EL ELBAZO EN LA SECCIÓN IX DEL SNTE ¡NO PASARÁ! DECLARACIÓN DEL DIPUTADO ELECTRICISTA JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN
Sin el menor pudor, reproduciendo los métodos más grotescos y mafiosos del charrismo sindical y haciendo gala de completa impunidad, la profesora Elba Esther Gordillo Morales intenta retomar, a como de lugar, el control de la dirección de la sección IX del SNTE.
Para ello convocó a la realización del XXIII Congreso Seccional el día martes 1 de julio —tres días antes de finalizar el ciclo escolar, es decir cuando los maestros se encuentran completamente atareados por la entrega de calificaciones—, sin dar a conocer el lugar y la hora del evento, realizando maniobras distractoras (indicando que el Congreso se realizaría en un hotel del sur de la ciudad y tomando, con golpeadores de otras secciones, el local sindical) e imponiendo, en una cochera acondicionada como salón de fiestas, en una aislada zona del norte de la capital, como secretaria general a María Teresa Pérez Ramírez, “electa” en menos de una hora y con menos de 90 delegados.
A pesar de lo amañado de la convocatoria, acompañada de una lluvia de propaganda hostil a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a sus principales dirigentes, los maestros democráticos retomaron la iniciativa y el día 30 de junio, por la mañana, 60 mil profesores de educación primaria, preescolar y especial, de la sección IX eligieron en asambleas sectoriales a unos 600 delegados al Congreso con el objetivo de elegir a su nuevo comité ejecutivo. Por la tarde se realizó la asamblea de delegados. Se dieron informes de las asambleas y se recogieron actas electivas que arrojaron casi 80 por ciento de delegados electos pertenecientes a la CNTE, 11 por ciento para los “institucionales” y 9 por ciento de indefinidos y por asambleas no realizadas al no haber llegado el representante del Comité Ejecutivo Nacional.
Ante estos resultados tan adversos para la corriente representada por Elba Esther Gordillo, no tuvo más remedio que utilizar los abyectos métodos, mencionados al principio, para hacerse del control de una de las secciones más combativas y representativas de todo el sindicato magisterial.
¿Será capaz el secretario de Trabajo y Previsión Social de avalar y legitimar este gravísimo atropello a la libertad y democracia sindical? Todo hace temer que no sólo es posible sino esperado.
Diversas experiencias demuestran que la política de los gobiernos panistas, en materia de respeto a la autonomía sindical, es completamente coincidente con las peores prácticas de los gobiernos priistas. Manipulan y reprimen a los trabajadores en beneficio del interés de los patrones, de su política general y para la protección de dirigencias sindicales que les son absolutamente fieles e incondicionales. En los hechos la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo y del artículo III del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refieren a la autonomía sindical, son letra muerta, un derecho conculcado a los trabajadores.
Los ejemplos sobran:
– El 27 de octubre de 2005 se realizó uno de los procesos electorales más sucios que haya vivido el sindicato petrolero, para reelegir “anticipadamente” a su secretario general, Carlos Romero Deschamps. La XXIV Convención Extraordinaria que lo reeligió suspendió, ignoró y modifico al vapor artículos de sus estatutos, incluido el que impedía otorgar el cargo a una persona con orden de aprehensión, se inventó la figura de “elección anticipada” y se otorgaron “amplias facultades” a Romero Deschamps para elegir a su comité ejecutivo. Todo ello en presencia (más bien complicidad) de los entonces secretarios del Trabajo, Francisco Javier Salazar, quien en contra de todo procedimiento legal y realizando la “toma de nota” más rápida de la historia, le tomo ahí mismo la protesta, y de Gobernación, Carlos Abascal. El objetivo de esta sucia maniobra no podía ser más clara el día de hoy: proteger a Romero Deschamps de los delitos de peculado y lograr su sometimiento para apoyar el actual intento de privatización de la industria petrolera.
