PERIODISTAS CENSURADOS Y PERSEGUIDOS
LOS PERIODISTAS CENSURADOS Y PERSEGUIDOS
¿En qué podemos ver el desarrollo y la cultura de un país sino en su tolerancia a las ideas?, sinembargo lo gobiernos extremistas se han dejado ver por sus actitudes dictatoriales y de cerrazón, admitieno sólo sus ideas e imponiendo por el bien de sus ciudadanos.
Hoy no es ya Carmen Aristegui- que nuevamente se encuentra su voz en la radio-, hoy no es Ricardo Rocha, tampoco es Monitor hoy es la revistaContralí nea que ha sido perseguida por el gobernador de Sonora Eduardo Bours.
Hoy la censura la vive Miguel Badillo director de Contralínea -de quien alguna vez conocí en una entrevista de trabajo-, junto con él se encuentra detenido Ana Lilia Pérez reportera de la misma revista.
Espero que no por ser un medio no tan conocido como Proceso, La jornada porque sus periodistas no son tan reconocidos como Carmen Aristegui, Ricardo Rocha, Lydia Cacho entre otros, se les llegue a dejar de lado.
Saludos
Analistas, académicos y comunicadores de
México y del orbe condenan el uso del Poder Judicial contra la libertad
de expresión y el periodismo de investigación.
Las constantes agresiones contra periodistas, la reciente detención de Miguel Badillo, director de las revistas Contralínea, periodismo de investigación y Fortuna. Negocios y finanzas, y la orden de aprehensión contra la reportera Ana Lilia Pérez despertaron indignación y censura en México y el mundo.
Durante
el primer semestre de 2008 se registraron 95 ataques contra
informadores: 30 agresiones físicas, 16 amenazas, seis asesinatos,
cuatro atentados, nueve aprehensiones, cuatro cateos y tres levantones (Contralínea 117).
Figuras
políticas, defensores de los derechos humanos, asociaciones civiles e
informadores alertan que con estos actos no sólo se coarta la libertad
de prensa, sino el acceso de la sociedad a la información. Por ello,
reprueban la violación de garantías individuales y el abuso de poder de
las autoridades, pues amenazan el libre ejercicio periodístico.
Al
referirse a la detención de Badillo –por cometer un supuesto “desacato
a mandato judicial”–, el académico Sergio Aguayo Quezada señala que la
democracia mexicana es “imperfecta y subdesarrollada, por lo que la
defensa de derechos como el de la libertad de expresión es muy brutal”.
El especialista estima que no existen controles y quien tiene más poder
tiene mayor capacidad para defender sus intereses.
El
también activista de los derechos humanos añade que quienes representan
la defensa por los derechos sociales son quienes “han llevado la peor
parte en la reacción de los poderosos”. Sin embargo, apunta que no hay
más alternativa que seguir luchando, aunque en esa democracia
imperfecta ocurre que los organismos que deberían tutelar esos
derechos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
funcionan para muy poco”.
Aguayo
Quezada –quien promovió el derecho a saber en torno al verdadero
resultado de las boletas electorales de 2006 y se amparó ante el Poder
Judicial para evitar la destrucción de esos documentos– considera que,
pese a la debilidad de la CNDH, la reacción de una parte del gremio
periodístico demuestra que está dispuesto a defender la libertad de
expresión: “Prueba que en México existe una base social que permite la
defensa de ciertos derechos y de ciertas libertades”.
El
columnista reflexiona que “es terrible cuando uno se ve acosado y
perseguido: hay una sensación de impotencia y de agobio que se atenúa
cuando viene la solidaridad de los colegas. Contralínea es un
ejemplo del hostigamiento al que están sujetos los periodistas y medios
de comunicación y, al mismo tiempo, de la capacidad que tenemos si no
para derrotar totalmente estas amenazas, sí al menos para expresar
solidaridad”.
No
obstante, Aguayo menciona que los periodistas siguen siendo víctimas
potenciales para el abuso permanente y no se debe dejar de llamar la
atención sobre este hecho. Considera que la detención de Badillo
obedece a que Contralínea “señaló los intereses creados, que
desde siempre han existido en México, entre esas paraestatales y las
empresas privadas. La reacción, cuando se tocan intereses creados, es
la que están padeciendo; eso tiene que ver con la corrupción que permea
la vida mexicana y a la que se suma la inoperancia de los órganos
defensores de los derechos humanos”.
