SOBRE LOS SALARIOS MINIMOS
LA FARSA DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
por Arturo Alcalde Justiniani
(publicado en La Jornada el 20 de diciembre de 2009)
El raquítico incremento a los salarios mínimos pone en evidencia una política económica contraria a los intereses de los trabajadores, en un momento crucial de crisis. Lisa y llanamente, significa un despojo en la medida que el porcentaje impuesto de 4.6 por ciento promedio (4.2 por ciento en la zona A, que comprende la mayor parte de la población) es sensiblemente inferior a la inflación, aun considerando los datos del Banco de México, que bien sabemos están diseñados para aparentar una realidad distinta a la que confirma cotidianamente la población cuando acude a un mercado a comprar alimentos para la familia. La mala noticia será que hoy podrán adquirir menos que antes.
Basta analizar dos declaraciones para confirmar el teatro de mal gusto que envuelve esta decisión fundamental. La Confederación Patronal de la República Mexicana señaló: “En la visión humanista de Coparmex, nuestro foco está en la persona, y aunque no somos una institución de beneficencia, sí consideramos que la función de la empresa es la creación de valor para toda la sociedad… eso se hace, entre otros aspectos, con una compensación decente para sus colaboradores” (La Jornada, 16/dic/2008, p. 22). Surgen varios cuestionamientos: cómo se puede creer que dos pesos diarios constituyan un incremento “decente” frente a la inflación que todos conocemos; quién ha pensado que la Coparmex pueda considerarse una institución filantrópica, ¡sólo eso nos faltaba!, cuando es esencial el esfuerzo de los trabajadores para mantener funcionando el aparato productivo. ¡Y ahora resulta que el incremento salarial es una limosna!
Enrique Aguilar Borrego, presidente del Congreso del Trabajo, señaló: “es inaceptable un alza a los mínimos por abajo del 4 por ciento” (Reforma, 16/dic/2008, p. 2); con esta posición, podemos darnos una idea del grado de defensa que ejercen nuestros líderes obreros de la economía popular, es la vieja táctica de poner un límite bajo, para luego aparentar que se logró un avance al convenir un monto superior. Es famosa la anécdota de un viejo líder sindical de la industria de la confección que citaba a los patrones en el Sanborns Azulejos para preguntarles qué porcentaje de incremento salarial había decidido la empresa otorgar, si le decían que 5 por ciento, acudía a la asamblea muy fresco y con toda firmeza exclamaba: ¡Compañeros, ni un paso atrás, cinco por ciento o huelga!
Las reuniones realizadas por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) son una muestra de la farsa tripartita. El representante de la Confederación de Trabajadores de México llegó con la consigna de su líder, Joaquín Gamboa Pascoe, que días antes había anunciado que estaba listo “para sacrificarse más”. Después del acuerdo, los representantes regresaron a sus lujosos automóviles y a seguir sacrificándose. Se suman interrogantes: ¿habrá alguien que les crea? ¿Creerán ellos sus propias mentiras? ¿Qué sentido tiene esta pantomima frente a una sociedad ávida por participar responsablemente en el diseño de estrategias que nos permitan superar las dificultades de una crisis creciente? ¿No les dará vergüenza cobrar un sueldo por tan penosa tarea?
Resulta evidente que la CNSM es un acto de simulación en el que prevalece la voluntad del gobierno federal por vía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La opinión de este gobierno es que los trabajadores más desprotegidos del país se merecen dos pesos y centavos para salvar sus angustias, cubrir una inflación superior a 6 por ciento, y responder así a un 2009 que amenaza degradar aún más los niveles de vida. Este es el auténtico rostro de la política económica.
El razonamiento parece sencillo: si estamos en crisis, si sufrimos las consecuencias de una política económica equivocada que incluye los efectos de nuestra excesiva vinculación a la suerte de nuestro vecino del norte, deberíamos actuar como lo hacen las familias en estado de necesidad, apoyarse unos a otros, dando prioridad a los más necesitados. Si lo principal es proteger el bienestar colectivo, se impone la urgencia de una política de redistribución racional, suprimir los gastos superfluos, reducir los salarios excesivos y canalizar mayores recursos a quienes se ahogan en una pobreza creciente. Esta imposición del gobierno federal actúa en sentido contrario a una elemental política de derechos humanos, cuando hace tan sólo una semana que con motivo de la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue presentado el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, que en su capítulo del derecho al trabajo adquirió el compromiso de “promover que los salarios fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aseguren a todos los trabajadores y empleados una garantía social básica… Diseñar y ejecutar un programa nacional de trabajo digno, cuyo objetivo sea garantizar la vigencia de los derechos humanos laborales”.
