Aguas de Barcelona en México; agua cara, no potable y para pocos
Aguas de Barcelona en México; agua cara, no potable y para pocos
En la ciudad de Saltillo, en México, el servicio de agua potable y saneamiento ha sido concesionado a la empresa española Aguas de Barcelona, subsidiaria de la empresa francesa Suez. Allí –bajo el nombre de Aguas de Saltillo– ofrece agua sin condiciones de potabilidad, a precios excluyentes y sin cumplir con compromisos contractuales de extensión de las redes de servicios.
Dentro del seguimiento que la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS) viene realizando a esta empresa, ha constatado que en algunos pozos que surten de agua potable a la ciudad existen niveles de arsénico que sobrepasan el máximo permisible.
De hecho, la empresa no ha obtenido, el certificado de calidad sanitaria del agua potable, requerido por la Secretaría de Salud, ya que de los 46 parámetros que se deberían verificar sobre la calidad del agua, Aguas de Saltillo solamente verifica coliformes totales y fecales y el cloro residual libre. Al mismo tiempo, la AUAS –asociación que presenta la denuncia del caso ante el TPP– plantea que los acuíferos de los que Saltillo se surte de agua están sobre-explotados.
La AUAS ha denunciado incrementos irregulares de las tarifas: por ejemplo, entre mayo de 2002 y agosto de 2004, las tarifas se incrementaron hasta en un 68% aproximadamente, mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor sólo se incrementó en 10,67% en el mismo período.
Aguas de Saltillo también ha desconocido resoluciones del Cabildo de la ciudad en la que se intimaba a la empresa a disminuir las tarifas del servicio. Ante el desconocimiento de la empresa a este dictamen del Cabildo de Saltillo, un grupo de usuarios presentó una queja colectiva ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) en noviembre de 2004, queja que se resolvió a favor de los usuarios el 15 de mayo de 2006, obligando a la empresa a pagar una multa de 1,6 millones de pesos mexicanos. Sin embargo Aguas de Saltillo no pagó la multa porque interpuso un recurso de amparo, que falló a su favor el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en junio de 2007, sobre la base de que la resolución de PROFECO fue tomada y notificada fuera del plazo previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
De esta manera se visualiza cómo muchas veces los sistemas jurídicos de protección a las empresas vulneran las normas de derechos humanos. Es en este sentido que el caso se presenta ante el TPP.
Eje temático: Privatización de los Servicios Públicos y Violación de Derechos Fundamentales
Organización denunciante: Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (México)
Los ciudadanos se organizan contra Aguas de Barcelona en la ciudad mexicana de Saltillo
Martes 1ro de febrero de 2005, por OMAL
Con la creación de Aguas de Saltillo (Agsal) hace tres años, la compañía española Aguas de Barcelona (Agbar), uno de los gigantes del movimiento global hacia la privatización de los servicios de suministro de agua, se convirtió en el socio operativo propietario del 49% de las acciones de la compañía local de aguas de Saltillo (México). Eso fue en 2001. Saltillo, con una población de 650.000 habitantes y capital del estado de Coahuila es un importante centro económico con industrias metalúrgicas, plantas automovilísticas (GM -en Europa, OPEL-, Chrysler) y maquiladoras. Agbar controla numerosas compañías de aguas en América Latina, incluyendo Cartagena (Colombia), Habana y Varadero (Cuba), varias ciudades en Chile... Asimismo, tiene planes para extender su implantación en otras ciudades de México.
La privatización de los sistemas de agua en México ha pasado a ser una cuestión prioritaria para la Comisión Nacional de Agua (CNA o ConAgua), siguiendo los pasos del Banco Mundial. Esta Comisión está intentando inducir en otros lugares la adopción de fusiones empresariales similares a la experimentada en Saltillo. Sus argumentos son la incapacidad de las compañías locales para administrar sus sistemas eficientemente, junto con la carencia del capital financiero necesario que afronte las inversiones en modernización y extensión de las infraestructuras exitentes.
Como ya ha ocurrido en otros países, los resultados de las privatizaciones en México no han sido nada buenos. En general, los costes del agua se han incrementado; se corta el suministro a los usuarios que no pueden pagar la factura; las consideraciones meramente económicas prevalecen sobre los factores ambientales y de sostenibilidad. Dos ejemplos que corroboran esta afirmación se observan en Cancún y Aguascalientes, con la compañía francesa Suez (socia de Agbar) y la división de agua de Vivendi, Veolia Enviroment. Por el contrario, los sistemas de agua mejor gestionados de México, tales como los de Monterrey, Tijuana y dos ciudades del estado de Coahuila (Ciudad Acuña y Piedras Negras), son todos públicos.