Aguayo
explica que en un sistema judicial corrupto habrá igualmente esa
procuración de justicia ineficaz para proteger a los ciudadanos. “Se
trata de un Estado timorato frente a intereses creados, e ineficaz,
porque estamos ante un gobierno más preocupado en atender a los
empresarios que en defender a sus ciudadanos”.
En
relación con las demandas civiles interpuestas por el Grupo Zeta Gas y
Oceanografía por supuesto daño moral en contra de esta publicación y
sus periodistas, Ernesto Villanueva, especialista en el derecho a la
información, dice que “con estas medidas inhibitorias, se buscan acotar
los márgenes de información de la propia revista”.
Para
el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la detención fue un
ejercicio abusivo. “Envían como mensaje a la sociedad que existen
personajes intocables, lo que es poco afortunado para la libertad de
expresión. Hay que condenar este tipo de actividades; no sólo es un
asunto personal contra el director de Contralínea, sino contra quienes ejercen seriamente el periodismo”.
Advierte que éste no debe ser visto como un caso aislado, sino como un reflejo de la judicializació n de la vida periodística. Para el también impulsor de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la vida
privada debe tener primacía. No obstante, menciona que “la tolerancia
de personajes y servidores públicos cada día es menor, mientras son más
los temas de interés público”.
Sugiere
que, como en el pasado, “se reitere la importancia de la libertad de
expresión, sobre todo cuando se tratan temas de interés que involucran
servidores y personajes públicos”.
Para
el exdiputado federal Jesús González Schmal, con la despenalizació n de
los delitos contra el honor, se trasladó al Código Civil “un
instrumento perverso de persecución a la libertad de expresión”. Quien
presidiera la comisión especial para investigar los negocios de los
hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, comenta que
una reglamentació n mal formulada en el Código Civil es una expresión de
intimidación para los periodistas.
Ofensiva desde el poder
El
17 de enero, en gira de trabajo por Carichi, Chihuahua, Andrés Manuel
López Obrador, excandidato a la Presidencia de la República, calificó
de injusta la detención de Badillo.
Advirtió
que este tipo de actos no deben ser permitidos. Llamó a los
comunicadores, quienes denuncian actos de corrupción, a no dejarse
intimidar por las amenazas del gobierno, pues “no van a lograr su
propósito. Yo les digo a todos los luchadores sociales que sigan
adelante”.
La lectura de Alfredo Jalife Rahme sobre la detención del director de Contralínea apunta a una intimidación; “forma parte de una venganza personal de
Felipe Calderón” y una respuesta a la abierta declaración de Badillo
sobre la entrega a Andrés Manuel López Obrador de los contratos
firmados por Juan Camilo Mouriño con Petróleos Mexicanos (Pemex). “Eso
es muy fuerte –califica– y, por menos, matan”.
El
también miembro de la Federación Internacional de Médicos para la
Prevención de la Guerra Nuclear, que en 1985 mereció el Premio Nobel de
la Paz, aconseja “no bajar la guardia, sino pasar a la contraofensiva,
porque el arresto es lo micro y, a mi juicio, lo macro es amedrentar”.
Prevé
que el entorno para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
podría endurecerse desde el poder político: “Por un lado, permiten el
regreso del programa de Carmen Aristegui, pero lo que más les molesta
es el periodismo de investigación, el cual siempre llega a Los Pinos,
pues aporta datos duros, que ellos ponen en tela de juicio”.
El
analista observa un escenario de endurecimiento para la prensa mexicana
como un efecto de la recesión estadunidense, ya que podría llegar una
crisis social en aquel país que se extendería a México, por su profunda
integración con Estados Unidos. Observa que vendría mayor “cerrazón” y
la libre expresión sería sacrificada: “En ese contexto marcaría el gran
aviso contra ustedes”.
