Bitacora Republicana
Fiscalía para Fox
Autor: Porfirio Muñoz Ledo
Los desmanes verbales de Vicente Fox apenas han comenzado. Está cumpliendo con esmero la amenaza que nos recetó pocos días antes de dejar el gobierno: "ando libre, ya digo cualquier tontería; total, ya me voy". Desahogo visceral sin duda, en el que condensó su liberación psicológica respecto de una investidura que no tuvo la dignidad portar. Pero también, anuncio de una etapa más avanzada de su vocación publicitaria: la de mercader reaccionario de la vulgaridad política.
Nuestro personaje ha venido a sumarse a al colección de predicadores de alquiler que atizan por el continente una nueva guerra fría contra la izquierda, esta vez encarnada en los fantasmas del "populismo y la demagogia". Ranchero mañoso, se propone obtener réditos de las fechorías electorales que cometió y borrar su impronta de tránsfuga de la transición con los ropajes de cruzado del libre mercado. El daño objetivo que causa a su fortuito sucesor lo tiene sin cuidado, porque a diferencia del pasado el cinismo forma hoy parte de la falsificación electoral.
No es otro el mensaje que disemina Aznar cuando asume que la mentira es un arma regular de la derecha y nos ofrece de paso una versión liberal del golpe de Estado. Esta paráfrasis contemporánea del "todo se vale" no es sino una traducción ramplona de la justificación de los medios por los fines, útil en este caso para eludir la cuestión de la legitimidad democrática. Y lo que es más grave, para entronizar en definitiva la impunidad y enterrar los últimos restos de la legalidad republicana.
Cualquier interpretación jocosa o especulación conspiratoria sobre las intenciones del deslenguado se antoja superficial. Como lo registran las más recientes encuestas, sus dichos han venido a confirmar la invalidez de la elección presidencial. El "desquite" proclamado entraña nada menos que la confesión de actos ilícitos, algunos de los cuales fueron reconocidos por el Tribunal Electoral, pero no merecieron sanción ni afectaron el resultado oficial de los comicios. Ratifican en suma la ceguera cómplice de la justicia y el carácter espurio del ejercicio de la autoridad.
Con semejante descaro revelador, el dirigente nacional del PAN declaró en Bogotá que el Presidente "era el más acérrimo promotor de que López Obrador fuera desaforado y pudiese ser destituido y llevado a prisión". Refirió asimismo sus propias andanzas en los días previos a los comicios, dedicados al amarre de complicidades con gobernadores de origen priista a fin de que torcieran el sentido del sufragio durante la jornada electoral. Admitió así, en dos cápsulas simultáneas, la intervención ilegal del Ejecutivo durante los procesos político y electoral anteriores al 2 de julio y las maquinaciones urdidas para defraudar ese día el voto ciudadano.
Sobra fundamento jurídico a la denuncia de hechos presentada por representantes del Frente Amplio Progresista ante la Procuraduría General de la República, en la que se asienta la responsabilidad directa del Presidente en la persecución política de un candidato y su ingerencia indebida en las elecciones. Sostiene que Fox desempeñó su cargo " en forma sectaria, desleal y en perjuicio de los derechos del pueblo". Pone en evidencia la ruptura de los pactos esenciales del cambio democrático por la voluntad de quien fuera su principal beneficiario.
El pecado mayor de nuestra incipiente transición había sido su incompetencia para abolir la saga autoritaria del régimen precedente. La negativa del nuevo gobierno para abrir los expedientes cruciales del pretérito inmediato, mediante una Comisión de la Verdad que esclareciera la faltas más graves cometidas por la violación de los derechos humanos y el saqueo de los bienes de la nación. Optó en cambio por la creación de una Fiscalía especial bajo la tutela del mismo Ejecutivo, exclusivamente focalizada a la investigación de abusos en que la autoridad incurrió más de treinta años atrás, a efecto de encubrir el usufructo de las prácticas corruptas de las que fue heredero.
