México superó la colombianización
Nelly Olivos
nelly24olivos@yahoo.com.mx
* “Parte del conflicto colombiano se explica por el tema del secuestro que crece cada día más en México”: Cardona Alzate * Sentencia: “Cuando una sociedad termina secuestrada se siente vulnerable y pone a un tipo armado a que la defienda. Empieza la justicia privada” * Asegura Benítez Manaut: “Los mismos gringos no van a aceptar mucha militarización de su frontera” * Los narcos mexicanos “no son sujetos de negociación”, asegura * Concluye: “Se han convertido en un poder por encima de cualquier otro poder”
La violencia en México ha escalado a niveles preocupantes. Los medios de comunicación dan cuenta de las acciones de la delincuencia organizada que son dignas de cualquier guión cinematográfico, y resultará trillado, pero de nueva cuenta la “realidad supera la ficción”.
No podemos dejar de sentirnos atemorizados por las ejecuciones que a diario se registran en el territorio nacional, de la saña con que personas fueron decapitadas. De acuerdo al diario español El País, en lo que va del presente año “41 personas han aparecido o sin cabeza o sin cuerpo.”
Tal parece que estamos frente a un panorama comparable al de Colombia en la década de los 80, cuando las luchas contra los diferentes cárteles de la droga sembraron el terror en todo un país. De repente empezamos a escuchar el término colombianización como una forma de referirse a la mezcla de violencia, corrupción e incapacidad gubernamental para enfrentar tal situación.
El inicio
Es necesario marcar que entre México y Colombia hay diferencias político-sociales que de una u otra forma los llevaron a disputar los nada honrosos primeros lugares en diversos crímenes. Como ejemplo citemos los asesinatos de periodistas y los secuestros, en los que estas naciones registran el primer y segundo lugares, respectivamente, en América Latina. Situación que los ha llevado a ser comparados con países de Medio Oriente.
El periodista colombiano Jorge Cardona Alzate explicó a esta reportera, durante un viaje a Bogotá en el 2007, cómo inició la problemática colombiana. En sus palabras, a la aparición de los tres principales movimientos guerrilleros –Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (1964), Ejército de Liberación Nacional (1965) y Ejército de Liberación Popular (1967)– hay que sumarle que “el Estado empezó a verse desprotegido y por asesoría norteamericana decidieron que existía la necesidad de crear grupos de autodefensa para hacerle frente a esta amenaza”.
Mientras gobierno y guerrillas se encontraban en completo enfrentamiento, de una manera casi silenciosa apareció el narcotráfico en escena.
Durante el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978) el tráfico de estupefacientes creció considerablemente, alcanzando magnitudes prácticamente incontrolables y desatando la llamada economía sumergida que proporcionaba a Colombia un respiro a la crisis económica que enfrentaba en esos años. Inclusive al grado de plantear la legalización del comercio de las drogas y así asegurar la redistribución de las ganancias.
El asesinato del candidato liberal Luis Carlos Galán, en agosto de 1989, marcó el inicio de la guerra del Estado contra los cárteles colombianos y por la presión de Estados Unidos implementó la extradición de los capos colombianos a territorio estadunidense.
La reacción de los delincuentes fue en extremo violenta al activar bombas en lugares públicos, asesinar a diversas personalidades políticas y secuestrar a todo aquel que pudiera servir para sus propósitos: evitar la extradición.
El comparativo
Si bien es cierto en México no se libra una batalla abierta con grupos guerrilleros, la aparición de cuerpos de seguridad privada abre un nuevo escenario en el contexto de violencia.
Jorge Cardona Alzate vislumbraba, en el 2007, un serio problema para México y que sin duda ahora es un detonante del que hay que estar al pendiente: el secuestro.
“Parte del conflicto colombiano se explica por el tema del secuestro que crece cada día más en México. Cuando una sociedad termina secuestrada se siente vulnerable y pone a un tipo armado a que la defienda. Empieza la justicia privada”, sentencia el periodista Jorge Cardona.