La compañía Aguas de Saltillo (Agsal) se formó en octubre de 2001, siguiendo un proceso poco transparente, donde fueron evidentes las carencias de información y de participación ciudadana. Este proceso fue llevado a cabo por la consultora Arthur Andersen. La compañía privada mexicana InterAgbar, controlada por Aguas de Barcelona, compró el 49% de Aguas de Saltillo.
Desde la creación de esta Agsal, grupos locales de ciudadanos se han movilizado contra lo que rápidamente llegó a ser un ejemplo de condescendencia política e impunidad internacional. A su manager, el español Jesús García García, se le acusa de actuar con maneras arbitrarias, de haber violado leyes locales y mentido al Consejo de Dirección de la empresa y al alcalde de la ciudad. El suministro de agua es ya una pesada carga para la población local dadas las subidas de precios ilegales y la imposición de nuevas cargas impositivas.
En respuesta a las quejas, en el año 2002 el Congreso de Estado ordenó una auditoría en el período de cuarto trimestre de 2001 a cuarto trimestre de 2002, la cual se realizó durante año y medio. En la misma, se confirman las graves violaciones de las leyes estatales y de las obligaciones contractuales.
Auditoría esclarecedora
La Comisión de Contaduría Mayor de Hacienda, en un dictamen emitido el 28 de junio del pasado año respecto a la auditoría mencionada, elevó al Pleno del Congreso del Estado de Coahuila un informe en el que en su disposición tercera señala que “respecto a las asignaciones por concepto de sueldos y prestaciones que perciben los funcionarios de la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo, S.A. de C. V., esta Comisión estima que los ingresos que percibieron y que perciben los funcionarios de primer nivel de la empresa son muy elevados por tratarse de la prestación de un servicio público, además de que no existe fundamento para pagar esos sueldos al personal, por lo que el Consejo de Administración deberá prestar mayor atención en este aspecto debiendo readecuar los emonumentos que perciben los funcionarios y vigilar que en lo sucesivo analice y posteriormente autorice el monto de los ingresos y prestaciones que deberán percibir los funcionarios, directivos y empleados de la empresa”.
Más interesante aún es su disposición cuarta, que no tiene desperdicio en ninguno de sus aspectos: Respecto a las tarifas de agua potable y alcantarillado, si bien es cierto que el artículo Segundo punto 10 de los estatutos de la sociedad establece la facultad a la empresa de modificar las tarifas de agua potable, drenaje y alcantarillado mediante incrementos iguales al incremento mensual del índice Nacional de Precios al Consumidor, de la revisión practicada a la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. se detectó un desfase en el cobro de las tarifas de agua potable y alcantarillado. En virtud de lo anterior el órgano de control interno deberá realizar una investigación y determinar que todo incremento realizado superior al índice Nacional de Precios al Consumidor, deberá ser aplicado para que en lo sucesivo no se cobren los incrementos a las tarifas hasta en tanto se igualen ambos porcentajes.
Así mismo el órgano de control interno del municipio deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila y sancionar a quien o quienes resulten responsables. Respecto del Consejo de Administración, deberá estar atento para que en lo sucesivo vigile cuidadosamente todos y cada uno de los incrementos que la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. pretenda cobrar, debiendo realizar un estudio pormenorizado antes de autorizar cualquier incremento”.
Cuatro meses después de la presentación de la auditoría ante el Congreso, las autoridades municipales solicitaron a Agsal la reducción de las tarifas y el reembolso a los usuarios de una parte del dinero cobrado de más. Pero ni se han sancionado las violaciones de las leyes ni tampoco se han depurado responsabilidades. Un resumen de la auditoria practicada por el organismo Comptroller se puede consultar en ->http://www.congresocoahuila.gob.mx], "Acceso a la Información", "Información Pública Mínima", Dictámenes 2004, 29 de junio.
En vista de todos estos hechos, un grupo de ciudadanos han decidido dar un paso más en defensa del interés público en el servicio de agua. Así, están promoviendo un movimiento local que pide la disolución de la fusión entre empresas públicas y empresas privadas y la expulsión de Aguas de Barcelona de México.
Las cartas de protesta se pueden dirigir a los siguientes organismos:
Lic. Vicente Fox Quesada Prsidente del Palacio Nacional de México Mexico City, Mexico foxcontigo@presidencia.gob.mx
Prof. Humberto Moreira Valdes Mayor of Saltillo, Coahuila Palacio Municipal Saltillo, Coahuila, MEXICO francisco_tobias@hotmail.com
Lic. Enrique Martinez y Martinez Gobernador del Estado de Coahuila Palacio de Gobierno Saltillo, Coahuila, MEXICO emm@coahuila.gob.mx
Cristobal Jaime Jacques Director de la Comisión Nacional del Agua Mexico City, México direcciong@cna.gob.mx
Con copias a: Saltillo Waters Users Association (AUAS) auasaltillo@yahoo.com
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En la ciudad de Saltillo, en México, el servicio de agua potable y saneamiento ha sido concesionado a la empresa española Aguas de Barcelona, subsidiaria de la empresa francesa Suez. Allí –bajo el nombre de Aguas de Saltillo– ofrece agua sin condiciones de potabilidad, a precios excluyentes y sin cumplir con compromisos contractuales de extensión de las redes de servicios.