La
“sombra de esa intolerancia” sería la detención de Miguel Badillo y el
desplegado que se generó desde Jalisco en contra de los análisis de
Jalife Rahme, experto en geopolítica, “de donde vendrán otros pasos
contra la libertad de expresión”.
Para
el abogado Jesús González Schmal, es inconcebible un atropello como la
detención de Badillo, pues nunca fue requerido para un proceso
judicial. Ello, sostiene, es una violación a las garantías previstas en
los artículos 14 y 16 de la Constitución.
Expresa que es posible que tras la demanda de Jesús Alonso Zaragoza López esté “la mano negra de otros personeros del gobierno, que lo están usando para ese
propósito”. No descarta que “puedan ser las graves revelaciones que ha
hecho Contralínea de los magnates en el gobierno lo que puede estar desatando esta persecución”.
Además,
asegura que “quienes creemos en el régimen de derecho y en la libertad
de expresión, y hemos sido testigos del extraordinario servicio a la
verdad que ha dado Contralínea a nuestro país, no podemos sino protestar enérgicamente contra tales modos de operar la justicia mexicana”.
El
especialista en reservas petroleras, economista e historiador, Fabio
Barbosa Cano, se pronuncia contra lo que llama “el atentado contra
Miguel Badillo”. Expresa que “es insoportable la prepotencia del
gobierno, la hipocresía de los perredistas y el grado de sometimiento
del llamado Poder Judicial”.
El
también académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la
UNAM y asesor del Senado de la República en temas energéticos se dio a
la tarea de transmitir de motu proprio la información sobre
la detención de Badillo entre organizaciones de trabajadores y
profesionales petroleros de México y el extranjero, en virtud de que
los reportajes de Contralínea documentan irregularidades y
deficiencias en la paraestatal Pemex, que inciden en su ámbito laboral
y en la defensa de los recursos del país.
Raúl
Benítez Manaut, especialista en temáticas de seguridad nacional, teoría
militar y resolución de conflictos, manifestó su preocupación por la
ejecución de esa orden de aprehensión y su solidaridad al equipo
editorial, al tiempo que resaltó la gravedad del hecho.
Repercusión global
Tan
pronto trascendió entre las organizaciones periodísticas
internacionales la privación de la libertad de Miguel Badillo, comenzó
a fluir la preocupación por su seguridad y por la dureza de la medida
avalada por el gobierno.
Red Voltaire–organizació n dedicada al análisis de las relaciones internacionales,
dirigida por el periodista francés Thierry Meyssan– abordó el caso en
una nota titulada “Delitos flagrantes”: “El periodista Miguel Badillo
fue detenido por la policía bancaria mexicana. Ha sido objeto de
procesos judiciales por parte de la empresa Multigas, una filial del
Grupo Zeta Gas. En virtud de la orden de un juez de Guadalajara, el
colaborador de Red Voltaire fue internado en prisión por
publicar una serie de artículos y documentos que sustentan un vasto
sistema de tráfico de influencias, que implica a altas personalidades
de México”.
Entretanto,
Rosa María Holguín, representante en México de la Federación
Latinoamericana de Periodistas (Felap), lanzó la alerta por la amenaza
a la libertad de expresión que significó la sanción administrativa
contra Badillo. De inmediato, ese llamado tuvo eco en todo el
hemisferio. Se recibió en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos
Aires, en el Sindicato de Periodistas de Paraguay, en la Federación
Nacional de Periodistas de Brasil, en la agencia noticiosa Prensa
Latina y en la Unión de Periodistas de Cuba.
También
se sumaron a la alerta los colegios de periodistas de Nicaragua;
Colombia; sección Santander y Pichincha, Ecuador; así como las
asociaciones de periodistas de Guatemala y Perú, que se pronunciaron en
estos términos: “Alerta-LE. Hostigamiento judicial al director de Contralínea y Fortuna;
policías lo detienen en la ciudad de México”. El anuncio estableció
que: “La figura de daño moral es utilizada para censurar e intimidar la
labor de investigación periodística sobre temas de interés público”.
En
Europa, Suzanne Crooy Kristensen, oficial administrativa de la
organización Apoyo Internacional a los Medios, con sede en Copenhague,
Noruega, respondió de manera expedita a la noticia y ofreció la
asistencia inmediata de la instancia para apoyar la defensa de ambos
periodistas.