En su libro Historia del Cartel, Camilo Chaparro narra la aparición de un grupo denominado Muerte a Secuestradores (Mas) que surgió en 1981 cuando más de 200 narcotraficantes decidieron reclutar, financiar y entrenar a un grupo de sicarios para liquidar a integrantes del grupo guerrillero M-19, responsables del secuestro de Martha Nieves Ochoa, integrante de clan Ochoa, del cártel de Medellín.
El surgimiento del Mas significó la aparición de un paramilitarismo diferente, pues no se trataba exactamente de un grupo de “autodefensa” ante los ataques guerrilleros, sino más bien de una extensión de los ejércitos privados al servicio de las industrias y de los empresarios del narcotráfico.
Autoridades y sociedad deben abrir los ojos ante la aparición de grupos paramilitares en nuestro país. Chihuahua, entidad donde se ha concentrado el combate al narcotráfico, es sin duda el escenario para las acciones de dichos grupos.
En el pasado mes de enero los medios de comunicación dieron cuenta de la aparición del Comando Ciudadano pro Juárez, grupo posiblemente financiado por empresarios afectados por la criminalidad y cuya misión es terminar con la vida de un criminal cada 24 horas.
El factor común
Si bien es cierto que los casos de violencia en Colombia y en México guardan ciertas diferencias, hay un factor común que de alguna u otra forma está presente en las acciones emprendidas por estas naciones para enfrentar dicho problema, se trata de la intervención de Estados Unidos.
De las negociaciones entre los entonces presidentes de Colombia y Estados Unidos, Andrés Pastrana y Bill Clinton, nació el Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado de Colombia, mejor conocido como Plan Colombia. Proyecto que tiene como propósito disminuir la producción de drogas y el conflicto armado.
El llamado Plan México, Iniciativa Mérida, parece a todas luces una copia del Plan Colombia. En ambos casos Estados Unidos entrega millones de dólares destinados al entrenamiento, equipamiento y fortalecimiento de las fuerzas armadas de ambos países.
El costo de esta ayuda es muy alto para la soberanía de las naciones receptoras. En palabras del actual vicepresidente colombiano, Francisco Santos, el plan ha sido utilizado para pedirle a Colombia “un sometimiento silencioso e inclinación reverencial”.
En nuestro país, recientemente, se desató la polémica respecto a la posibilidad de que el vecino del norte militarice la frontera común con México. Al respecto Forum conversó con el investigador Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien sostiene que no hay ningún problema en esta acción por parte de Estados Unidos, pues nuestro país ya tiene militarizada por lo menos la frontera con Chihuahua.
“Los mismos gringos no van a aceptar mucha militarización de su frontera. Yo creo que son más discursos bravucones del gobernador de Texas, mister Rick Perry, que está como loco, él sólo sabe contar tanques y helicópteros”, sostiene el también académico y agrega que se trata de “discursos como para decir ‘estamos preocupados por lo que está pasando en Ciudad Juárez y en Tijuana’”.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Robinette, declaró la posibilidad de pactar con los narcotraficantes como sucedió en el llamado Plan Medellín, donde se negoció la entrega del capo Pablo Escobar, ¿es viable esta salida para el problema mexicano?
—No. Porque es una situación muy ríspida. Los mismos narcotraficantes crearon un estado de terror con los descabezamientos; eso ha generado una imagen muy negativa de ellos como sujetos de negociación… Son unos desgraciados que cortan cabezas, un gobierno no puede pactar con ellos.
Además en el caso colombiano existía algo que negociar: la no extradición de los capos a Estados Unidos. En México se han convertido en un poder por encima de cualquier otro poder.
Desgraciadamente, va a ser una guerra que se va a librar contra el Ejército.
¿No hay otra salida?
—Otra salida va a ser fortalecer todo el aparato judicial, eso ayudaría mucho a que no fuera una guerra descarnada con violaciones a derechos humanos.
