HECHOS NO PALABRAS
HECHOS, NO PALABRAS
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 16 de agosto de 2008)
Hay dos rasgos de conducta de las élites económica y política de México y América Latina con sus gobernados: uno, entre ellas son complacientes con sus abusos y flexibles en sus reglas, pero férreas contra la participación popular autónoma que impugne la legalidad e institucionalidad; otro, recurren a la ciudadanía de manera dosificada sólo en elecciones o cuando toman decisiones coyunturales que requieren legitimar. Esto parece que va a repetirse después de que el trágico secuestro del joven Fernando Martí obligó a las autoridades a reconocer que este ilícito y otros habían aumentado.
Así, de los mutuos reproches del gobierno federal y el capitalino, y del Ejecutivo al Legislativo y del Judicial a ambos, se pasó a la calma de la clase política, como lo muestra el reciente Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad suscrito por Legislativo y Ejecutivo. Reformas a leyes federales, a instancias de seguridad pública que delimiten nuevas facultades y penas por delitos graves, y el presupuesto para impulsarlas, más un mecanismo de seguimiento y evaluación de la sociedad civil. Más legalidad y presupuesto, y búsqueda de legitimidad con mínima intervención social.
También la clase económica dominante bajó la crítica al Estado como irresponsable en su función central de dar seguridad física, patrimonial y jurídica para luego señalar que el problema era de coordinación interinstitucional e impunidad. El dirigente del CCE reconoció que no sólo la impunidad propicia delitos, sino también la desesperación por el desempleo dada la ausencia de incentivos para invertir y generar empleos. El inicio del acuerdo cupular queda más claro si agrupamos notas periodísticas por Estado, economía y sociedad.
Estado. La penetración del crimen organizado la reconoce la PGR al informar que el narco controla 80 municipios y diversas actividades delictivas (protección a empresas y a prostitutas), en especial en Michoacán y Tamaulipas. Unos expertos van más allá y señalan que el narco financió las elecciones de más de un tercio de los alcaldes del país. ¿Y a cuántos gobernadores, diputados y senadores?
Además, recién se informó del arresto de tres militares y dos civiles de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada por colusión con el cártel de los Beltrán Leyva (El Universal, 11 y 12/VIII/08).
Economía. Santiago Creel declaró: “Que no nos engañen. El dinero del narco no anda viajando en maletas. Está en los bancos”. Un reporte del Departamento de Estado de EU revela que entre 2003 y 2008 los narcos repatriaron a México 22 mil millones de dólares al sistema financiero. La Asociación de Bancos de México rechazó esto dados los estrictos controles financieros, ya que hoy el pago entre narcos, afirmó, es en efectivo y se lava comprando inmuebles, autos y joyas. Un experto destaca el fracaso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y un ex funcionario afirma que los bancos y casas de bolsa a menudo reportan “información basura” por la falta de regulaciones que los obliguen (La Jornada 12 y 13/VIII/08).
Sociedad. El secretario de la Defensa reveló que 500 mil personas apoyan al narco (sembradores: 300 mil; comerciantes, vigilantes, transportistas, distribuidores y narcomenudistas: 160 mil; capos de diverso rango: 40 mil); a este narcoejército habría que agregar otras bases de apoyo social de actividades criminales: tráfico de autos, armas, migrantes, mujeres, niños, órganos humanos, mercancías. Además, en 2007 se cometieron un millón 578 mil delitos en un contexto de deterioro de empleo, ingreso y seguridad laboral, más el millón 300 mil nuevos pobres extremos que reporta el Banco Mundial por la crisis alimentaria de 2008 (El Universal, 9/VIII/08).
El Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad es posible que incluya reclutamiento riguroso de personal; depuración radical de las policías municipales, estatales y federales; control interno sistemático de las mismas; capacitación técnica y logística de la tropa; restructuración de mandos, saneamiento del sistema judicial (MP y jueces) y penitenciario (custodios y directores) que reduzca la impunidad basada en la corrupción e ineficiencia. Pero si no incorpora formas de participación ciudadana vía grupos de expertos y organismos de contraloría social; campañas permanentes de prevención de delitos (drogadicción, narcotráfico, contrabando); campañas masivas de participación social y de rehabilitación de drogadictos, seguirá dominando la lógica represiva sobre la preventiva, la participativa y la de rehabilitación. Continuará la visión estatocéntrica: el Estado es el único responsable de brindar seguridad pública, la sociedad debe legitimar los acuerdos de las élites y mantenerse pasiva frente a sus acciones y omisiones, como no atacar el vital nervio financiero del crimen organizado.
Si la estrategia anticriminal no es acompañada de una política económica de generación masiva de empleo bien remunerado y una social de combate real a la generalizada pobreza, la descomposición moral y material de la nación avanzará, se debilitará más el Estado y la economía dependerá más de los narcoflujos financieros. Serán más palabras que hechos la inclusión ciudadana.