– El 15 de agosto de 2006, el comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro fue electo a través de un proceso electoral calificado por su asamblea general, ratificado por dos asambleas generales adicionales y todo en estricto apego al marco jurídico aplicable y de sus estatutos sindicales. Sin embargo, esta dirección democrática no contaba con el visto bueno del gobernador Francisco Garrido Patrón, quien, en un hecho sin precedentes en la lucha sindical en el estado de Querétaro, promovió el despedido injustificado de la mayoría de los integrantes del comité ejecutivo electo y ha lanzado una campaña intimidatoria para que los trabajadores denuncien penalmente a su dirección por supuestos malos manejos de los fondos sindicales. Personalmente he presentado un Punto de Acuerdo para el cese de esta represión fascista, sin que hasta la fecha el conflicto se haya resuelto.
– El pasado 5 de mayo, a pesar de la enorme campaña represiva por parte del poderoso empresario Jorge Larrea, de las autoridades del trabajo y del obligado exilio de su secretario general, Napoleón Gómez Urrutia, pero cumpliendo con toda la normatividad legal y estatutaria, se llevó a cabo la XXXV Convención General Ordinaria del Sindicato Minero la cual lo reeligió en el cargo. Después de dos meses de sospechoso silencio, la Secretaría del Trabajo le negó la toma de nota aduciendo pretextos que nadie, ni en México ni en el extranjero, acepta como válidos. El supuesto fraude cometido por Napoleón Gómez Urrutia ha sido investigado por un organismo de incuestionable solvencia, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM), quienes a su vez encomendaron una auditoría a una firma contable suiza, la cual lo absolvió por completo. El peor delito de este sindicato ha sido la firme denuncia de la criminal política de seguridad de la empresa Minera México y de haber logrado los mejores aumentos salariales en toda la industria nacional.
Ante estos antecedentes, ¿cómo no vamos a pensar en la posibilidad de que el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, avale semejante violación a la autonomía y libertad sindical? Si lo hace, estaremos ante un agravio mayúsculo hacia un movimiento que se caracteriza por su democracia y combatividad; la respuesta llegará con toda seguridad en agosto, fecha en la que se reanudarán las clases y sus consecuencias serán impredecibles.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de julio de 2008
ATENTAMENTE
José Antonio Almazán González
Diputado federal
Para ello convocó a la realización del XXIII Congreso Seccional el día martes 1 de julio —tres días antes de finalizar el ciclo escolar, es decir cuando los maestros se encuentran completamente atareados por la entrega de calificaciones—, sin dar a conocer el lugar y la hora del evento, realizando maniobras distractoras (indicando que el Congreso se realizaría en un hotel del sur de la ciudad y tomando, con golpeadores de otras secciones, el local sindical) e imponiendo, en una cochera acondicionada como salón de fiestas, en una aislada zona del norte de la capital, como secretaria general a María Teresa Pérez Ramírez, “electa” en menos de una hora y con menos de 90 delegados.
A pesar de lo amañado de la convocatoria, acompañada de una lluvia de propaganda hostil a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a sus principales dirigentes, los maestros democráticos retomaron la iniciativa y el día 30 de junio, por la mañana, 60 mil profesores de educación primaria, preescolar y especial, de la sección IX eligieron en asambleas sectoriales a unos 600 delegados al Congreso con el objetivo de elegir a su nuevo comité ejecutivo. Por la tarde se realizó la asamblea de delegados. Se dieron informes de las asambleas y se recogieron actas electivas que arrojaron casi 80 por ciento de delegados electos pertenecientes a la CNTE, 11 por ciento para los “institucionales” y 9 por ciento de indefinidos y por asambleas no realizadas al no haber llegado el representante del Comité Ejecutivo Nacional.
Ante estos resultados tan adversos para la corriente representada por Elba Esther Gordillo, no tuvo más remedio que utilizar los abyectos métodos, mencionados al principio, para hacerse del control de una de las secciones más combativas y representativas de todo el sindicato magisterial.