Dadas las actuales condiciones económicas, el narcotráfico se presenta como una posibilidad de ingresos para muchas personas, lo que representa una posibilidad de movilidad social al interior del narcotráfico que, como bien señala el especialista del CISAN, será un ascenso social “a cabeza cortada”, lo que probablemente genere un escenario de mayor violencia.
No cabe duda, México de nueva cuenta ha superado a Colombia en todos aquellos elementos negativos que formaron ese concepto de colombianización. La pregunta sería si llegaremos a niveles peores para empezar a hablar de la mexicanización.
Aumentan quejas contra el Ejército
De la redacción / Cimacnoticias
cimac1@laneta.apc.org
* Se han sextuplicado con Felipe Calderón Hinojosa, denuncian ante la CIDH
Las quejas contra el Ejército Mexicano por violaciones a los derechos humanos se sextuplicaron en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón, reveló un estudio presentado el 20 de marzo por seis organizaciones civiles mexicanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de un incremento drástico gubernamental del uso del Ejército para el combate al narcotráfico.
Según los datos obtenidos por estas organizaciones a través de solicitudes de acceso a la información, el número de quejas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional se ha incrementado de 182 en 2006 a mil 230 en 2008. Las quejas incluyen cateos ilegales, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, torturas, y en 28 casos, según notas periodísticas, las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por militares culminaron en muertes.
“Venimos a esta comisión para demostrar el daño colateral de implicar a las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico”, dijo Juan Carlos Gutiérrez Contreras, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). “Parte del problema, es que estas quejas casi nunca son investigadas o son llevadas al fuero militar, en donde el Ejército se convierte en juez y parte, lo que desde luego propicia la impunidad”, puntualizó.
Según el reporte, en los últimos dos años, la Procuraduría Militar ha consignado menos de una de cada 10 averiguaciones previas abiertas en contra de soldados por delitos cometidos contra civiles. No se sabe de ninguna sentencia condenatoria en el sexenio actual para violaciones graves a los derechos humanos.
“Todos los días escuchamos alguna queja contra el Ejército, nueva, muchas muy graves como violaciones sexuales e incluso ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, nunca hemos escuchado que alguien del Ejército haya sido sentenciado por alguna de estas quejas”, dijo Luis Arriaga Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Las experiencias documentadas por las organizaciones mexicanas en las que la Procuraduría de Justicia Militar asume la competencia sobre una supuesta violación a los derechos humanos, arrojan un saldo nulo en cuanto al acceso a la justicia por parte de las víctimas.
La aplicación de la jurisdicción militar a los casos de derechos humanos se debe, particularmente, a que el texto del Código de Justicia Militar mexicano transgrede otros bienes jurídicos más allá de la disciplina militar, incluso las violaciones de derechos humanos.
Así, esta legislación permite que cualquier delito cometido por militares, sin importar cuál sea el bien jurídico afectado, sea investigado por la procuraduría castrense y juzgado por los tribunales del mismo ámbito.
“El texto del Código de Justicia Militar debe ser modificado, porque implica una ampliación indebida del alcance de la jurisdicción militar sobre violaciones de derechos humanos,” dijo Luis Miguel Cano, de Fundar. “El sistema de justicia militar mexicano carece de independencia e imparcialidad por su propia estructura, al ser un sistema de justicia penal dependiente del Poder Ejecutivo, con jueces y otros funcionarios nombrados por y al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, misma que puede decretar el desistimiento de la acción penal por razones discrecionales”.
