LOS PEORES ENEMIGOS DE LA DEMOCRACIA
POLÍTICOS CORRUPTOS Y MAFIAS CRIMINALES:
LOS PEORES ENEMIGOS DE LA DEMOCRACIA
José Luis Pérez Canchola
Miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos
Periódico El Mexicano, mayo 18 de 2009
Siendo Procurador de Derechos Humanos en Baja California en el periodo de 1991 a 1994 siempre me opuse al concepto de la “colombianización de México” que algunos académicos y medios de comunicación utilizaban en aquella época para ejemplificar la violencia criminal desatada por las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
En aquel tiempo, lo que caracterizaba a Colombia, según mi particular punto de vista era la participación de los capos colombianos financiando campañas políticas y participando ellos mismos como candidatos a todo tipo de cargos públicos como alcaldías, congreso y presidencia. En la década de los años 80 los señores de la droga fundaron partidos políticos y lograron concesiones para el manejo de estaciones de radioy promover sus propias campañas. En México, lo que estabamos viviendo hace 20 años, era una violencia criminal que había alcanzado niveles críticos
En Colombia la situación era muy distinta. Basta recordar el caso de Pablo Escobar Gaviria que según las autoridades de aquel país, financió el Movimiento Alternativa Liberal, y fue candidato triunfante a la Cámara de Representantes. En 1982, siendo congresista, Escobar Gaviria asistió a la toma de posesión de Felipe González en España. Eran los tiempos cuando en Colombia se hablaba libremente de narcopresidentes, narcodiputados, narcoministros, narcojueces, narcopolicias, narcoperiodistas, etc.
Un caso digno de mencionar, fue el relacionado con el ministro de justicia Alberto Santofino Botero, aspirante en dos ocasiones a la presidencia de Colombia, abogado de la Universidad de Bogota, senador de la República, con estudios en ciencia política y uno de los líderes del partido que fundó Pablo Escobar. Finalmente en 1990, Santofino Botero fue procesado por utilizar dinero del narcotráfico en campañas y se le llegó a relacionar con el asesinato del candidato presidencial izquierditas Luis Carlos Galán en 1989. Esa era la Colombia de los años 80 y principios de los 90.
Estas reflexiones vienen a cuento en razón de los últimos acontecimientos en nuestro país. Ahora se habla de candidatos a puestos de elección popular bajo sospecha de utilizar recursos del crimen organizado. Estos señalamientos suceden en todos los Estados de la república, desde Yucatan hasta Baja California, desde Tamaulipas hasta Chiapas. En las últimas campañas políticas en Michoacán, para dar un ejemplo, el PRD señaló la posible “intervención del narcotráfico en los procesos electorales”. El secretario general de dicho partido afirmó que “por primera vez en la historia de México el narcotráfico intenta influir en política e incluso en la selección de candidatos”.
En febrero de 2006, el mismo Felipe Calderón declaró que en las últimas elecciones locales de Michoacán “hubo infiltración de dinero proveniente de la delincuencia organizada para respaldar candidaturas”.
En el estado de Durango, un caso documentado por la PGR es el de Pablo Tostado Félix, detenido bajo cargos de presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. En sus declaraciones, este personaje manifestó que en el año 2000, los capos de Sinaloa apoyaron con dinero la campaña presidencial, al igual que diversas campañas del PRI a la gubernatura de Sinaloa. Hace unos días, este personaje apareció muerto en una celda del penal de Durango. Su historia y sus declaraciones están ampliamente documentadas en el libro de editorial Planeta titulado “Narcotráfico” del escritor Alejandro Gutiérrez
La preocupación del uso de dinero sucio en campañas electorales, propició que en enero de 2006, el presidente de la Coparmex , Alberto Núñez haya propuesto un pacto de civilidad entre partidos para “evitar que dinero proveniente del narcotráfico sea utilizado en campañas electorales”.
Y ahora en Tijuana, Baja California, diversos grupos organizados de la sociedad civil de profesionistas y empresarios, han propuesto públicamente a los dirigentes y candidatos de todos los partidos políticos la firma de un pacto para blindar la actual campaña electoral del dinero de origen dudoso. Tal propuesta es encabezada por asociaciones como el Grupo 21, Madrugadores, Ejecutivos de Venta, Foro Cívico Tijuanense, la Asociación de Maestros de Baja California y Grupo Ahora.