¿Será capaz el secretario de Trabajo y Previsión Social de avalar y legitimar este gravísimo atropello a la libertad y democracia sindical? Todo hace temer que no sólo es posible sino esperado.
Diversas experiencias demuestran que la política de los gobiernos panistas, en materia de respeto a la autonomía sindical, es completamente coincidente con las peores prácticas de los gobiernos priistas. Manipulan y reprimen a los trabajadores en beneficio del interés de los patrones, de su política general y para la protección de dirigencias sindicales que les son absolutamente fieles e incondicionales. En los hechos la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo y del artículo III del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refieren a la autonomía sindical, son letra muerta, un derecho conculcado a los trabajadores.
Los ejemplos sobran:
– El 27 de octubre de 2005 se realizó uno de los procesos electorales más sucios que haya vivido el sindicato petrolero, para reelegir “anticipadamente” a su secretario general, Carlos Romero Deschamps. La XXIV Convención Extraordinaria que lo reeligió suspendió, ignoró y modifico al vapor artículos de sus estatutos, incluido el que impedía otorgar el cargo a una persona con orden de aprehensión, se inventó la figura de “elección anticipada” y se otorgaron “amplias facultades” a Romero Deschamps para elegir a su comité ejecutivo. Todo ello en presencia (más bien complicidad) de los entonces secretarios del Trabajo, Francisco Javier Salazar, quien en contra de todo procedimiento legal y realizando la “toma de nota” más rápida de la historia, le tomo ahí mismo la protesta, y de Gobernación, Carlos Abascal. El objetivo de esta sucia maniobra no podía ser más clara el día de hoy: proteger a Romero Deschamps de los delitos de peculado y lograr su sometimiento para apoyar el actual intento de privatización de la industria petrolera.
– El 15 de agosto de 2006, el comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro fue electo a través de un proceso electoral calificado por su asamblea general, ratificado por dos asambleas generales adicionales y todo en estricto apego al marco jurídico aplicable y de sus estatutos sindicales. Sin embargo, esta dirección democrática no contaba con el visto bueno del gobernador Francisco Garrido Patrón, quien, en un hecho sin precedentes en la lucha sindical en el estado de Querétaro, promovió el despedido injustificado de la mayoría de los integrantes del comité ejecutivo electo y ha lanzado una campaña intimidatoria para que los trabajadores denuncien penalmente a su dirección por supuestos malos manejos de los fondos sindicales. Personalmente he presentado un Punto de Acuerdo para el cese de esta represión fascista, sin que hasta la fecha el conflicto se haya resuelto.
– El pasado 5 de mayo, a pesar de la enorme campaña represiva por parte del poderoso empresario Jorge Larrea, de las autoridades del trabajo y del obligado exilio de su secretario general, Napoleón Gómez Urrutia, pero cumpliendo con toda la normatividad legal y estatutaria, se llevó a cabo la XXXV Convención General Ordinaria del Sindicato Minero la cual lo reeligió en el cargo. Después de dos meses de sospechoso silencio, la Secretaría del Trabajo le negó la toma de nota aduciendo pretextos que nadie, ni en México ni en el extranjero, acepta como válidos. El supuesto fraude cometido por Napoleón Gómez Urrutia ha sido investigado por un organismo de incuestionable solvencia, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM), quienes a su vez encomendaron una auditoría a una firma contable suiza, la cual lo absolvió por completo. El peor delito de este sindicato ha sido la firme denuncia de la criminal política de seguridad de la empresa Minera México y de haber logrado los mejores aumentos salariales en toda la industria nacional.
Ante estos antecedentes, ¿cómo no vamos a pensar en la posibilidad de que el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, avale semejante violación a la autonomía y libertad sindical? Si lo hace, estaremos ante un agravio mayúsculo hacia un movimiento que se caracteriza por su democracia y combatividad; la respuesta llegará con toda seguridad en agosto, fecha en la que se reanudarán las clases y sus consecuencias serán impredecibles.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de julio de 2008
ATENTAMENTE
José Antonio Almazán González
Diputado federal
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