A
su vez, el medio digital de la organización cultural Kaosenlared –en el
que se expresan personas y organizaciones de la izquierda
anticapitalista– divulgó la denuncia entre lectores de Cataluña, Euskal
Herria (Vasconia), Andalucía, Galicia, Madrid, Extremadura, Terrassa y
Comarca, España, y de Francia y Portugal.
La información, con el título “Repudio a la detención del periodista Miguel Badillo Cruz”, reiteró la condena contra este hecho.
También
la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex)
rechazó y condenó el hecho. Por medio de un comunicado, demandó el cese
a las agresiones contra informadores en todo el país. La declaración
firmada por Roberto Piñón Olivas, presidente del organismo, y Teodoro
Rentería Arróyave, vicepresidente de la Felap, asienta que las
autoridades resultan expeditas al momento de ejercer presión e
intimidación contra los periodistas y los medios de comunicación.
Las
organizaciones defensoras de periodistas se dicen preocupadas por “la
regresión de autoridades y particulares que buscan recovecos legales
para amordazar a la prensa, ante la desaparición de los delitos de
difamación y calumnia, buscando otros tipos jurídicos para ejercer la
represión”.
Durante la entrevista realizada a Ana Lilia Pérez, en la emisión radiofónica Entérese con Teodoro Rentería,
del 16 de enero, Piñón Olivas exigió la intervención del presidente
Felipe Calderón para respetar la “de por sí lastimada libertad de
expresión”. Calificó la situación como delicada, pues con anterioridad
la Fapermex había denunciado las agresiones de Grupo Zeta Gas.
Indignación de periodistas
Desde México hubo plumas y voces que también desaprobaron el hecho. Bajo el título “Miguel Badillo Cruz, Contralínea,
Zeta Gas y Pemex”, Federico Arreola examina los entretelones del
arresto al director de esta revista. En su columna publicada en El Sendero del Peje, el fundador del diario Milenio se expresa en estos términos: “(Badillo) Ha realizado, durante los
últimos 15 años, algunos de los más importantes trabajos de
investigación que haya difundido el diarismo mexicano”.
El también fundador del diario Reforma menciona que “personas económicamente pujantes y bien conectadas con el
primer círculo del gobierno federal se sintieron con la fuerza y la
influencia necesarias para lanzarse en contra de un periodista de
recursos modestos”.
Humberto Musacchio, en su columna La república de las letras, publicada el 19 de enero en el diario Excélsior,
apunta que la actitud de los jueces “que se prestan para perseguir y
reprimir a quienes se atreven a ejercer la libertad de expresión y a
cumplir su función de hacer públicos los asuntos públicos” representa
una amenaza para el gremio.
Ese mismo día, durante la emisión de La red de Radio Red,
el periodista Sergio Sarmiento opinó: “En caso de que la información
fuera incorrecta, hay legislación en contra de la calumnia, que es la
atribución falsa de delitos, pero buscar la detención de un periodista
por publicar una entrevista que se concedió, me parece inaceptable, más
perseguirlo por realizar investigaciones” .
Miguel Ángel Granados Chapa en su programa radiofónico Plaza Pública, del 19 de enero, calificó de aberrante la decisión del juez José Manuel Pérez León, quien falló en contra del director de Contralínea y Fortuna y de la reportera Ana Lilia Pérez, el 30 de mayo de 2008, en la demanda
promovida por el contratista de Pemex, Jesús Alonso Zaragoza López.
Expuso que este caso es semejante a la sentencia por daño moral que recibió Alfredo Rivera Flores, autor del libro La sosa nostra,
quien fuera demandado por el diputado federal Gerardo Sosa Castelán.
“No podemos –aseguró– admitir que se violente la libertad de
información y expresión y el acceso a la información del público, por
denuncias y demandas de carácter civil, que buscan preservar intereses
torcidos, particulares, frente al interés general”.
http://redmexciudadanos.blogspot.com/
"Este mensaje es público, ajeno a cualquier partido . Es PERMITIDO su reenvío y uso para fines de cultura política y desarrollo de la conciencia social".
