PRONUNCIAMIENTO A FAVOR DE LA NO PENALIZACION DEL ABORTO
Aunque en todo Estado de Derecho se subraya que los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y todos importantes por igual, para miles de mujeres y hombres no tiene sentido el derecho a la vida o el irrestricto respeto a su dignidad, menos aún su felicidad, cuando no logran cubrir sus necesidades básicas.
Dentro de estos niveles de derechos, uno esencial es el de las Mujeres a decidir libremente sobre su maternidad; por ello está contemplado en la Constitución mexicana y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. De hecho, los gobiernos de nuestro país han firmado y ratificado tratados internacionales a favor de los derechos humanos. Sin embargo, en materia de aborto, la despenalización es aún una labor pendiente, tal como lo determinó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (La CEDAW) en sus observaciones finales hechas a México el 25 de agosto de 2006:
"El Comité pide al Estado Parte (México) que armonice la legislación relativa al aborto a los niveles federal y estatal. Insta al Estado Parte a aplicar una estrategia amplia que incluya el acceso efectivo a servicios de aborto seguros en las circunstancias previstas en la ley, y a una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de emergencia, medidas de concienciación sobre los riesgos de los abortos realizados en condiciones peligrosas y campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de la mujer…".
De acuerdo a estas fundamentaciones internacionales (enmarcadas en la Justicia Social para las Mujeres) fue que la ALDF (Asamblea Legislativa del Distrito Federal) aprobó la despenalización del Aborto antes de las 12 semanas de gestación, con lo que disminuyó drásticamente un problema de injusticia social en su jurisdicción, debido a que se permitió que aquellas mujeres que desearan interrumpir su embarazo pudieran hacer uso de las instalaciones oficiales del Sistema de Salud, beneficiando en especial a mujeres pobres, quienes no pueden financiar el gasto de la intervención médica y son atendidas en la clandestinidad. Algunas otras deben cruzan la frontera norte para practicarse abortos seguros.
Por lo tanto, el debate no está entre el “si” o el “no” al aborto —posición reduccionista— sino en qué hacer con cientos de miles de mujeres que abortan clandestinamente al año por razones económicas, sociales o familiares. Todas con un grave riesgo a su vida.
Sin tomar en cuenta esos fallecimientos evitables, la llamada “derecha” ideológica ha realizado movilizaciones y costosas campañas mediáticas ilegales en contra de la despenalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas; así como de los métodos anticonceptivos en general y de la pastilla de emergencia, en especial, de las sociedades de convivencia y de la eutanasia, con el propósito de afianzarse en el poder político, amparados en la “defensa de la vida y la familia”. Esto fue evidente luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interpuso un recurso de inconformidad ante dos instancias: la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Federal Electoral (IFE), por los anuncios televisivos suscritos por el Partido Acción Nacional (PAN) contra la iniciativa jurídica en la Ciudad de México para despenalizar el aborto, en donde ridiculizaban a Magistrados.
Estos grupos ultra-conservadores ven la oportunidad para ganar espacios en asuntos públicos (educación, salud, elecciones, seguridad pública) y de la mano del Vaticano atacan la labor de los legisladores y juristas, sembrando el temor entre la población católica con la excomunión. Ante ello, los líderes de las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en conferencia de prensa, confiaron en que el gobierno federal aplique la ley, a fin de evitar que continúe lo que llamaron una insurrección contra el Estado Laico.
No obstante, contrario a estas denuncias, sacerdotes y obispos católicos de diversas regiones del país —como el de Mexicali, Baja California, entidad en la que se presionó a la adolescente Paulina a no abortar luego de una violación— han hecho llamados desde sus espacios religiosos y a través de los medios, para que los feligreses se manifestara en las calles contra la reforma de despenalización de otra causal de aborto por la ALDF.
Debido a que tales actos de representantes de la Iglesia católica simbolizan un impulso para la confrontación de sus fieles con las organizaciones a favor de los derechos de las mujeres y legisladores, la Comisión de Gobierno de la ALDF pidió a la Secretaría de Gobernación que aplicara el Artículo 130 Constitucional, en el sentido de que el Estado es laico, a fin de impedir la intromisión de esa y otras Iglesias en asuntos legislativos, en particular en el tema. Solicitud que ha quedado en el vacío, aunque las mismas estrategias de intromisión política y legislativa por parte de sacerdotes católicos se han repetido en otras entidades del país.