Esta iniciativa se dio a conocer a los medios de comunicación en el mes de abril y a la fecha solamente el PRD ha declarado su disposición a firmar tal compromiso. El PRI y el PAN han guardado silencio. ¿Por qué será?
En dicho documento se argumenta que los propios líderes nacionales y locales de los principales partidos políticos han reconocido que es un riesgo permanente la presencia del dinero del narcotráfico en las campañas políticas. Sin embargo, dice el documento, lo más relevante son los recientes informes de la Secretaría de la Defensa nacional y de la PGR del pasado 15 de abril, donde se mencionan a localidades como Ciudad Juárez, Monterrey, Hermosillo y Tijuana como las de mayor riesgo en cuanto a la infiltración de las campañas con dinero del narco. Así las cosas y con todos estos elementos de juicio no me queda otro remedio que reconocer que ahora sí, estamos viviendo en un México “colombianizado” , es decir en un Estado fracasado donde gobiernan las mafias políticas y criminales.
Ahora más que nunca debemos desconfiar de los dueños del poder político y económico, totalmente imposibilitados para dar respuesta a los problemas de pobreza, desempleo, violencia, educación y salud. El pueblo tiene que buscar sus propias alternativas y apartarse lo más posible de una clase gobernante, ahora infiltrada por el crímen organizado.
Parece que la historia se va a repetir tal como sucedió en 1810 y en 1910. De nueva cuenta, la única esperanza es que el pueblo se revele ante el abuso del poder de una minoría de políticos corruptos ahora asociados con bandas criminales. Se acercan tiempos en que la democracia debe enfrentarse al Estado, es decir, el pueblo debe terminar con esta agonía permanente que le han impuesto unos cuantos que se han adueñado de un México que nos pertenece a todos. A fin de cuentas, lo único cierto es que las cosas no pueden seguir igual, debemos reforzar nuestras trincheras y dar la mejor batalla posible. Si no lo hacemos, las mujeres y los hombres del futuro, nos van a recordar como una generación de cobardes o peor aún, ni siquiera nos van a recordar.
LOS PEORES ENEMIGOS DE LA DEMOCRACIA
José Luis Pérez Canchola
Miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos
Periódico El Mexicano, mayo 18 de 2009
Siendo Procurador de Derechos Humanos en Baja California en el periodo de 1991 a 1994 siempre me opuse al concepto de la “colombianización de México” que algunos académicos y medios de comunicación utilizaban en aquella época para ejemplificar la violencia criminal desatada por las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
En aquel tiempo, lo que caracterizaba a Colombia, según mi particular punto de vista era la participación de los capos colombianos financiando campañas políticas y participando ellos mismos como candidatos a todo tipo de cargos públicos como alcaldías, congreso y presidencia. En la década de los años 80 los señores de la droga fundaron partidos políticos y lograron concesiones para el manejo de estaciones de radioy promover sus propias campañas. En México, lo que estabamos viviendo hace 20 años, era una violencia criminal que había alcanzado niveles críticos
En Colombia la situación era muy distinta. Basta recordar el caso de Pablo Escobar Gaviria que según las autoridades de aquel país, financió el Movimiento Alternativa Liberal, y fue candidato triunfante a la Cámara de Representantes. En 1982, siendo congresista, Escobar Gaviria asistió a la toma de posesión de Felipe González en España. Eran los tiempos cuando en Colombia se hablaba libremente de narcopresidentes, narcodiputados, narcoministros, narcojueces, narcopolicias, narcoperiodistas, etc.
Un caso digno de mencionar, fue el relacionado con el ministro de justicia Alberto Santofino Botero, aspirante en dos ocasiones a la presidencia de Colombia, abogado de la Universidad de Bogota, senador de la República, con estudios en ciencia política y uno de los líderes del partido que fundó Pablo Escobar. Finalmente en 1990, Santofino Botero fue procesado por utilizar dinero del narcotráfico en campañas y se le llegó a relacionar con el asesinato del candidato presidencial izquierditas Luis Carlos Galán en 1989. Esa era la Colombia de los años 80 y principios de los 90.
