•Grupos empresariales acechan Pemex Gas

Sin más sectores e industrias que privatizar, el gobierno de Felipe Calderón
se ha propuesto por todos los medios aceptar inversiones extranjeras en el
sector energético, sin importar que algunas áreas estén reservadas sólo para
el Estado Mexicano. La apuesta de la administración panista es capitalizarse y
evitar mayores colapsos económicos en los cuatro años que le restan, aunque
ello signifique entregar el crudo y el gas a manos privadas y violar con ello la
Constitución y ceder la soberanía nacional.

En los últimos dos años el gobierno federal ha venido preparando en
Petróleos Mexicanos la privatización total de la industria del gas, objetivo
que prácticamente se ejecutará a partir de 2010, después de lograr la reforma
energética propuesta por Felipe Calderón, con lo cual se dio arranque formal
al proceso privatizador más ambicioso del actual sexenio de uno de los sectores
que aún están bajo la rectoría del Estado.

En ese interés panista por obtener dinero a cualquier costo, que le permita
ser un gobierno rico ante un pueblo pobre, son varios los operadores
gubernamentales que hacen el trabajo sucio a Calderón, y uno de ellos es
Gerardo Ruiz Mateos, actual secretario de Economía, quien entre 2007 y 2008 ha
operado en Pemex Gas y Petroquímica Básica las licitacio
nes y contratos mediante los cuales empresarios privados se encargarán de la
producción, almacenamiento, distribución y comercialización del gas, además
de que explotarán comercialmente el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), zona
toral del manejo del energético.

Por ahora son los grandes negocios que Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB)
entregará a la iniciativa privada: la producción de gas, la operación de las
terminales de regasificación, el almacenamiento en terminales, el servicio de
transporte y distribución por ducto y la comercialización del energético.

En el último trabajo periodístico de Ana Lilia Pérez y dado a conocer en la
portada de Fortuna, Negocios y Finanzas, se informa que apenas el mes anterior
inició con una feria de licitaciones en Pemex, a fin de convertir a esta
empresa del Estado en una simple administradora de contratos.

Lo anterior está detallado en el portafolios de negocios de la subsidiaria,
elaborado por su director general Roberto Ramírez Soberón, en cuyo documento
se revela como a partir de 2010, PGPB se limitará a emitir concesiones y
contratos de servicios y de obra pública, mientras que las empresas privadas
operarán también el Sistema Nacional de Gasoductos.

El trabajo de investigación de la reportera perseguida por el Grupo Zeta,
denuncia que fue Felipe Calderón, quien por medi
o del secretario Gerardo Ruiz Mateos, ha presionado a Roberto Ramírez Soberón
para imponerle los proyectos de infraestructura y contratos que la subsidiaria
emitirá para dejar en manos de los empresarios áreas de negocio que antes eran
exclusivas de Pemex. Esta velada privatizadora de PGPB se da en un momento en
que la tendencia mundial apunta a la sustitución del gas natural por el
petróleo.

La oposición del director general de Pemex Gas, Roberto Ramírez Soberón, a
la política privatizadora de Felipe Calderón, le ha acarreado muchos problemas
que lo tiene a punto de la renuncia. Y es que el funcionario petrolero con más
de 30 años al servicio de Pemex no comparte la entrega del gas al sector
privado y mucho menos en condiciones de corrupción y complicidad. Por ello el
secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, lo ha regañado al grado de
amenazarlo con correrlo si no apresura la apertura del sector y favorece a los
principales empresarios gaseros, todos amigos de Calderón cuando éste
despachaba en la secretaría de Energía junto con su amigo Juan Camilo
Mouriño.

Pero veamos que dice la investigación periodística de Ana Lilia Pérez sobre
el secretario privatizador Gerardo Ruiz Mateos: fue director de la empresa
fabricante de autopartes Automotive Moulding de México, hoy Linde Pullman
México, establecida en Querétaro, y se adhirió como militante del Partido
Acción Nacional en 1995.

Antes de su ascenso, entre enero de 2007 y agosto de 2008, Ruiz Mateos
frecuentó las oficinas corporativas de Pemex para ordenar a los directivos de
las subsidiarias los proyectos que debían "requerir" para las siguientes
dos décadas, cuyos contratos ya tenían destinatario. No había objeción; eran
órdenes del presidente. Las licitaciones se harían públicas a partir de 2009.

El asunto no es menor. Según su posición financiera, Pemex Gas es la séptima
empresa más importante de México en cuanto a la generación de ingresos
(después de Pemex corporativo, Pemex Exploración y Producción, Pemex
Refinación, Cemex, CFE, y Wal-Mart México) y la empresa más grande de
América Latina. Genera ingresos anuales por 20 mil 520 millones de dólares en
promedio, el 59 por ciento por venta de gas natural, el 25 por ciento por gas
licuado de petróleo, y el 16 por ciento por petroquímicos básicos, azufre y
otros.

