comisiones de Justicia, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores y, a su vez, éstas hagan llegar a la Secretaría de Gobernación las copias de documentos que documentan las acciones de espionaje y los cheques pagados por Sempra Energy, para que por los conductos oficiales se establezcan las acciones legales correspondientes contra dicha empresa que ha violado la soberanía nacional y se informe de la misma a esta Legislatura.
5. Cinco. Se turne a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda para que, a su vez, ésta investigue el monto de recursos federales que se asignaron al gobierno del estado de Baja California en la administración del ciudadano Eugenio Elorduy Walter, con destino a la obra denominada “Corredor 2000” y que se dé parte a la Procuraduría General de la República, ya que se trata de un flagrante desvío, además de evidente tráfico de influencias para financiar la operación de una empresa particular mediante estos recursos, de la cual el propio ex gobernador Elorduy es socio a través de su hija y de su apoderado Francisco Javier Molina Robles.
6. Seis. Se exhorte al gobierno del estado de Baja California para que conforme a la ley acate las disposiciones judiciales en la materia y el predio mencionado en este texto se restituya de inmediato a su legítimo propietario, señor Ramón Eugenio Sánchez Ritche e informe a esta soberanía de las diligencias que al respecto se llevan a cabo.
7. Siete. Se haga llegar el presente punto de acuerdo al Congreso y al Poder Judicial del estado de Baja California para enterarlo del caso, solicitándole respetuosamente realice las acciones que considere pertinentes.
8. Ocho. Por tratarse de un asunto de carácter internacional que involucra la operación de la multicitada empresa en ambos casos al lado de la frontera, se haga llegar la presente denuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las comisiones de Relaciones Exteriores, tanto del Senado de la República como de esta Cámara de Diputados, para que se produzca una nota a sus homólogos del gobierno y del Congreso de Estados Unidos de América, en la que se denuncia a la Empresa Sempra Energy que presuntamente cometió violaciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, para que las autoridades de dicho país investiguen lo conducente, desde el ámbito de su propia Secretaría.
Es cuanto, señor Presidente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México D. F., el 8 de Octubre del año 2009.
Dip. Jose Narro Céspedes
Nota “comercial”:
Esta denuncia se adelantó en los textos del libro “Relatos de PANdilleros”, de Felipe Daniel Ruanova Zárate: ¿Ya lo leyó? (Si desea saber más, mande un correo a: ruanova@fdrz.com.mx y le diré dónde encontrarlo. Próximamente lo podrá adquirir, también, al través de Internet).
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