Hoy más que nunca resulta evidente la necesidad de un debate nacional sobre la política salarial y, en particular, el papel que juega el salario mínimo en el modelo económico. No podemos resignarnos a la tesis de que cualquier mejora salarial es inflacionaria y que la única medicina posible es sacrificar a los trabajadores. Con esta visión reducida, sólo se abate el mercado interno y se condena a los trabajadores a vivir peor. Buena parte de la responsabilidad de la crisis mundial se deriva de políticas que acorralando a los deudores les impidieron cumplir con las obligaciones hipotecarias contraídas. En México, una expresión de esta política ha generado el desastre relacionado con las tarjetas de crédito. Deberíamos aprender de otros países que han puesto el énfasis en la recuperación salarial para reducir inequidades y dinamizar su economía.
Por lo pronto, habría que desaparecer la inservible Comisión Nacional de Salarios Mínimos y rescatar la propuesta de hacer depender esta función de la Cámara de Diputados. Sería un buen propósito de fin de año.
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A LOS MÁS DE 5 MILLONES DE TRABAJADORES QUE GANAN HASTA UN SALARIO MÍNIMO: ¡EL AUMENTO A LOS SALARIOS MÍNIMOS NO ALCANZA NI PARA COMPRAR UN PAN DE DULCE!: JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN
Como lo habíamos anticipado el 17 de diciembre del presente año, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) fijó un porcentaje insuficiente y ridículo para los salarios mínimos generales que regirán en las tres áreas geográficas de nuestro país para el 2009. El aumento decretado por la CNSM para los salarios mínimos en las tres áreas geográficas fue en promedio de dos pesos con treinta centavos (4.6 por ciento), acorde con lo que Javier Lozano Alarcón había planteado el 16 de diciembre del presente.
Este aumento de dos pesos no les alcanzará a los más de 5 millones de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo ni para comprar un pan de dulce, en virtud de que este alimento cuesta mínimamente en panaderías y centros comerciales alrededor de 4 pesos. El pan de dulce de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, oscila entre 4 pesos y hasta 8 pesos, dependiendo el tamaño y la variedad, por lo que con los dos pesos que se decretaron como “aumento” a los mínimos ni este producto se puede adquirir.
De acuerdo con cifras publicadas por el Banco de México, la inflación anualizada es de 6.23%, cifra dudosa sobre todo si observamos que no coinciden con los datos del Fondo Monetario Internacional quienes plantean que la inflación para nuestro país oscila aproximadamente en 8%. Asimismo, los aumentos a los productos de consumo popular como el aceite, el frijol, jitomate y pan blanco en el periodo de enero a noviembre de este año es de 42.10%, 22%, 52.1% y 20%, respectivamente.
No podemos decir que estos dos pesos sea un aumento salarial, sino constituyen migajas para los trabajadores. Los responsables de este nueva agresión son tanto Calderón, como Lozano Alarcón y obviamente Basilio González Núñez, presidente de la CNSM, quien preside este organismo proempresarial desde 1991, y se ha convertido en un experto en la contención de los salarios.
El gobierno de Felipe Calderón con estas acciones está llevando al límite a la población, profundizando los niveles de hambre y de pobreza, con el contubernio de los llamados representantes obreros que son parte de la CNSM, quienes ni siquiera se atrevieron a firmar bajo protesta, tal y como lo reconoció cínicamente José Luís Carazo, supuesto representante “obrero” en dicha comisión, dejando con ello constancia del sometimiento del Congreso del Trabajo, de la CTM y demás organizaciones charriles al servicio del gobierno.
Es una vergüenza que el presidente electo de los Estados Unidos de América, Barack Obama, tenga como una de sus prioridades la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores norteamericanos, en un país cuyo nivel de ingresos es diez veces superior al nuestro, mientras Calderón en sentido opuesto sigue impulsando el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.
Hoy como hace 100 años la población mexicana está en condiciones de extrema pobreza, de desnutrición, de represión por parte del gobierno, lo que condujo a la población en 1910 a llevar a cabo la Revolución Mexicana. De igual modo, hoy la respuesta de los trabajadores no va tardar y seguramente las movilizaciones en rechazo a estos salarios, y la exigencia de aumento salarial de emergencia y de control de precios a los artículos de consumo popular no van a tardar.
Desde este Palacio Legislativo de San Lázaro, manifiesto mi absoluto rechazo a este decreto salarial y a la vez expreso mi solidaridad a las acciones que en próximos día emprenderán los sindicatos de trabajadores que están luchando por un modelo económico alterno para México.
¡Desaparición de la CNSM! ¡Que renuncie el secretario del Trabajo y Previsión Social por inútil! ¡Exigimos un estricto control de precios a los artículos de consumo popular de acuerdo al artículo 28 constitucional!