Estas reflexiones vienen a cuento en razón de los últimos acontecimientos en nuestro país. Ahora se habla de candidatos a puestos de elección popular bajo sospecha de utilizar recursos del crimen organizado. Estos señalamientos suceden en todos los Estados de la república, desde Yucatan hasta Baja California, desde Tamaulipas hasta Chiapas. En las últimas campañas políticas en Michoacán, para dar un ejemplo, el PRD señaló la posible “intervención del narcotráfico en los procesos electorales”. El secretario general de dicho partido afirmó que “por primera vez en la historia de México el narcotráfico intenta influir en política e incluso en la selección de candidatos”.
En febrero de 2006, el mismo Felipe Calderón declaró que en las últimas elecciones locales de Michoacán “hubo infiltración de dinero proveniente de la delincuencia organizada para respaldar candidaturas”.
En el estado de Durango, un caso documentado por la PGR es el de Pablo Tostado Félix, detenido bajo cargos de presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. En sus declaraciones, este personaje manifestó que en el año 2000, los capos de Sinaloa apoyaron con dinero la campaña presidencial, al igual que diversas campañas del PRI a la gubernatura de Sinaloa. Hace unos días, este personaje apareció muerto en una celda del penal de Durango. Su historia y sus declaraciones están ampliamente documentadas en el libro de editorial Planeta titulado “Narcotráfico” del escritor Alejandro Gutiérrez
La preocupación del uso de dinero sucio en campañas electorales, propició que en enero de 2006, el presidente de la Coparmex , Alberto Núñez haya propuesto un pacto de civilidad entre partidos para “evitar que dinero proveniente del narcotráfico sea utilizado en campañas electorales”.
Y ahora en Tijuana, Baja California, diversos grupos organizados de la sociedad civil de profesionistas y empresarios, han propuesto públicamente a los dirigentes y candidatos de todos los partidos políticos la firma de un pacto para blindar la actual campaña electoral del dinero de origen dudoso. Tal propuesta es encabezada por asociaciones como el Grupo 21, Madrugadores, Ejecutivos de Venta, Foro Cívico Tijuanense, la Asociación de Maestros de Baja California y Grupo Ahora.
Esta iniciativa se dio a conocer a los medios de comunicación en el mes de abril y a la fecha solamente el PRD ha declarado su disposición a firmar tal compromiso. El PRI y el PAN han guardado silencio. ¿Por qué será?
En dicho documento se argumenta que los propios líderes nacionales y locales de los principales partidos políticos han reconocido que es un riesgo permanente la presencia del dinero del narcotráfico en las campañas políticas. Sin embargo, dice el documento, lo más relevante son los recientes informes de la Secretaría de la Defensa nacional y de la PGR del pasado 15 de abril, donde se mencionan a localidades como Ciudad Juárez, Monterrey, Hermosillo y Tijuana como las de mayor riesgo en cuanto a la infiltración de las campañas con dinero del narco. Así las cosas y con todos estos elementos de juicio no me queda otro remedio que reconocer que ahora sí, estamos viviendo en un México “colombianizado” , es decir en un Estado fracasado donde gobiernan las mafias políticas y criminales.
Ahora más que nunca debemos desconfiar de los dueños del poder político y económico, totalmente imposibilitados para dar respuesta a los problemas de pobreza, desempleo, violencia, educación y salud. El pueblo tiene que buscar sus propias alternativas y apartarse lo más posible de una clase gobernante, ahora infiltrada por el crímen organizado.
Parece que la historia se va a repetir tal como sucedió en 1810 y en 1910. De nueva cuenta, la única esperanza es que el pueblo se revele ante el abuso del poder de una minoría de políticos corruptos ahora asociados con bandas criminales. Se acercan tiempos en que la democracia debe enfrentarse al Estado, es decir, el pueblo debe terminar con esta agonía permanente que le han impuesto unos cuantos que se han adueñado de un México que nos pertenece a todos. A fin de cuentas, lo único cierto es que las cosas no pueden seguir igual, debemos reforzar nuestras trincheras y dar la mejor batalla posible. Si no lo hacemos, las mujeres y los hombres del futuro, nos van a recordar como una generación de cobardes o peor aún, ni siquiera nos van a recordar.
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