¿En qué podemos ver el desarrollo y la cultura de un país sino en su tolerancia a las ideas?, sinembargo lo gobiernos extremistas se han dejado ver por sus actitudes dictatoriales y de cerrazón, admitieno sólo sus ideas e imponiendo por el bien de sus ciudadanos.
Hoy no es ya Carmen Aristegui- que nuevamente se encuentra su voz en la radio-, hoy no es Ricardo Rocha, tampoco es Monitor hoy es la revistaContralí nea que ha sido perseguida por el gobernador de Sonora Eduardo Bours.
Hoy la censura la vive Miguel Badillo director de Contralínea -de quien alguna vez conocí en una entrevista de trabajo-, junto con él se encuentra detenido Ana Lilia Pérez reportera de la misma revista.
Espero que no por ser un medio no tan conocido como Proceso, La jornada porque sus periodistas no son tan reconocidos como Carmen Aristegui, Ricardo Rocha, Lydia Cacho entre otros, se les llegue a dejar de lado.
Saludos
Analistas, académicos y comunicadores de
México y del orbe condenan el uso del Poder Judicial contra la libertad
de expresión y el periodismo de investigación.
Las constantes agresiones contra periodistas, la reciente detención de Miguel Badillo, director de las revistas Contralínea, periodismo de investigación y Fortuna. Negocios y finanzas, y la orden de aprehensión contra la reportera Ana Lilia Pérez despertaron indignación y censura en México y el mundo.
Durante
el primer semestre de 2008 se registraron 95 ataques contra
informadores: 30 agresiones físicas, 16 amenazas, seis asesinatos,
cuatro atentados, nueve aprehensiones, cuatro cateos y tres levantones (Contralínea 117).
Figuras
políticas, defensores de los derechos humanos, asociaciones civiles e
informadores alertan que con estos actos no sólo se coarta la libertad
de prensa, sino el acceso de la sociedad a la información. Por ello,
reprueban la violación de garantías individuales y el abuso de poder de
las autoridades, pues amenazan el libre ejercicio periodístico.
Al
referirse a la detención de Badillo –por cometer un supuesto “desacato
a mandato judicial”–, el académico Sergio Aguayo Quezada señala que la
democracia mexicana es “imperfecta y subdesarrollada, por lo que la
defensa de derechos como el de la libertad de expresión es muy brutal”.
El especialista estima que no existen controles y quien tiene más poder
tiene mayor capacidad para defender sus intereses.
El
también activista de los derechos humanos añade que quienes representan
la defensa por los derechos sociales son quienes “han llevado la peor
parte en la reacción de los poderosos”. Sin embargo, apunta que no hay
más alternativa que seguir luchando, aunque en esa democracia
imperfecta ocurre que los organismos que deberían tutelar esos
derechos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
funcionan para muy poco”.
Aguayo
Quezada –quien promovió el derecho a saber en torno al verdadero
resultado de las boletas electorales de 2006 y se amparó ante el Poder
Judicial para evitar la destrucción de esos documentos– considera que,
pese a la debilidad de la CNDH, la reacción de una parte del gremio
periodístico demuestra que está dispuesto a defender la libertad de
expresión: “Prueba que en México existe una base social que permite la
defensa de ciertos derechos y de ciertas libertades”.
El
columnista reflexiona que “es terrible cuando uno se ve acosado y
perseguido: hay una sensación de impotencia y de agobio que se atenúa
cuando viene la solidaridad de los colegas. Contralínea es un
ejemplo del hostigamiento al que están sujetos los periodistas y medios
de comunicación y, al mismo tiempo, de la capacidad que tenemos si no
para derrotar totalmente estas amenazas, sí al menos para expresar
solidaridad”.
No
obstante, Aguayo menciona que los periodistas siguen siendo víctimas
potenciales para el abuso permanente y no se debe dejar de llamar la
atención sobre este hecho. Considera que la detención de Badillo
obedece a que Contralínea “señaló los intereses creados, que
desde siempre han existido en México, entre esas paraestatales y las
empresas privadas. La reacción, cuando se tocan intereses creados, es
la que están padeciendo; eso tiene que ver con la corrupción que permea
la vida mexicana y a la que se suma la inoperancia de los órganos
defensores de los derechos humanos”.