Dentro del seguimiento que la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS) viene realizando a esta empresa, ha constatado que en algunos pozos que surten de agua potable a la ciudad existen niveles de arsénico que sobrepasan el máximo permisible.
De hecho, la empresa no ha obtenido, el certificado de calidad sanitaria del agua potable, requerido por la Secretaría de Salud, ya que de los 46 parámetros que se deberían verificar sobre la calidad del agua, Aguas de Saltillo solamente verifica coliformes totales y fecales y el cloro residual libre. Al mismo tiempo, la AUAS –asociación que presenta la denuncia del caso ante el TPP– plantea que los acuíferos de los que Saltillo se surte de agua están sobre-explotados.
La AUAS ha denunciado incrementos irregulares de las tarifas: por ejemplo, entre mayo de 2002 y agosto de 2004, las tarifas se incrementaron hasta en un 68% aproximadamente, mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor sólo se incrementó en 10,67% en el mismo período.
Aguas de Saltillo también ha desconocido resoluciones del Cabildo de la ciudad en la que se intimaba a la empresa a disminuir las tarifas del servicio. Ante el desconocimiento de la empresa a este dictamen del Cabildo de Saltillo, un grupo de usuarios presentó una queja colectiva ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) en noviembre de 2004, queja que se resolvió a favor de los usuarios el 15 de mayo de 2006, obligando a la empresa a pagar una multa de 1,6 millones de pesos mexicanos. Sin embargo Aguas de Saltillo no pagó la multa porque interpuso un recurso de amparo, que falló a su favor el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en junio de 2007, sobre la base de que la resolución de PROFECO fue tomada y notificada fuera del plazo previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
De esta manera se visualiza cómo muchas veces los sistemas jurídicos de protección a las empresas vulneran las normas de derechos humanos. Es en este sentido que el caso se presenta ante el TPP.
Eje temático: Privatización de los Servicios Públicos y Violación de Derechos Fundamentales
Organización denunciante: Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (México)
Los ciudadanos se organizan contra Aguas de Barcelona en la ciudad mexicana de Saltillo
Martes 1ro de febrero de 2005, por OMAL
Con la creación de Aguas de Saltillo (Agsal) hace tres años, la compañía española Aguas de Barcelona (Agbar), uno de los gigantes del movimiento global hacia la privatización de los servicios de suministro de agua, se convirtió en el socio operativo propietario del 49% de las acciones de la compañía local de aguas de Saltillo (México). Eso fue en 2001. Saltillo, con una población de 650.000 habitantes y capital del estado de Coahuila es un importante centro económico con industrias metalúrgicas, plantas automovilísticas (GM -en Europa, OPEL-, Chrysler) y maquiladoras. Agbar controla numerosas compañías de aguas en América Latina, incluyendo Cartagena (Colombia), Habana y Varadero (Cuba), varias ciudades en Chile... Asimismo, tiene planes para extender su implantación en otras ciudades de México.
La privatización de los sistemas de agua en México ha pasado a ser una cuestión prioritaria para la Comisión Nacional de Agua (CNA o ConAgua), siguiendo los pasos del Banco Mundial. Esta Comisión está intentando inducir en otros lugares la adopción de fusiones empresariales similares a la experimentada en Saltillo. Sus argumentos son la incapacidad de las compañías locales para administrar sus sistemas eficientemente, junto con la carencia del capital financiero necesario que afronte las inversiones en modernización y extensión de las infraestructuras exitentes.
Como ya ha ocurrido en otros países, los resultados de las privatizaciones en México no han sido nada buenos. En general, los costes del agua se han incrementado; se corta el suministro a los usuarios que no pueden pagar la factura; las consideraciones meramente económicas prevalecen sobre los factores ambientales y de sostenibilidad. Dos ejemplos que corroboran esta afirmación se observan en Cancún y Aguascalientes, con la compañía francesa Suez (socia de Agbar) y la división de agua de Vivendi, Veolia Enviroment. Por el contrario, los sistemas de agua mejor gestionados de México, tales como los de Monterrey, Tijuana y dos ciudades del estado de Coahuila (Ciudad Acuña y Piedras Negras), son todos públicos.