En el pasado la CIDH ha emitido recomendaciones específicas al Estado mexicano ordenando que las investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean llevadas a cabo en la jurisdicción penal ordinaria mexicana y no en la jurisdicción militar. Sin embargo, el Estado mexicano no ha tomado las medidas correspondientes para asegurar que la jurisdicción castrense se abstenga de conocer de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
Las organizaciones que formaron parte de la audiencia y presentaron el documento a la CIDH son: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Red Todos los Derechos para Todos y Todas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
nelly24olivos@yahoo.com.mx
* “Parte del conflicto colombiano se explica por el tema del secuestro que crece cada día más en México”: Cardona Alzate * Sentencia: “Cuando una sociedad termina secuestrada se siente vulnerable y pone a un tipo armado a que la defienda. Empieza la justicia privada” * Asegura Benítez Manaut: “Los mismos gringos no van a aceptar mucha militarización de su frontera” * Los narcos mexicanos “no son sujetos de negociación”, asegura * Concluye: “Se han convertido en un poder por encima de cualquier otro poder”
La violencia en México ha escalado a niveles preocupantes. Los medios de comunicación dan cuenta de las acciones de la delincuencia organizada que son dignas de cualquier guión cinematográfico, y resultará trillado, pero de nueva cuenta la “realidad supera la ficción”.
No podemos dejar de sentirnos atemorizados por las ejecuciones que a diario se registran en el territorio nacional, de la saña con que personas fueron decapitadas. De acuerdo al diario español El País, en lo que va del presente año “41 personas han aparecido o sin cabeza o sin cuerpo.”
Tal parece que estamos frente a un panorama comparable al de Colombia en la década de los 80, cuando las luchas contra los diferentes cárteles de la droga sembraron el terror en todo un país. De repente empezamos a escuchar el término colombianización como una forma de referirse a la mezcla de violencia, corrupción e incapacidad gubernamental para enfrentar tal situación.
El inicio
Es necesario marcar que entre México y Colombia hay diferencias político-sociales que de una u otra forma los llevaron a disputar los nada honrosos primeros lugares en diversos crímenes. Como ejemplo citemos los asesinatos de periodistas y los secuestros, en los que estas naciones registran el primer y segundo lugares, respectivamente, en América Latina. Situación que los ha llevado a ser comparados con países de Medio Oriente.
El periodista colombiano Jorge Cardona Alzate explicó a esta reportera, durante un viaje a Bogotá en el 2007, cómo inició la problemática colombiana. En sus palabras, a la aparición de los tres principales movimientos guerrilleros –Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (1964), Ejército de Liberación Nacional (1965) y Ejército de Liberación Popular (1967)– hay que sumarle que “el Estado empezó a verse desprotegido y por asesoría norteamericana decidieron que existía la necesidad de crear grupos de autodefensa para hacerle frente a esta amenaza”.
Mientras gobierno y guerrillas se encontraban en completo enfrentamiento, de una manera casi silenciosa apareció el narcotráfico en escena.
Durante el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978) el tráfico de estupefacientes creció considerablemente, alcanzando magnitudes prácticamente incontrolables y desatando la llamada economía sumergida que proporcionaba a Colombia un respiro a la crisis económica que enfrentaba en esos años. Inclusive al grado de plantear la legalización del comercio de las drogas y así asegurar la redistribución de las ganancias.
El asesinato del candidato liberal Luis Carlos Galán, en agosto de 1989, marcó el inicio de la guerra del Estado contra los cárteles colombianos y por la presión de Estados Unidos implementó la extradición de los capos colombianos a territorio estadunidense.
La reacción de los delincuentes fue en extremo violenta al activar bombas en lugares públicos, asesinar a diversas personalidades políticas y secuestrar a todo aquel que pudiera servir para sus propósitos: evitar la extradición.
El comparativo
Si bien es cierto en México no se libra una batalla abierta con grupos guerrilleros, la aparición de cuerpos de seguridad privada abre un nuevo escenario en el contexto de violencia.
Jorge Cardona Alzate vislumbraba, en el 2007, un serio problema para México y que sin duda ahora es un detonante del que hay que estar al pendiente: el secuestro.
“Parte del conflicto colombiano se explica por el tema del secuestro que crece cada día más en México. Cuando una sociedad termina secuestrada se siente vulnerable y pone a un tipo armado a que la defienda. Empieza la justicia privada”, sentencia el periodista Jorge Cardona.