Por esa vía, el nuevo gobierno se convirtió en una prolongación camuflada del régimen contra el que se había insurgido electoralmente. Como en las historias de los plebeyos revolucionarios que asaltaron los castillos de la aristocracia, en vez de demolerlos, saciaron su revancha escanciando las bodegas de sus antiguos moradores. La transición mexicana abortó porque el designio de los vencedores era faccioso y su propósito último la toma del poder, que no la instauración de la democracia.
Es hoy menester recomenzar la faena. Sólo que el punto de quiebre ya no es la liquidación del partido hegemónico ni el establecimiento de la pluralidad política. Se trata de erigir los cimientos de un genuino Estado de derecho, sin contemplación alguna hacia los más afrentosos delitos perpetrados. El castigo a los abusos de autoridad que señalaron el paso de Fox por la presidencia es requisito ineludible para el acceso a la normalidad democrática y el mantenimiento de la paz social. Por la salud de la nación, el peso de la ley debe recaer ahora sobre el confeso promotor del desafuero.
A la denuncia presentada se añaden las referidas a los excesos incurridos en el caso de la mina de Pasta de Conchos. También las averiguaciones sobre la agresión de la fuerza pública contra los trabajadores de Lázaro Cárdenas Las Truchas, la violación flagrante de los derechos fundamentales de los pobladores de Atenco y la represión sistemática del movimiento social de Oaxaca. No menos relevantes son los delitos patrimoniales de que se acusa a la familia presidencial, las concesiones ilegales a los apostadores y el abultado tráfico de influencias en favor de los amigos y patrocinadores electorales.
De ahí que la autonomía constitucional del Ministerio Público sea una de las primeras reformas del Estado que debieran pactarse, así como aquellas que fortalezcan las facultades de investigación del Congreso y las que aseguren una administración imparcial de la justicia. El número y gravedad de las faltas cometidas por el Ejecutivo durante los años recientes merecerían ser atendidas por una fiscalía en verdad independiente, sujeta al escrutinio público y con la instancia abierta de la jurisdicción internacional. El imperio de la legalidad es más que nunca condición para la supervivencia política.
Autor: Porfirio Muñoz Ledo
Los desmanes verbales de Vicente Fox apenas han comenzado. Está cumpliendo con esmero la amenaza que nos recetó pocos días antes de dejar el gobierno: "ando libre, ya digo cualquier tontería; total, ya me voy". Desahogo visceral sin duda, en el que condensó su liberación psicológica respecto de una investidura que no tuvo la dignidad portar. Pero también, anuncio de una etapa más avanzada de su vocación publicitaria: la de mercader reaccionario de la vulgaridad política.
Nuestro personaje ha venido a sumarse a al colección de predicadores de alquiler que atizan por el continente una nueva guerra fría contra la izquierda, esta vez encarnada en los fantasmas del "populismo y la demagogia". Ranchero mañoso, se propone obtener réditos de las fechorías electorales que cometió y borrar su impronta de tránsfuga de la transición con los ropajes de cruzado del libre mercado. El daño objetivo que causa a su fortuito sucesor lo tiene sin cuidado, porque a diferencia del pasado el cinismo forma hoy parte de la falsificación electoral.
No es otro el mensaje que disemina Aznar cuando asume que la mentira es un arma regular de la derecha y nos ofrece de paso una versión liberal del golpe de Estado. Esta paráfrasis contemporánea del "todo se vale" no es sino una traducción ramplona de la justificación de los medios por los fines, útil en este caso para eludir la cuestión de la legitimidad democrática. Y lo que es más grave, para entronizar en definitiva la impunidad y enterrar los últimos restos de la legalidad republicana.
Cualquier interpretación jocosa o especulación conspiratoria sobre las intenciones del deslenguado se antoja superficial. Como lo registran las más recientes encuestas, sus dichos han venido a confirmar la invalidez de la elección presidencial. El "desquite" proclamado entraña nada menos que la confesión de actos ilícitos, algunos de los cuales fueron reconocidos por el Tribunal Electoral, pero no merecieron sanción ni afectaron el resultado oficial de los comicios. Ratifican en suma la ceguera cómplice de la justicia y el carácter espurio del ejercicio de la autoridad.