A t e n t a m e n t e
Dip. José Antonio Almazán González
CORTESIA INFORMATIVO ISA
por Arturo Alcalde Justiniani
(publicado en La Jornada el 20 de diciembre de 2009)
El raquítico incremento a los salarios mínimos pone en evidencia una política económica contraria a los intereses de los trabajadores, en un momento crucial de crisis. Lisa y llanamente, significa un despojo en la medida que el porcentaje impuesto de 4.6 por ciento promedio (4.2 por ciento en la zona A, que comprende la mayor parte de la población) es sensiblemente inferior a la inflación, aun considerando los datos del Banco de México, que bien sabemos están diseñados para aparentar una realidad distinta a la que confirma cotidianamente la población cuando acude a un mercado a comprar alimentos para la familia. La mala noticia será que hoy podrán adquirir menos que antes.
Basta analizar dos declaraciones para confirmar el teatro de mal gusto que envuelve esta decisión fundamental. La Confederación Patronal de la República Mexicana señaló: “En la visión humanista de Coparmex, nuestro foco está en la persona, y aunque no somos una institución de beneficencia, sí consideramos que la función de la empresa es la creación de valor para toda la sociedad… eso se hace, entre otros aspectos, con una compensación decente para sus colaboradores” (La Jornada, 16/dic/2008, p. 22). Surgen varios cuestionamientos: cómo se puede creer que dos pesos diarios constituyan un incremento “decente” frente a la inflación que todos conocemos; quién ha pensado que la Coparmex pueda considerarse una institución filantrópica, ¡sólo eso nos faltaba!, cuando es esencial el esfuerzo de los trabajadores para mantener funcionando el aparato productivo. ¡Y ahora resulta que el incremento salarial es una limosna!
Enrique Aguilar Borrego, presidente del Congreso del Trabajo, señaló: “es inaceptable un alza a los mínimos por abajo del 4 por ciento” (Reforma, 16/dic/2008, p. 2); con esta posición, podemos darnos una idea del grado de defensa que ejercen nuestros líderes obreros de la economía popular, es la vieja táctica de poner un límite bajo, para luego aparentar que se logró un avance al convenir un monto superior. Es famosa la anécdota de un viejo líder sindical de la industria de la confección que citaba a los patrones en el Sanborns Azulejos para preguntarles qué porcentaje de incremento salarial había decidido la empresa otorgar, si le decían que 5 por ciento, acudía a la asamblea muy fresco y con toda firmeza exclamaba: ¡Compañeros, ni un paso atrás, cinco por ciento o huelga!
Las reuniones realizadas por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) son una muestra de la farsa tripartita. El representante de la Confederación de Trabajadores de México llegó con la consigna de su líder, Joaquín Gamboa Pascoe, que días antes había anunciado que estaba listo “para sacrificarse más”. Después del acuerdo, los representantes regresaron a sus lujosos automóviles y a seguir sacrificándose. Se suman interrogantes: ¿habrá alguien que les crea? ¿Creerán ellos sus propias mentiras? ¿Qué sentido tiene esta pantomima frente a una sociedad ávida por participar responsablemente en el diseño de estrategias que nos permitan superar las dificultades de una crisis creciente? ¿No les dará vergüenza cobrar un sueldo por tan penosa tarea?
Resulta evidente que la CNSM es un acto de simulación en el que prevalece la voluntad del gobierno federal por vía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La opinión de este gobierno es que los trabajadores más desprotegidos del país se merecen dos pesos y centavos para salvar sus angustias, cubrir una inflación superior a 6 por ciento, y responder así a un 2009 que amenaza degradar aún más los niveles de vida. Este es el auténtico rostro de la política económica.
El razonamiento parece sencillo: si estamos en crisis, si sufrimos las consecuencias de una política económica equivocada que incluye los efectos de nuestra excesiva vinculación a la suerte de nuestro vecino del norte, deberíamos actuar como lo hacen las familias en estado de necesidad, apoyarse unos a otros, dando prioridad a los más necesitados. Si lo principal es proteger el bienestar colectivo, se impone la urgencia de una política de redistribución racional, suprimir los gastos superfluos, reducir los salarios excesivos y canalizar mayores recursos a quienes se ahogan en una pobreza creciente. Esta imposición del gobierno federal actúa en sentido contrario a una elemental política de derechos humanos, cuando hace tan sólo una semana que con motivo de la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue presentado el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, que en su capítulo del derecho al trabajo adquirió el compromiso de “promover que los salarios fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aseguren a todos los trabajadores y empleados una garantía social básica… Diseñar y ejecutar un programa nacional de trabajo digno, cuyo objetivo sea garantizar la vigencia de los derechos humanos laborales”.