En su libro Historia del Cartel, Camilo Chaparro narra la aparición de un grupo denominado Muerte a Secuestradores (Mas) que surgió en 1981 cuando más de 200 narcotraficantes decidieron reclutar, financiar y entrenar a un grupo de sicarios para liquidar a integrantes del grupo guerrillero M-19, responsables del secuestro de Martha Nieves Ochoa, integrante de clan Ochoa, del cártel de Medellín.
El surgimiento del Mas significó la aparición de un paramilitarismo diferente, pues no se trataba exactamente de un grupo de “autodefensa” ante los ataques guerrilleros, sino más bien de una extensión de los ejércitos privados al servicio de las industrias y de los empresarios del narcotráfico.
Autoridades y sociedad deben abrir los ojos ante la aparición de grupos paramilitares en nuestro país. Chihuahua, entidad donde se ha concentrado el combate al narcotráfico, es sin duda el escenario para las acciones de dichos grupos.
En el pasado mes de enero los medios de comunicación dieron cuenta de la aparición del Comando Ciudadano pro Juárez, grupo posiblemente financiado por empresarios afectados por la criminalidad y cuya misión es terminar con la vida de un criminal cada 24 horas.
El factor común
Si bien es cierto que los casos de violencia en Colombia y en México guardan ciertas diferencias, hay un factor común que de alguna u otra forma está presente en las acciones emprendidas por estas naciones para enfrentar dicho problema, se trata de la intervención de Estados Unidos.
De las negociaciones entre los entonces presidentes de Colombia y Estados Unidos, Andrés Pastrana y Bill Clinton, nació el Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado de Colombia, mejor conocido como Plan Colombia. Proyecto que tiene como propósito disminuir la producción de drogas y el conflicto armado.
El llamado Plan México, Iniciativa Mérida, parece a todas luces una copia del Plan Colombia. En ambos casos Estados Unidos entrega millones de dólares destinados al entrenamiento, equipamiento y fortalecimiento de las fuerzas armadas de ambos países.
El costo de esta ayuda es muy alto para la soberanía de las naciones receptoras. En palabras del actual vicepresidente colombiano, Francisco Santos, el plan ha sido utilizado para pedirle a Colombia “un sometimiento silencioso e inclinación reverencial”.
En nuestro país, recientemente, se desató la polémica respecto a la posibilidad de que el vecino del norte militarice la frontera común con México. Al respecto Forum conversó con el investigador Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien sostiene que no hay ningún problema en esta acción por parte de Estados Unidos, pues nuestro país ya tiene militarizada por lo menos la frontera con Chihuahua.
“Los mismos gringos no van a aceptar mucha militarización de su frontera. Yo creo que son más discursos bravucones del gobernador de Texas, mister Rick Perry, que está como loco, él sólo sabe contar tanques y helicópteros”, sostiene el también académico y agrega que se trata de “discursos como para decir ‘estamos preocupados por lo que está pasando en Ciudad Juárez y en Tijuana’”.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Robinette, declaró la posibilidad de pactar con los narcotraficantes como sucedió en el llamado Plan Medellín, donde se negoció la entrega del capo Pablo Escobar, ¿es viable esta salida para el problema mexicano?
—No. Porque es una situación muy ríspida. Los mismos narcotraficantes crearon un estado de terror con los descabezamientos; eso ha generado una imagen muy negativa de ellos como sujetos de negociación… Son unos desgraciados que cortan cabezas, un gobierno no puede pactar con ellos.
Además en el caso colombiano existía algo que negociar: la no extradición de los capos a Estados Unidos. En México se han convertido en un poder por encima de cualquier otro poder.
Desgraciadamente, va a ser una guerra que se va a librar contra el Ejército.
¿No hay otra salida?
—Otra salida va a ser fortalecer todo el aparato judicial, eso ayudaría mucho a que no fuera una guerra descarnada con violaciones a derechos humanos.