Con semejante descaro revelador, el dirigente nacional del PAN declaró en Bogotá que el Presidente "era el más acérrimo promotor de que López Obrador fuera desaforado y pudiese ser destituido y llevado a prisión". Refirió asimismo sus propias andanzas en los días previos a los comicios, dedicados al amarre de complicidades con gobernadores de origen priista a fin de que torcieran el sentido del sufragio durante la jornada electoral. Admitió así, en dos cápsulas simultáneas, la intervención ilegal del Ejecutivo durante los procesos político y electoral anteriores al 2 de julio y las maquinaciones urdidas para defraudar ese día el voto ciudadano.
Sobra fundamento jurídico a la denuncia de hechos presentada por representantes del Frente Amplio Progresista ante la Procuraduría General de la República, en la que se asienta la responsabilidad directa del Presidente en la persecución política de un candidato y su ingerencia indebida en las elecciones. Sostiene que Fox desempeñó su cargo " en forma sectaria, desleal y en perjuicio de los derechos del pueblo". Pone en evidencia la ruptura de los pactos esenciales del cambio democrático por la voluntad de quien fuera su principal beneficiario.
El pecado mayor de nuestra incipiente transición había sido su incompetencia para abolir la saga autoritaria del régimen precedente. La negativa del nuevo gobierno para abrir los expedientes cruciales del pretérito inmediato, mediante una Comisión de la Verdad que esclareciera la faltas más graves cometidas por la violación de los derechos humanos y el saqueo de los bienes de la nación. Optó en cambio por la creación de una Fiscalía especial bajo la tutela del mismo Ejecutivo, exclusivamente focalizada a la investigación de abusos en que la autoridad incurrió más de treinta años atrás, a efecto de encubrir el usufructo de las prácticas corruptas de las que fue heredero.
Por esa vía, el nuevo gobierno se convirtió en una prolongación camuflada del régimen contra el que se había insurgido electoralmente. Como en las historias de los plebeyos revolucionarios que asaltaron los castillos de la aristocracia, en vez de demolerlos, saciaron su revancha escanciando las bodegas de sus antiguos moradores. La transición mexicana abortó porque el designio de los vencedores era faccioso y su propósito último la toma del poder, que no la instauración de la democracia.
Es hoy menester recomenzar la faena. Sólo que el punto de quiebre ya no es la liquidación del partido hegemónico ni el establecimiento de la pluralidad política. Se trata de erigir los cimientos de un genuino Estado de derecho, sin contemplación alguna hacia los más afrentosos delitos perpetrados. El castigo a los abusos de autoridad que señalaron el paso de Fox por la presidencia es requisito ineludible para el acceso a la normalidad democrática y el mantenimiento de la paz social. Por la salud de la nación, el peso de la ley debe recaer ahora sobre el confeso promotor del desafuero.
A la denuncia presentada se añaden las referidas a los excesos incurridos en el caso de la mina de Pasta de Conchos. También las averiguaciones sobre la agresión de la fuerza pública contra los trabajadores de Lázaro Cárdenas Las Truchas, la violación flagrante de los derechos fundamentales de los pobladores de Atenco y la represión sistemática del movimiento social de Oaxaca. No menos relevantes son los delitos patrimoniales de que se acusa a la familia presidencial, las concesiones ilegales a los apostadores y el abultado tráfico de influencias en favor de los amigos y patrocinadores electorales.
De ahí que la autonomía constitucional del Ministerio Público sea una de las primeras reformas del Estado que debieran pactarse, así como aquellas que fortalezcan las facultades de investigación del Congreso y las que aseguren una administración imparcial de la justicia. El número y gravedad de las faltas cometidas por el Ejecutivo durante los años recientes merecerían ser atendidas por una fiscalía en verdad independiente, sujeta al escrutinio público y con la instancia abierta de la jurisdicción internacional. El imperio de la legalidad es más que nunca condición para la supervivencia política.
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