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 16 de agosto de 2008)
Hay dos rasgos de conducta de las élites económica y política de México y América Latina con sus gobernados: uno, entre ellas son complacientes con sus abusos y flexibles en sus reglas, pero férreas contra la participación popular autónoma que impugne la legalidad e institucionalidad; otro, recurren a la ciudadanía de manera dosificada sólo en elecciones o cuando toman decisiones coyunturales que requieren legitimar. Esto parece que va a repetirse después de que el trágico secuestro del joven Fernando Martí obligó a las autoridades a reconocer que este ilícito y otros habían aumentado.
Así, de los mutuos reproches del gobierno federal y el capitalino, y del Ejecutivo al Legislativo y del Judicial a ambos, se pasó a la calma de la clase política, como lo muestra el reciente Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad suscrito por Legislativo y Ejecutivo. Reformas a leyes federales, a instancias de seguridad pública que delimiten nuevas facultades y penas por delitos graves, y el presupuesto para impulsarlas, más un mecanismo de seguimiento y evaluación de la sociedad civil. Más legalidad y presupuesto, y búsqueda de legitimidad con mínima intervención social.
También la clase económica dominante bajó la crítica al Estado como irresponsable en su función central de dar seguridad física, patrimonial y jurídica para luego señalar que el problema era de coordinación interinstitucional e impunidad. El dirigente del CCE reconoció que no sólo la impunidad propicia delitos, sino también la desesperación por el desempleo dada la ausencia de incentivos para invertir y generar empleos. El inicio del acuerdo cupular queda más claro si agrupamos notas periodísticas por Estado, economía y sociedad.
Estado. La penetración del crimen organizado la reconoce la PGR al informar que el narco controla 80 municipios y diversas actividades delictivas (protección a empresas y a prostitutas), en especial en Michoacán y Tamaulipas. Unos expertos van más allá y señalan que el narco financió las elecciones de más de un tercio de los alcaldes del país. ¿Y a cuántos gobernadores, diputados y senadores?
Además, recién se informó del arresto de tres militares y dos civiles de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada por colusión con el cártel de los Beltrán Leyva (El Universal, 11 y 12/VIII/08).
Economía. Santiago Creel declaró: “Que no nos engañen. El dinero del narco no anda viajando en maletas. Está en los bancos”. Un reporte del Departamento de Estado de EU revela que entre 2003 y 2008 los narcos repatriaron a México 22 mil millones de dólares al sistema financiero. La Asociación de Bancos de México rechazó esto dados los estrictos controles financieros, ya que hoy el pago entre narcos, afirmó, es en efectivo y se lava comprando inmuebles, autos y joyas. Un experto destaca el fracaso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y un ex funcionario afirma que los bancos y casas de bolsa a menudo reportan “información basura” por la falta de regulaciones que los obliguen (La Jornada 12 y 13/VIII/08).
Sociedad. El secretario de la Defensa reveló que 500 mil personas apoyan al narco (sembradores: 300 mil; comerciantes, vigilantes, transportistas, distribuidores y narcomenudistas: 160 mil; capos de diverso rango: 40 mil); a este narcoejército habría que agregar otras bases de apoyo social de actividades criminales: tráfico de autos, armas, migrantes, mujeres, niños, órganos humanos, mercancías. Además, en 2007 se cometieron un millón 578 mil delitos en un contexto de deterioro de empleo, ingreso y seguridad laboral, más el millón 300 mil nuevos pobres extremos que reporta el Banco Mundial por la crisis alimentaria de 2008 (El Universal, 9/VIII/08).
El Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad es posible que incluya reclutamiento riguroso de personal; depuración radical de las policías municipales, estatales y federales; control interno sistemático de las mismas; capacitación técnica y logística de la tropa; restructuración de mandos, saneamiento del sistema judicial (MP y jueces) y penitenciario (custodios y directores) que reduzca la impunidad basada en la corrupción e ineficiencia. Pero si no incorpora formas de participación ciudadana vía grupos de expertos y organismos de contraloría social; campañas permanentes de prevención de delitos (drogadicción, narcotráfico, contrabando); campañas masivas de participación social y de rehabilitación de drogadictos, seguirá dominando la lógica represiva sobre la preventiva, la participativa y la de rehabilitación. Continuará la visión estatocéntrica: el Estado es el único responsable de brindar seguridad pública, la sociedad debe legitimar los acuerdos de las élites y mantenerse pasiva frente a sus acciones y omisiones, como no atacar el vital nervio financiero del crimen organizado.
Si la estrategia anticriminal no es acompañada de una política económica de generación masiva de empleo bien remunerado y una social de combate real a la generalizada pobreza, la descomposición moral y material de la nación avanzará, se debilitará más el Estado y la economía dependerá más de los narcoflujos financieros. Serán más palabras que hechos la inclusión ciudadana.
Comentarios