En ese contexto, las Ciudadanas que conformamos la Coordinación para la Conservación de los Derechos en Baja California, en su momento, felicitamos a la ALDF por aportar un instrumento legal para mejorar la situación de las mujeres mexicanas— hoy hacemos patente nuestra inconformidad porque los Legisladores del ala conservadora (derecha) del Congreso del Estado retomaron por 5ta. ocasión la iniciativa para dar figura legal al embrión a través de la Dip. Gloria Loza y no han abierto mayor espacio a la opinión de grupos académicos, investigadores ni especialistas que fundamentan razones importantes a favor del Aborto legal. Asimismo, prevemos con preocupación que, influenciados por los poderosos grupos de derecha y fundamentalistas religiosos, los legisladores de Baja California puedan basar su decisión en preceptos alejados de la Justicia y del Estado Laico, en menoscabo de las mujeres sin recursos que puedan correr riesgo de muerte al verse obligadas a someterse a la clandestinidad para suspender una gestación Ya que de aprobarse esa Iniciativa daría incongruencia a los Códigos Penales en donde permiten el aborto por Violación, por peligro de vida de la Madre, por malformación del producto y por inseminación artificial sin autorización.
En consecuencia, las Mujeres, Ciudadanas con Derechos en Baja California nos pronunciamos por:
1. Apoyo irrestricto a la Asamblea Legislativa del D.F. por una legislación nacional que otorgue a las mexicanas el derecho al aborto en su libertad de conciencia.
2. Una Legislación que reconozca y priorice los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, respetando lo que hasta hoy tenemos en Baja California.
3. Que el Legislativo apruebe la Iniciativa para regular el aborto en los casos de embarazo por violación. Enviada por el gobernador del Estado desde el 15 de Septiembre del 2006
4. Una Legislación que contemple el mejoramiento de la Salud para todas las Mujeres en edad reproductiva, la cual no ponga en riesgo la vida de las miles de mujeres que abortan en condiciones de alto riesgo para su vida y salud.
5. Una Legislación que no sea discriminatoria, porque actualmente en la mayor parte del país el aborto inducido pero penalizado se convierte en un problema de Justicia Social, en donde las mujeres que tienen recursos económicos sí pueden abortar pagando por atención médica especializada, mientras las pobres corren gravísimos riesgos de salud y de vida.
6. Una Legislación que no conlleve a la ilegalidad, porque en el interior del país prolifera un mercado negro de servicios de aborto, en donde se benefician personal médico y no médico que puede incurrir en abusos y prácticas no profesionales que resultan en complicaciones médicas, costosas y de mucho riesgo, en donde lo subrepticio propicia la ausencia de responsabilidad por parte de este personal.
7. Una Legislación que reduzca la incidencia del aborto y, por consecuencia, disminuya los riesgos de salud reproductiva para las mujeres, porque al estar despenalizado, ellas recurren con confianza a su médico y es mediante las Clínicas de Salud que se le puede dar seguimiento para la prevención del embarazo.
8. Una Legislación que sea acorde al Estado de Derecho y preserve el Estado Laico a través de sus instituciones, como lo es el Poder Legislativo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
! LAS MUJERES TAMBIEN TENEMOS DERECHOS!
NADIE TIENE DERECHO A RESTRINGIR LO QUE YA TENEMOS!
Mexicali, B.C. Junio 02 del 2008.
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN APRUEBA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR DERECHO A LA VIDA
SE APRUEBA FACULTAR AL ESTADO PARA DAR SEGUIMIENTO A ASUNTOS FRONTERIZOS
Mexicali, B. C., viernes 4 de julio de 2008.- Los integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales aprobaron este día una Iniciativa de Reforma al artículo séptimo constitucional, cuya finalidad es garantizar el derecho a la vida desde el momento en que el individuo es concebido.
Lo anterior se dio como parte de los cuatro asuntos tratados en el seno de esta Comisión Legislativa que fue conducida por los Diputados José Manuel Gastélum Buenrostro y Juan Manuel Molina García, respectivamente, con la partición de los Vocales de la misma, Diputada Adriana Guadalupe Sánchez Martínez y los Diputados Enrique Méndez Juárez, Juan Macklis Anaya y Enrique Acosta Fregozo.
La iniciativa que dio origen al dictamen número 47 fue presentada por los integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Encuentro Social y Nueva Alianza.
La pretensión de los inicialistas fue reafirmar el valor de la vida humana desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural, y el derecho de cada persona a que su vida sea respetada de manera total.
Luego de que la Dirección jurídica encontró viable la propuesta, se aprobó la Iniciativa y se añadió al artículo 7 de la Constitución local el concepto de que el Estado de Baja California tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes.