Aguayo
explica que en un sistema judicial corrupto habrá igualmente esa
procuración de justicia ineficaz para proteger a los ciudadanos. “Se
trata de un Estado timorato frente a intereses creados, e ineficaz,
porque estamos ante un gobierno más preocupado en atender a los
empresarios que en defender a sus ciudadanos”.
En
relación con las demandas civiles interpuestas por el Grupo Zeta Gas y
Oceanografía por supuesto daño moral en contra de esta publicación y
sus periodistas, Ernesto Villanueva, especialista en el derecho a la
información, dice que “con estas medidas inhibitorias, se buscan acotar
los márgenes de información de la propia revista”.
Para
el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la detención fue un
ejercicio abusivo. “Envían como mensaje a la sociedad que existen
personajes intocables, lo que es poco afortunado para la libertad de
expresión. Hay que condenar este tipo de actividades; no sólo es un
asunto personal contra el director de Contralínea, sino contra quienes ejercen seriamente el periodismo”.
Advierte que éste no debe ser visto como un caso aislado, sino como un reflejo de la judicializació n de la vida periodística. Para el también impulsor de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la vida
privada debe tener primacía. No obstante, menciona que “la tolerancia
de personajes y servidores públicos cada día es menor, mientras son más
los temas de interés público”.
Sugiere
que, como en el pasado, “se reitere la importancia de la libertad de
expresión, sobre todo cuando se tratan temas de interés que involucran
servidores y personajes públicos”.
Para
el exdiputado federal Jesús González Schmal, con la despenalizació n de
los delitos contra el honor, se trasladó al Código Civil “un
instrumento perverso de persecución a la libertad de expresión”. Quien
presidiera la comisión especial para investigar los negocios de los
hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, comenta que
una reglamentació n mal formulada en el Código Civil es una expresión de
intimidación para los periodistas.
Ofensiva desde el poder
El
17 de enero, en gira de trabajo por Carichi, Chihuahua, Andrés Manuel
López Obrador, excandidato a la Presidencia de la República, calificó
de injusta la detención de Badillo.
Advirtió
que este tipo de actos no deben ser permitidos. Llamó a los
comunicadores, quienes denuncian actos de corrupción, a no dejarse
intimidar por las amenazas del gobierno, pues “no van a lograr su
propósito. Yo les digo a todos los luchadores sociales que sigan
adelante”.
La lectura de Alfredo Jalife Rahme sobre la detención del director de Contralínea apunta a una intimidación; “forma parte de una venganza personal de
Felipe Calderón” y una respuesta a la abierta declaración de Badillo
sobre la entrega a Andrés Manuel López Obrador de los contratos
firmados por Juan Camilo Mouriño con Petróleos Mexicanos (Pemex). “Eso
es muy fuerte –califica– y, por menos, matan”.
El
también miembro de la Federación Internacional de Médicos para la
Prevención de la Guerra Nuclear, que en 1985 mereció el Premio Nobel de
la Paz, aconseja “no bajar la guardia, sino pasar a la contraofensiva,
porque el arresto es lo micro y, a mi juicio, lo macro es amedrentar”.
Prevé
que el entorno para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
podría endurecerse desde el poder político: “Por un lado, permiten el
regreso del programa de Carmen Aristegui, pero lo que más les molesta
es el periodismo de investigación, el cual siempre llega a Los Pinos,
pues aporta datos duros, que ellos ponen en tela de juicio”.
El
analista observa un escenario de endurecimiento para la prensa mexicana
como un efecto de la recesión estadunidense, ya que podría llegar una
crisis social en aquel país que se extendería a México, por su profunda
integración con Estados Unidos. Observa que vendría mayor “cerrazón” y
la libre expresión sería sacrificada: “En ese contexto marcaría el gran
aviso contra ustedes”.
La
“sombra de esa intolerancia” sería la detención de Miguel Badillo y el
desplegado que se generó desde Jalisco en contra de los análisis de
Jalife Rahme, experto en geopolítica, “de donde vendrán otros pasos
contra la libertad de expresión”.