Hoy más que nunca resulta evidente la necesidad de un debate nacional sobre la política salarial y, en particular, el papel que juega el salario mínimo en el modelo económico. No podemos resignarnos a la tesis de que cualquier mejora salarial es inflacionaria y que la única medicina posible es sacrificar a los trabajadores. Con esta visión reducida, sólo se abate el mercado interno y se condena a los trabajadores a vivir peor. Buena parte de la responsabilidad de la crisis mundial se deriva de políticas que acorralando a los deudores les impidieron cumplir con las obligaciones hipotecarias contraídas. En México, una expresión de esta política ha generado el desastre relacionado con las tarjetas de crédito. Deberíamos aprender de otros países que han puesto el énfasis en la recuperación salarial para reducir inequidades y dinamizar su economía.
Por lo pronto, habría que desaparecer la inservible Comisión Nacional de Salarios Mínimos y rescatar la propuesta de hacer depender esta función de la Cámara de Diputados. Sería un buen propósito de fin de año.
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A LOS MÁS DE 5 MILLONES DE TRABAJADORES QUE GANAN HASTA UN SALARIO MÍNIMO: ¡EL AUMENTO A LOS SALARIOS MÍNIMOS NO ALCANZA NI PARA COMPRAR UN PAN DE DULCE!: JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN
Como lo habíamos anticipado el 17 de diciembre del presente año, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) fijó un porcentaje insuficiente y ridículo para los salarios mínimos generales que regirán en las tres áreas geográficas de nuestro país para el 2009. El aumento decretado por la CNSM para los salarios mínimos en las tres áreas geográficas fue en promedio de dos pesos con treinta centavos (4.6 por ciento), acorde con lo que Javier Lozano Alarcón había planteado el 16 de diciembre del presente.
Este aumento de dos pesos no les alcanzará a los más de 5 millones de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo ni para comprar un pan de dulce, en virtud de que este alimento cuesta mínimamente en panaderías y centros comerciales alrededor de 4 pesos. El pan de dulce de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, oscila entre 4 pesos y hasta 8 pesos, dependiendo el tamaño y la variedad, por lo que con los dos pesos que se decretaron como “aumento” a los mínimos ni este producto se puede adquirir.
De acuerdo con cifras publicadas por el Banco de México, la inflación anualizada es de 6.23%, cifra dudosa sobre todo si observamos que no coinciden con los datos del Fondo Monetario Internacional quienes plantean que la inflación para nuestro país oscila aproximadamente en 8%. Asimismo, los aumentos a los productos de consumo popular como el aceite, el frijol, jitomate y pan blanco en el periodo de enero a noviembre de este año es de 42.10%, 22%, 52.1% y 20%, respectivamente.
No podemos decir que estos dos pesos sea un aumento salarial, sino constituyen migajas para los trabajadores. Los responsables de este nueva agresión son tanto Calderón, como Lozano Alarcón y obviamente Basilio González Núñez, presidente de la CNSM, quien preside este organismo proempresarial desde 1991, y se ha convertido en un experto en la contención de los salarios.
El gobierno de Felipe Calderón con estas acciones está llevando al límite a la población, profundizando los niveles de hambre y de pobreza, con el contubernio de los llamados representantes obreros que son parte de la CNSM, quienes ni siquiera se atrevieron a firmar bajo protesta, tal y como lo reconoció cínicamente José Luís Carazo, supuesto representante “obrero” en dicha comisión, dejando con ello constancia del sometimiento del Congreso del Trabajo, de la CTM y demás organizaciones charriles al servicio del gobierno.
Es una vergüenza que el presidente electo de los Estados Unidos de América, Barack Obama, tenga como una de sus prioridades la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores norteamericanos, en un país cuyo nivel de ingresos es diez veces superior al nuestro, mientras Calderón en sentido opuesto sigue impulsando el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.
Hoy como hace 100 años la población mexicana está en condiciones de extrema pobreza, de desnutrición, de represión por parte del gobierno, lo que condujo a la población en 1910 a llevar a cabo la Revolución Mexicana. De igual modo, hoy la respuesta de los trabajadores no va tardar y seguramente las movilizaciones en rechazo a estos salarios, y la exigencia de aumento salarial de emergencia y de control de precios a los artículos de consumo popular no van a tardar.
Desde este Palacio Legislativo de San Lázaro, manifiesto mi absoluto rechazo a este decreto salarial y a la vez expreso mi solidaridad a las acciones que en próximos día emprenderán los sindicatos de trabajadores que están luchando por un modelo económico alterno para México.
¡Desaparición de la CNSM! ¡Que renuncie el secretario del Trabajo y Previsión Social por inútil! ¡Exigimos un estricto control de precios a los artículos de consumo popular de acuerdo al artículo 28 constitucional!
A t e n t a m e n t e
Dip. José Antonio Almazán González
CORTESIA INFORMATIVO ISA
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