En un primer momento, Roberto Ramírez Soberón se opuso a la ordenanza
presidencial, "porque simplemente no había manera de que eso se aprobara,
porque era demasiado evidente que favorecía a ciertos grupos empresariales".
Sin embargo, al cabo de los meses, tras una larga y constante perorata de Ruiz
Mateos, y a cambio de que no lo20despidieran, el ingeniero Ramírez Soberón
cedió a la imposición del presidente.

Los contratos privados

Los proyectos y el esquema de contratos que operará PGPB entre 2009 y 2030
fueron plasmados en un documento que se presentó ante el Consejo de
Administración el 7 de octubre de 2008, en el Día de la Energía.

El documento confirma que Pemex y sus trabajadores dejarán la cadena
industrial para que los privados se encarguen del procesamiento del energético,
endulzamiento de gas y condensados, así como de la recuperación de azufre en
los 10 centros procesadores: Pajaritos, Morelos, La Venta, Ciudad Pemex, Cactus,
Nuevo Pemex, Cangrejera, Burgos, Poza Rica y Matapionche.

La subsidiaria tiene actualmente una cartera de 895 clientes en la venta de gas
natural: el 43 por ciento es Pemex, el 31 por ciento el sector eléctrico, el 20
por ciento el industrial. En el GLP, el 86 por ciento es del sector residencial,
comercial e industrial; el 14 por ciento, automotriz. Respecto a la producción
de petroquímicos básicos, azufre y otros, la cartera incluye a 91 clientes
industriales y de exportación.

El Sistema Nacional de Gasoductos es conocido como la columna vertebral del
aparato de distribución de PGPB. Cuando se desempeñó como secretario de
Energía, Calderón había consentido que los empresarios gaseros instalaran
redes privadas o en mo
delos de asociación con PGPB. Al SNG se conectaron ocho sistemas de gasoductos
privados: Mayakán, Mier-Monterrey, Chihuahua, Tamaulipas, Palmillas-Toluca, Del
Río, Del Bajío, y Naranjos- Tamazunchale. Su extensión –3 mil 561
kilómetros– equivale al 39 por ciento de la longitud actual del SNG.

El nuevo esquema plantea la desincorporación de activos de distribución de
Pemex Gas para que sean los privados quienes operen todo el SNG: 8 mil 980
kilómetros de la red de ductos de gas natural y 1 mil 847 de gas licuado de
petróleo, además de las 28 terminales de distribución.

oficiodepapel@yahoo.com.mx







La Jornada
jueves 29 de enero de 2009 → Opinión → El silencio del Pentágono
John Saxe-Fernández
http://jsaxef.blogspot.com
El silencio del Pentágono
Desde hace años las concepciones del Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) de EU sobre los problemas primarios de "seguridad nacional" en México se centran de manera exclusiva e interesada en los efectos y no en las causas de la "inestabilidad". No es por miopía conceptual. Tampoco es asunto menor si se recuerda que cuando sus docentes del Colegio de Guerra han señalado que los programas de ajuste estructural del "consenso de Washington" (auspiciados por el Banco Mundial –BM–, el BID y el FMI) están en la raíz del problema de seguridad nacional en México, se les margina y hasta se les castiga con el cese fulminante de sus cargos.
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Se presentan así amenazas graves a la integridad territorial mexicana, ya que el DoD utiliza estos argumentos "para planificar el uso de su fuerza en las siguientes décadas, lo que haría evidente que la intervención militar debe estar considerada dentro de los escenarios posibles en la relación EU-México". En todo esto lo que más llama la atención es el silencio del Pentágono sobre el papel tan activo de EU en el auspicio de las condiciones básicas de esos "juegos de guerra" en los últimos 26 años al impulsar desde el FMI-BM-BID el retiro del Estado mexicano de sectores estratégicos desnacionalizando bancos, ferrocarriles, petróleo, electricidad, infraestructura, agricultura, agua, etcétera, y propiciando el desequilibrio sociopolítico por medio de la rigurosa aplicación (con el concurso de sus empleados en Los Pinos) de un guión basado en una drástica reducción del gasto público; la anulación de subsidios al campo, a los alimentos, al transporte para los sectores populares; la promoción de despidos masivos de burócratas, técnicos y trabajadores de las empresas privatizadas; la desregulación en beneficio de banqueros y comerciantes; la eliminación de límites a ganancias y al capital especulativo; la supresión del control de precios, devastando más el ingreso familiar con los topes salariales; la promoción de la apertura total e in discriminada a la inversión extranjera y a las mercancías y capitales del exterior, socavando empleo y aparato productivo; el auspicio de los inversionistas foráneos como piedra angular del modelo, instaurando una política cambiaria muy flexible que permite la entrada y salida irrestricta de capitales nacionales y extranjeros, es decir, con "libertad para saquear a un país si en otro hay mayor seguridad o mayores tasas de ganancia". Hasta hoy EU considera básica la libre oportunidad para especular en bolsas de valores y paraísos fiscales donde se bursatilizan y rematan nuestros activos estratégicos.
Tal es el recetario para la informalidad económica, la criminalidad y el narcotráfico. El Pentágono sabe que el estallido social está en curso y es de largo alcance: sin cambio de rumbo siguen balcanización e incautación del país.

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