Para
el abogado Jesús González Schmal, es inconcebible un atropello como la
detención de Badillo, pues nunca fue requerido para un proceso
judicial. Ello, sostiene, es una violación a las garantías previstas en
los artículos 14 y 16 de la Constitución.
Expresa que es posible que tras la demanda de Jesús Alonso Zaragoza López esté “la mano negra de otros personeros del gobierno, que lo están usando para ese
propósito”. No descarta que “puedan ser las graves revelaciones que ha
hecho Contralínea de los magnates en el gobierno lo que puede estar desatando esta persecución”.
Además,
asegura que “quienes creemos en el régimen de derecho y en la libertad
de expresión, y hemos sido testigos del extraordinario servicio a la
verdad que ha dado Contralínea a nuestro país, no podemos sino protestar enérgicamente contra tales modos de operar la justicia mexicana”.
El
especialista en reservas petroleras, economista e historiador, Fabio
Barbosa Cano, se pronuncia contra lo que llama “el atentado contra
Miguel Badillo”. Expresa que “es insoportable la prepotencia del
gobierno, la hipocresía de los perredistas y el grado de sometimiento
del llamado Poder Judicial”.
El
también académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la
UNAM y asesor del Senado de la República en temas energéticos se dio a
la tarea de transmitir de motu proprio la información sobre
la detención de Badillo entre organizaciones de trabajadores y
profesionales petroleros de México y el extranjero, en virtud de que
los reportajes de Contralínea documentan irregularidades y
deficiencias en la paraestatal Pemex, que inciden en su ámbito laboral
y en la defensa de los recursos del país.
Raúl
Benítez Manaut, especialista en temáticas de seguridad nacional, teoría
militar y resolución de conflictos, manifestó su preocupación por la
ejecución de esa orden de aprehensión y su solidaridad al equipo
editorial, al tiempo que resaltó la gravedad del hecho.
Repercusión global
Tan
pronto trascendió entre las organizaciones periodísticas
internacionales la privación de la libertad de Miguel Badillo, comenzó
a fluir la preocupación por su seguridad y por la dureza de la medida
avalada por el gobierno.
Red Voltaire–organizació n dedicada al análisis de las relaciones internacionales,
dirigida por el periodista francés Thierry Meyssan– abordó el caso en
una nota titulada “Delitos flagrantes”: “El periodista Miguel Badillo
fue detenido por la policía bancaria mexicana. Ha sido objeto de
procesos judiciales por parte de la empresa Multigas, una filial del
Grupo Zeta Gas. En virtud de la orden de un juez de Guadalajara, el
colaborador de Red Voltaire fue internado en prisión por
publicar una serie de artículos y documentos que sustentan un vasto
sistema de tráfico de influencias, que implica a altas personalidades
de México”.
Entretanto,
Rosa María Holguín, representante en México de la Federación
Latinoamericana de Periodistas (Felap), lanzó la alerta por la amenaza
a la libertad de expresión que significó la sanción administrativa
contra Badillo. De inmediato, ese llamado tuvo eco en todo el
hemisferio. Se recibió en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos
Aires, en el Sindicato de Periodistas de Paraguay, en la Federación
Nacional de Periodistas de Brasil, en la agencia noticiosa Prensa
Latina y en la Unión de Periodistas de Cuba.
También
se sumaron a la alerta los colegios de periodistas de Nicaragua;
Colombia; sección Santander y Pichincha, Ecuador; así como las
asociaciones de periodistas de Guatemala y Perú, que se pronunciaron en
estos términos: “Alerta-LE. Hostigamiento judicial al director de Contralínea y Fortuna;
policías lo detienen en la ciudad de México”. El anuncio estableció
que: “La figura de daño moral es utilizada para censurar e intimidar la
labor de investigación periodística sobre temas de interés público”.
En
Europa, Suzanne Crooy Kristensen, oficial administrativa de la
organización Apoyo Internacional a los Medios, con sede en Copenhague,
Noruega, respondió de manera expedita a la noticia y ofreció la
asistencia inmediata de la instancia para apoyar la defensa de ambos
periodistas.