Por otra parte, los integrantes del este cuerpo colegiado aprobaron una Iniciativa de Reforma al artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, presentada por el Diputado Jaime Chris López Alvarado, cuyo objetivo es facultar al Gobierno del Estado para que dentro de su estructura designe un departamento que se dedique a dar seguimiento a los asuntos de carácter fronterizo.
Dentro de estos niveles de derechos, uno esencial es el de las Mujeres a decidir libremente sobre su maternidad; por ello está contemplado en la Constitución mexicana y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. De hecho, los gobiernos de nuestro país han firmado y ratificado tratados internacionales a favor de los derechos humanos. Sin embargo, en materia de aborto, la despenalización es aún una labor pendiente, tal como lo determinó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (La CEDAW) en sus observaciones finales hechas a México el 25 de agosto de 2006:
"El Comité pide al Estado Parte (México) que armonice la legislación relativa al aborto a los niveles federal y estatal. Insta al Estado Parte a aplicar una estrategia amplia que incluya el acceso efectivo a servicios de aborto seguros en las circunstancias previstas en la ley, y a una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de emergencia, medidas de concienciación sobre los riesgos de los abortos realizados en condiciones peligrosas y campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de la mujer…".
De acuerdo a estas fundamentaciones internacionales (enmarcadas en la Justicia Social para las Mujeres) fue que la ALDF (Asamblea Legislativa del Distrito Federal) aprobó la despenalización del Aborto antes de las 12 semanas de gestación, con lo que disminuyó drásticamente un problema de injusticia social en su jurisdicción, debido a que se permitió que aquellas mujeres que desearan interrumpir su embarazo pudieran hacer uso de las instalaciones oficiales del Sistema de Salud, beneficiando en especial a mujeres pobres, quienes no pueden financiar el gasto de la intervención médica y son atendidas en la clandestinidad. Algunas otras deben cruzan la frontera norte para practicarse abortos seguros.
Por lo tanto, el debate no está entre el “si” o el “no” al aborto —posición reduccionista— sino en qué hacer con cientos de miles de mujeres que abortan clandestinamente al año por razones económicas, sociales o familiares. Todas con un grave riesgo a su vida.
Sin tomar en cuenta esos fallecimientos evitables, la llamada “derecha” ideológica ha realizado movilizaciones y costosas campañas mediáticas ilegales en contra de la despenalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas; así como de los métodos anticonceptivos en general y de la pastilla de emergencia, en especial, de las sociedades de convivencia y de la eutanasia, con el propósito de afianzarse en el poder político, amparados en la “defensa de la vida y la familia”. Esto fue evidente luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interpuso un recurso de inconformidad ante dos instancias: la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Federal Electoral (IFE), por los anuncios televisivos suscritos por el Partido Acción Nacional (PAN) contra la iniciativa jurídica en la Ciudad de México para despenalizar el aborto, en donde ridiculizaban a Magistrados.
Estos grupos ultra-conservadores ven la oportunidad para ganar espacios en asuntos públicos (educación, salud, elecciones, seguridad pública) y de la mano del Vaticano atacan la labor de los legisladores y juristas, sembrando el temor entre la población católica con la excomunión. Ante ello, los líderes de las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en conferencia de prensa, confiaron en que el gobierno federal aplique la ley, a fin de evitar que continúe lo que llamaron una insurrección contra el Estado Laico.
No obstante, contrario a estas denuncias, sacerdotes y obispos católicos de diversas regiones del país —como el de Mexicali, Baja California, entidad en la que se presionó a la adolescente Paulina a no abortar luego de una violación— han hecho llamados desde sus espacios religiosos y a través de los medios, para que los feligreses se manifestara en las calles contra la reforma de despenalización de otra causal de aborto por la ALDF.
Debido a que tales actos de representantes de la Iglesia católica simbolizan un impulso para la confrontación de sus fieles con las organizaciones a favor de los derechos de las mujeres y legisladores, la Comisión de Gobierno de la ALDF pidió a la Secretaría de Gobernación que aplicara el Artículo 130 Constitucional, en el sentido de que el Estado es laico, a fin de impedir la intromisión de esa y otras Iglesias en asuntos legislativos, en particular en el tema. Solicitud que ha quedado en el vacío, aunque las mismas estrategias de intromisión política y legislativa por parte de sacerdotes católicos se han repetido en otras entidades del país.