Dadas las actuales condiciones económicas, el narcotráfico se presenta como una posibilidad de ingresos para muchas personas, lo que representa una posibilidad de movilidad social al interior del narcotráfico que, como bien señala el especialista del CISAN, será un ascenso social “a cabeza cortada”, lo que probablemente genere un escenario de mayor violencia.
No cabe duda, México de nueva cuenta ha superado a Colombia en todos aquellos elementos negativos que formaron ese concepto de colombianización. La pregunta sería si llegaremos a niveles peores para empezar a hablar de la mexicanización.
Aumentan quejas contra el Ejército
De la redacción / Cimacnoticias
cimac1@laneta.apc.org
* Se han sextuplicado con Felipe Calderón Hinojosa, denuncian ante la CIDH
Las quejas contra el Ejército Mexicano por violaciones a los derechos humanos se sextuplicaron en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón, reveló un estudio presentado el 20 de marzo por seis organizaciones civiles mexicanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de un incremento drástico gubernamental del uso del Ejército para el combate al narcotráfico.
Según los datos obtenidos por estas organizaciones a través de solicitudes de acceso a la información, el número de quejas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional se ha incrementado de 182 en 2006 a mil 230 en 2008. Las quejas incluyen cateos ilegales, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, torturas, y en 28 casos, según notas periodísticas, las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por militares culminaron en muertes.
“Venimos a esta comisión para demostrar el daño colateral de implicar a las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico”, dijo Juan Carlos Gutiérrez Contreras, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). “Parte del problema, es que estas quejas casi nunca son investigadas o son llevadas al fuero militar, en donde el Ejército se convierte en juez y parte, lo que desde luego propicia la impunidad”, puntualizó.
Según el reporte, en los últimos dos años, la Procuraduría Militar ha consignado menos de una de cada 10 averiguaciones previas abiertas en contra de soldados por delitos cometidos contra civiles. No se sabe de ninguna sentencia condenatoria en el sexenio actual para violaciones graves a los derechos humanos.
“Todos los días escuchamos alguna queja contra el Ejército, nueva, muchas muy graves como violaciones sexuales e incluso ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, nunca hemos escuchado que alguien del Ejército haya sido sentenciado por alguna de estas quejas”, dijo Luis Arriaga Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Las experiencias documentadas por las organizaciones mexicanas en las que la Procuraduría de Justicia Militar asume la competencia sobre una supuesta violación a los derechos humanos, arrojan un saldo nulo en cuanto al acceso a la justicia por parte de las víctimas.
La aplicación de la jurisdicción militar a los casos de derechos humanos se debe, particularmente, a que el texto del Código de Justicia Militar mexicano transgrede otros bienes jurídicos más allá de la disciplina militar, incluso las violaciones de derechos humanos.
Así, esta legislación permite que cualquier delito cometido por militares, sin importar cuál sea el bien jurídico afectado, sea investigado por la procuraduría castrense y juzgado por los tribunales del mismo ámbito.
“El texto del Código de Justicia Militar debe ser modificado, porque implica una ampliación indebida del alcance de la jurisdicción militar sobre violaciones de derechos humanos,” dijo Luis Miguel Cano, de Fundar. “El sistema de justicia militar mexicano carece de independencia e imparcialidad por su propia estructura, al ser un sistema de justicia penal dependiente del Poder Ejecutivo, con jueces y otros funcionarios nombrados por y al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, misma que puede decretar el desistimiento de la acción penal por razones discrecionales”.
En el pasado la CIDH ha emitido recomendaciones específicas al Estado mexicano ordenando que las investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean llevadas a cabo en la jurisdicción penal ordinaria mexicana y no en la jurisdicción militar. Sin embargo, el Estado mexicano no ha tomado las medidas correspondientes para asegurar que la jurisdicción castrense se abstenga de conocer de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
Las organizaciones que formaron parte de la audiencia y presentaron el documento a la CIDH son: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Red Todos los Derechos para Todos y Todas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
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