La compañía Aguas de Saltillo (Agsal) se formó en octubre de 2001, siguiendo un proceso poco transparente, donde fueron evidentes las carencias de información y de participación ciudadana. Este proceso fue llevado a cabo por la consultora Arthur Andersen. La compañía privada mexicana InterAgbar, controlada por Aguas de Barcelona, compró el 49% de Aguas de Saltillo.
Desde la creación de esta Agsal, grupos locales de ciudadanos se han movilizado contra lo que rápidamente llegó a ser un ejemplo de condescendencia política e impunidad internacional. A su manager, el español Jesús García García, se le acusa de actuar con maneras arbitrarias, de haber violado leyes locales y mentido al Consejo de Dirección de la empresa y al alcalde de la ciudad. El suministro de agua es ya una pesada carga para la población local dadas las subidas de precios ilegales y la imposición de nuevas cargas impositivas.
En respuesta a las quejas, en el año 2002 el Congreso de Estado ordenó una auditoría en el período de cuarto trimestre de 2001 a cuarto trimestre de 2002, la cual se realizó durante año y medio. En la misma, se confirman las graves violaciones de las leyes estatales y de las obligaciones contractuales.
Auditoría esclarecedora
La Comisión de Contaduría Mayor de Hacienda, en un dictamen emitido el 28 de junio del pasado año respecto a la auditoría mencionada, elevó al Pleno del Congreso del Estado de Coahuila un informe en el que en su disposición tercera señala que “respecto a las asignaciones por concepto de sueldos y prestaciones que perciben los funcionarios de la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo, S.A. de C. V., esta Comisión estima que los ingresos que percibieron y que perciben los funcionarios de primer nivel de la empresa son muy elevados por tratarse de la prestación de un servicio público, además de que no existe fundamento para pagar esos sueldos al personal, por lo que el Consejo de Administración deberá prestar mayor atención en este aspecto debiendo readecuar los emonumentos que perciben los funcionarios y vigilar que en lo sucesivo analice y posteriormente autorice el monto de los ingresos y prestaciones que deberán percibir los funcionarios, directivos y empleados de la empresa”.
Más interesante aún es su disposición cuarta, que no tiene desperdicio en ninguno de sus aspectos: Respecto a las tarifas de agua potable y alcantarillado, si bien es cierto que el artículo Segundo punto 10 de los estatutos de la sociedad establece la facultad a la empresa de modificar las tarifas de agua potable, drenaje y alcantarillado mediante incrementos iguales al incremento mensual del índice Nacional de Precios al Consumidor, de la revisión practicada a la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. se detectó un desfase en el cobro de las tarifas de agua potable y alcantarillado. En virtud de lo anterior el órgano de control interno deberá realizar una investigación y determinar que todo incremento realizado superior al índice Nacional de Precios al Consumidor, deberá ser aplicado para que en lo sucesivo no se cobren los incrementos a las tarifas hasta en tanto se igualen ambos porcentajes.
Así mismo el órgano de control interno del municipio deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila y sancionar a quien o quienes resulten responsables. Respecto del Consejo de Administración, deberá estar atento para que en lo sucesivo vigile cuidadosamente todos y cada uno de los incrementos que la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. pretenda cobrar, debiendo realizar un estudio pormenorizado antes de autorizar cualquier incremento”.
Cuatro meses después de la presentación de la auditoría ante el Congreso, las autoridades municipales solicitaron a Agsal la reducción de las tarifas y el reembolso a los usuarios de una parte del dinero cobrado de más. Pero ni se han sancionado las violaciones de las leyes ni tampoco se han depurado responsabilidades. Un resumen de la auditoria practicada por el organismo Comptroller se puede consultar en ->http://www.congresocoahuila.gob.mx], "Acceso a la Información", "Información Pública Mínima", Dictámenes 2004, 29 de junio.
En vista de todos estos hechos, un grupo de ciudadanos han decidido dar un paso más en defensa del interés público en el servicio de agua. Así, están promoviendo un movimiento local que pide la disolución de la fusión entre empresas públicas y empresas privadas y la expulsión de Aguas de Barcelona de México.
Las cartas de protesta se pueden dirigir a los siguientes organismos:
Lic. Vicente Fox Quesada Prsidente del Palacio Nacional de México Mexico City, Mexico foxcontigo@presidencia.gob.mx
Prof. Humberto Moreira Valdes Mayor of Saltillo, Coahuila Palacio Municipal Saltillo, Coahuila, MEXICO francisco_tobias@hotmail.com
Lic. Enrique Martinez y Martinez Gobernador del Estado de Coahuila Palacio de Gobierno Saltillo, Coahuila, MEXICO emm@coahuila.gob.mx
Cristobal Jaime Jacques Director de la Comisión Nacional del Agua Mexico City, México direcciong@cna.gob.mx
Con copias a: Saltillo Waters Users Association (AUAS) auasaltillo@yahoo.com
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