En ese contexto, las Ciudadanas que conformamos la Coordinación para la Conservación de los Derechos en Baja California, en su momento, felicitamos a la ALDF por aportar un instrumento legal para mejorar la situación de las mujeres mexicanas— hoy hacemos patente nuestra inconformidad porque los Legisladores del ala conservadora (derecha) del Congreso del Estado retomaron por 5ta. ocasión la iniciativa para dar figura legal al embrión a través de la Dip. Gloria Loza y no han abierto mayor espacio a la opinión de grupos académicos, investigadores ni especialistas que fundamentan razones importantes a favor del Aborto legal. Asimismo, prevemos con preocupación que, influenciados por los poderosos grupos de derecha y fundamentalistas religiosos, los legisladores de Baja California puedan basar su decisión en preceptos alejados de la Justicia y del Estado Laico, en menoscabo de las mujeres sin recursos que puedan correr riesgo de muerte al verse obligadas a someterse a la clandestinidad para suspender una gestación Ya que de aprobarse esa Iniciativa daría incongruencia a los Códigos Penales en donde permiten el aborto por Violación, por peligro de vida de la Madre, por malformación del producto y por inseminación artificial sin autorización.
En consecuencia, las Mujeres, Ciudadanas con Derechos en Baja California nos pronunciamos por:
1. Apoyo irrestricto a la Asamblea Legislativa del D.F. por una legislación nacional que otorgue a las mexicanas el derecho al aborto en su libertad de conciencia.
2. Una Legislación que reconozca y priorice los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, respetando lo que hasta hoy tenemos en Baja California.
3. Que el Legislativo apruebe la Iniciativa para regular el aborto en los casos de embarazo por violación. Enviada por el gobernador del Estado desde el 15 de Septiembre del 2006
4. Una Legislación que contemple el mejoramiento de la Salud para todas las Mujeres en edad reproductiva, la cual no ponga en riesgo la vida de las miles de mujeres que abortan en condiciones de alto riesgo para su vida y salud.
5. Una Legislación que no sea discriminatoria, porque actualmente en la mayor parte del país el aborto inducido pero penalizado se convierte en un problema de Justicia Social, en donde las mujeres que tienen recursos económicos sí pueden abortar pagando por atención médica especializada, mientras las pobres corren gravísimos riesgos de salud y de vida.
6. Una Legislación que no conlleve a la ilegalidad, porque en el interior del país prolifera un mercado negro de servicios de aborto, en donde se benefician personal médico y no médico que puede incurrir en abusos y prácticas no profesionales que resultan en complicaciones médicas, costosas y de mucho riesgo, en donde lo subrepticio propicia la ausencia de responsabilidad por parte de este personal.
7. Una Legislación que reduzca la incidencia del aborto y, por consecuencia, disminuya los riesgos de salud reproductiva para las mujeres, porque al estar despenalizado, ellas recurren con confianza a su médico y es mediante las Clínicas de Salud que se le puede dar seguimiento para la prevención del embarazo.
8. Una Legislación que sea acorde al Estado de Derecho y preserve el Estado Laico a través de sus instituciones, como lo es el Poder Legislativo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
! LAS MUJERES TAMBIEN TENEMOS DERECHOS!
NADIE TIENE DERECHO A RESTRINGIR LO QUE YA TENEMOS!
Mexicali, B.C. Junio 02 del 2008.
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN APRUEBA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR DERECHO A LA VIDA
SE APRUEBA FACULTAR AL ESTADO PARA DAR SEGUIMIENTO A ASUNTOS FRONTERIZOS
Mexicali, B. C., viernes 4 de julio de 2008.- Los integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales aprobaron este día una Iniciativa de Reforma al artículo séptimo constitucional, cuya finalidad es garantizar el derecho a la vida desde el momento en que el individuo es concebido.
Lo anterior se dio como parte de los cuatro asuntos tratados en el seno de esta Comisión Legislativa que fue conducida por los Diputados José Manuel Gastélum Buenrostro y Juan Manuel Molina García, respectivamente, con la partición de los Vocales de la misma, Diputada Adriana Guadalupe Sánchez Martínez y los Diputados Enrique Méndez Juárez, Juan Macklis Anaya y Enrique Acosta Fregozo.
La iniciativa que dio origen al dictamen número 47 fue presentada por los integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Encuentro Social y Nueva Alianza.
La pretensión de los inicialistas fue reafirmar el valor de la vida humana desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural, y el derecho de cada persona a que su vida sea respetada de manera total.
Luego de que la Dirección jurídica encontró viable la propuesta, se aprobó la Iniciativa y se añadió al artículo 7 de la Constitución local el concepto de que el Estado de Baja California tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes.
Por otra parte, los integrantes del este cuerpo colegiado aprobaron una Iniciativa de Reforma al artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, presentada por el Diputado Jaime Chris López Alvarado, cuyo objetivo es facultar al Gobierno del Estado para que dentro de su estructura designe un departamento que se dedique a dar seguimiento a los asuntos de carácter fronterizo.
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