A
su vez, el medio digital de la organización cultural Kaosenlared –en el
que se expresan personas y organizaciones de la izquierda
anticapitalista– divulgó la denuncia entre lectores de Cataluña, Euskal
Herria (Vasconia), Andalucía, Galicia, Madrid, Extremadura, Terrassa y
Comarca, España, y de Francia y Portugal.
La información, con el título “Repudio a la detención del periodista Miguel Badillo Cruz”, reiteró la condena contra este hecho.
También
la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex)
rechazó y condenó el hecho. Por medio de un comunicado, demandó el cese
a las agresiones contra informadores en todo el país. La declaración
firmada por Roberto Piñón Olivas, presidente del organismo, y Teodoro
Rentería Arróyave, vicepresidente de la Felap, asienta que las
autoridades resultan expeditas al momento de ejercer presión e
intimidación contra los periodistas y los medios de comunicación.
Las
organizaciones defensoras de periodistas se dicen preocupadas por “la
regresión de autoridades y particulares que buscan recovecos legales
para amordazar a la prensa, ante la desaparición de los delitos de
difamación y calumnia, buscando otros tipos jurídicos para ejercer la
represión”.
Durante la entrevista realizada a Ana Lilia Pérez, en la emisión radiofónica Entérese con Teodoro Rentería,
del 16 de enero, Piñón Olivas exigió la intervención del presidente
Felipe Calderón para respetar la “de por sí lastimada libertad de
expresión”. Calificó la situación como delicada, pues con anterioridad
la Fapermex había denunciado las agresiones de Grupo Zeta Gas.
Indignación de periodistas
Desde México hubo plumas y voces que también desaprobaron el hecho. Bajo el título “Miguel Badillo Cruz, Contralínea,
Zeta Gas y Pemex”, Federico Arreola examina los entretelones del
arresto al director de esta revista. En su columna publicada en El Sendero del Peje, el fundador del diario Milenio se expresa en estos términos: “(Badillo) Ha realizado, durante los
últimos 15 años, algunos de los más importantes trabajos de
investigación que haya difundido el diarismo mexicano”.
El también fundador del diario Reforma menciona que “personas económicamente pujantes y bien conectadas con el
primer círculo del gobierno federal se sintieron con la fuerza y la
influencia necesarias para lanzarse en contra de un periodista de
recursos modestos”.
Humberto Musacchio, en su columna La república de las letras, publicada el 19 de enero en el diario Excélsior,
apunta que la actitud de los jueces “que se prestan para perseguir y
reprimir a quienes se atreven a ejercer la libertad de expresión y a
cumplir su función de hacer públicos los asuntos públicos” representa
una amenaza para el gremio.
Ese mismo día, durante la emisión de La red de Radio Red,
el periodista Sergio Sarmiento opinó: “En caso de que la información
fuera incorrecta, hay legislación en contra de la calumnia, que es la
atribución falsa de delitos, pero buscar la detención de un periodista
por publicar una entrevista que se concedió, me parece inaceptable, más
perseguirlo por realizar investigaciones” .
Miguel Ángel Granados Chapa en su programa radiofónico Plaza Pública, del 19 de enero, calificó de aberrante la decisión del juez José Manuel Pérez León, quien falló en contra del director de Contralínea y Fortuna y de la reportera Ana Lilia Pérez, el 30 de mayo de 2008, en la demanda
promovida por el contratista de Pemex, Jesús Alonso Zaragoza López.
Expuso que este caso es semejante a la sentencia por daño moral que recibió Alfredo Rivera Flores, autor del libro La sosa nostra,
quien fuera demandado por el diputado federal Gerardo Sosa Castelán.
“No podemos –aseguró– admitir que se violente la libertad de
información y expresión y el acceso a la información del público, por
denuncias y demandas de carácter civil, que buscan preservar intereses
torcidos, particulares, frente al interés general”.
http://redmexciudadanos.blogspot.com/
"Este mensaje es público, ajeno a cualquier partido . Es PERMITIDO su reenvío y uso para fines de cultura política y desarrollo de la conciencia social".
Comentarios